La jueza de la dana investiga las alertas rojas emitidas por la Generalitat en diez años

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido a la Generalitat Valenciana un informe sobre las alertas rojas emitidas en los últimos diez años y las ediciones del Cecopi -centros de emergencias para coordinar tragedias como la riada que dejó 228 muertos el pasado 29 de octubre en Valencia- celebrados en el mismo periodo de tiempo.

La resolución, notificada este miércoles, surge de una petición del abogado de la principal imputada, la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas. La exdirigente figura como investigada junto a quien fuera su número dos durante la inundación, Emilio Argüeso. La causa a la que se enfrentan los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

El papel del Cecopi de L’Eliana (Valencia) fue clave el día de la tragedia. El centro acogió a partir de las 17.00 horas la reunión de emergencias que coordinó la gota fría. Y, desde sus instalaciones, se decidió el envío de la alerta masiva a móviles a través del sistema Es Alert. Se trata de la piedra angular de las pesquisas. La jueza considera que, si este mensaje se hubiera enviado antes, el número de fallecidos se habría reducido. Y es que la notificación se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando se acumulaban los desaparecidos, muertos y personas atrapadas en garajes y bajos. Y ya se había desbordado el barranco del Poyo, detonante de la tragedia.

La magistrada, asimismo, se niega a incorporar en la causa datos sobre la licitación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla los caudales, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), según una provindencia dictada este miércoles.

Ruiz Tobarra ha dado a las partes un plazo de alegaciones para prorrogar la instrucción seis meses más, después de su vencimiento, el próximo 30 de octubre.