Seis testimonios de seis meses de angustia de la dana: “Hay un montón de necesidades que siguen sin cubrirse”

El martes se cumplen seis meses de la dana del 29 de octubre que causó 227 muertos y un desaparecido, afectó a 300.000 personas de 78 municipios de la provincia de Valencia y provocó daños por más de 17.000 millones de euros.

En este tiempo, el Gobierno ha desembolsado 5.064 millones de los 16.000 movilizados, según las cifras actualizadas a 27 de abril que publica la web de La Moncloa. De esa cantidad, 2.775 millones corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros que gestiona el Ministerio de Economía y 1.745 millones al fondo para la reconstrucción de infraestructuras municipales. De las 416.915 solicitudes registradas hasta el momento por el Gobierno, 278.823 se han finalizado.

La Generalitat, por su parte, ha movilizado más de 1.000 millones de euros de los que ya ha abonado casi la mitad. Este año ha previsto un presupuesto de 2.364 millones para la dana. El Consell no ofrece una web que reúna los datos actualizados de sus distintas ayudas y de las solicitudes registradas.

La recuperación continúa seis meses después de la catástrofe. Seis personas afectadas directamente relatan sus experiencias al cumplirse medio año de las riadas.

• Dolores Ruiz, la madre coraje que pide justicia

Cuando a Dolores Ruiz se le pregunta por las ayudas que ha cobrado, esta septuagenaria de origen jienense muestra desinterés. Lo que más le importaba en la vida ya no existe: su marido y dos hijos. La riada se los llevó a su paso por Chiva (Valencia, 17.245 habitantes), al principio del barranco del Poyo, detonante de la tragedia. Tras más de una hora aferrados a una ventana, las aguas engulleron a sus familiares. La inundación también consumió a sus tres perros. Dolores presenció la escena.

La víctima no tenía asegurada esa vivienda levantada sobre una parcela rústica en Chiva, donde reside desde 2002. Y hoy no confía en que la Administración le compense. “No sé a cuánto ascienden los daños. Teníamos muchas cosas de valor en la vivienda. Había ordenadores de mi hijo mayor. Me lo vaciaron todo, se lo llevaron”, relata emocionada.

Perder a su marido y dos hijos ha sido un trance del que Dolores no se ha recuperado. Y, en cada momento, amaga con llorar. Recibe terapia psicológica. Acude al tratamiento con otro hijo que sobrevivió. Para mantenerse activa, se ha conjurado a dedicar el tiempo que le reste de vida “a reclamar justicia donde haga falta”. Y eso, defiende, contempla señalar a “las personas que no dieron el aviso”. Se refiere así a los dirigentes de la Generalitat que no enviaron la alerta antes a los teléfonos para prevenir de la magnitud de la catástrofe. Su familia murió dos horas antes de que se colara en los móviles el mensaje masivo a las 20.11.

Lo que peor lleva esta víctima, que ha cobrado 6.000 euros de la Generalitat, es que ningún dirigente del Gobierno de Carlos Mazón haya contactado con ella. Lamenta la afirmación del jefe del Consell de que habla periódicamente con los damnificados. Y asegura que la única autoridad que le ha visitado en seis meses en su casa fue la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, le ha llamado también en dos ocasiones.

“Voy a pedir justicia en todos los sitios, donde haga falta. Lo que nos han hecho no tiene nombre”. Dolores asistirá este lunes a la séptima manifestación en Valencia contra Mazón. “Quiero pelear por lo que me han arrebatado”, proclama entre lágrimas.

• Ramón Farinós, la tensa espera del hombre que perdió a su padre

“Vivo con las ventanas rotas, sin apenas muebles. Mis dos niños han pasado frío en invierno”. Después de que la inundación segara la vida de su padre, de 76 años, en Sedaví, Ramón Farinós lidia a diario con otra angustiosa pesadilla: la burocracia. Todavía no ha cobrado del consorcio de seguros los más de 60.000 euros que podrían amortiguar ―nunca resarcir― la huella que la dana dejó en su casa de Alfafar, donde la gota fría truncó 15 vidas.

Esta víctima ha tratado de comunicar de modo incesante con la aseguradora. Correos, whatsapps, llamadas. Y todo un fiasco. Pese a que le tasaron los desperfectos en noviembre, desconoce cuándo llegarán los fondos para arreglar su hogar. Su caso forma parte del 22% de damnificados (54.415 vecinos) que todavía no han cobrado del consorcio. El Ministerio de Economía ya ha desembolsado 2.756 millones para abonar 191.771 ayudas destinadas a esta partida, según fuentes gubernamentales.

Hasta que el dinero llegue, Ramón, empleado de una fábrica de componentes de Ford, de 47 años, se niega en banda a pedir un préstamo para reformar su casa. “Me dicen [en el seguro] que soy una víctima más”, contemporiza tras admitir que ha cobrado de la Generalitat una ayuda de 6.000 euros. Y que se ha repartido con su hermana y su madre 70.000 que percibió por el fallecimiento de su padre, que murió cuando trataba de sacar su coche de un garaje de Sedaví. Su cuerpo fue rescatado tres días después de la riada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto a unas gafas, un reloj y las llaves del vehículo que le condujo al final. Pese al shock, Ramón no ha necesitado hasta ahora asistencia psicológica. Su madre, que aguardó al marido mientras bajaba al aparcamiento que se transformó en una ratonera, sí acude al especialista.

En el pozo de oscuridad, Ramón también ha visto algún destello. Su empresa se ha volcado con él. “Me han ayudado moral y económicamente”. Y también confía en la investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra. “La magistrada es muy humana, comprometida. Creo que, al final, se cansará. No sé cómo aguanta esta mujer. No se merece una plaza, sino un pueblo”, alaba.

• Rafael Ramos, presidente de padres y madres de alumnos

Rafael Ramos Martínez, de 54 años, es economista y presidente de Interampa, federación de asociaciones de padres y madres de alumnos en Paiporta. “Desgraciadamente, la situación está evolucionando muy lentamente”, expone sin rodeos cuando habla de la vuelta a la normalidad de los centros escolares del municipio. Hay dos centros ―uno quedó ruinoso y otro necesitaba reformas menores en la planta baja― cuyos alumnos no han podido volver todavía y están repartidos por Valencia y Alaquàs.

La dejadez de las Administraciones explica, en opinión de Ramos, que el colegio Rosa Serrano, que solo requería reponer el suelo y algún otro detalle, abra el día 29, seis meses después de la catástrofe. Agradece que los militares trabajasen en los primeros momentos noche y día en la limpieza de los colegios, pero subraya que tuvieron que llenar el pueblo de carteles y hacer ruido para que la Administración les hiciera caso y aceleraran una reapertura en condiciones.

“Los niños no lo han llevado bien. Las primeras semanas no podían ni salir a la calle y era para volverse locos. Cuando conseguimos que muchos de ellos volvieran fue emocionante: se hizo una fiesta el primer día, con un pasillo hecho por padres, profesores, militares… y fue bonito ver cómo volvían”, recuerda. La dana les ha pasado factura a menores y adultos. “Hay menores que vieron fallecidos, otros que han perdido a familiares y situaciones así son difíciles de gestionar por mucho que formes al profesorado. Se requiere de especialistas y un trabajo de fondo para esos niños y niñas más afectados”, expone Ramos. “Ahora trabajamos en organizar campamentos de verano que aúnen el ocio (tirolina, tiro con arco, etcétera) con un trabajo psicológico”, agrega.

Ramos reconoce que los ánimos siguen bajos: “Hay un montón de necesidades que siguen sin cubrirse y queda mucho por hacer”. Vive en un edificio cuyo patio no tiene puerta de entrada porque está siendo complicado encontrar una empresa de cerrajería metálica disponible. “La inseguridad de que cualquier persona pueda subir hasta la puerta de mi casa con total impunidad hace que se me caiga el mundo encima”, describe. Su ascensor no volverá a funcionar con suerte hasta septiembre, “aunque hay comunidades de vecinos que no dispondrán de él hasta 2026”. Ramos sugiere también tapar con lonas aquellos bajos que todavía están con barro porque seguir viéndolo “nos afecta a todos psicológicamente”.

• Florencia Miretti, propietaria de una papelería

“La gente lo que necesita es hablar, contar…, y al final los comerciantes, tras el mostrador, escuchamos. Y te encuentras de todo: personas que todavía están muy hundidas, con depresión o pesadillas; otras que te dicen ‘mira, estamos bien, todos hemos perdido algo en esta tragedia, pero estamos bien”, explica María Florencia Miretti, de 32 años, argentina afincada en España desde hace una década y dueña de Passarella, una tienda de objetos de papelería y de regalo situada en Paiporta.

A Florencia, casada y con hijos, miembro de la Asociación de Comerciantes de Paiporta (Acopa), la riada le pilló en Argentina. “El 30 de octubre me quería volver a casa porque mis tres peques, mi marido y el resto de mi familia estaban aquí pero era carísimo y mi marido me repetía ‘es que no puedes hacer nada, mejor ahorramos el dinero de un nuevo billete, que lo vamos a necesitar’. Me comunicaba con ellos y veía que no tenían agua, que la luz iba y venía y que tenían que bajar todos los días a buscar alimentos. Y mis padres y hermana, que vivían en Picanya, perdieron la casa y el comercio también. En mi casa eran siete personas”, cuenta.

Cuando regresó vio que su tienda estaba con las cristaleras destrozadas pero limpia gracias al trabajo de sus familiares y 15 voluntarios. Solo quedaba un poco de barro y la señal en la pared del nivel alcanzado por el agua, 1,80 metros. Al día siguiente se puso manos a la obra con los dueños del local, los seguros, los peritos y reconoce que “no ha tenido grandes problemas”, tal vez algún parón por la saturación de los peritos. En diciembre empezaron las obras en su comercio, reabrió el 11 de marzo y su tienda luce como si el desastre no la hubiera arrasado. “Nunca me planteé no abrir, pero sí tenía miedo de que no funcionase. Y fue superbien, la gente ha respondido mucho. Sobre todo gente de Paiporta pero también de Torrent, de Godella, de Valencia ciudad. “No solo me escriben por redes sociales, sino que quedan conmigo y vienen a comprar. Les veía y les preguntaba qué necesitaban y me respondían ‘nada, pero quiero llevarme algo’. Y eso da mucha fuerza y muchas ganas”.

• Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, del PSPV-PSOE

Lo primero que dice Lorena Silvent, sobre los seis meses de la dana es que “queda mucho trabajo por delante”. “Hemos recuperado la vía pública, pero los espacios de socialización públicos y privados no están como deben estar. Muchos están cerrados. Aún hay alumnado de acogida, fuera del municipio, no hay material de señalética, de contenedores en superficie, muchos ascensores siguen sin funcionar. A pesar de los esfuerzos que estamos haciendo con el sector de los ascensores y con la Generalitat para priorizar este problema, especialmente en el caso de a los más vulnerables, no es suficiente. Por tanto, el día a día no es normal”, cuenta la alcaldesa socialista de Catarroja, una de las de poblaciones más afectadas por las inundaciones por donde pasa el barranco del Poyo.

“La ciudadanía nos está dando una lección y quiere soluciones y entendimiento, no ruido político, mirar el futuro con esperanza; somos una potencia, vivimos en el primer mundo. Todo el mundo quiere pasar página”, explica sobre el enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno. “Ambas Administraciones están haciendo todo lo que pueden, con personas muy preparadas y expertas, pero a menudo no es la información que llega a la ciudadanía. Se transmite la sensación de que las instituciones no están a la altura, cuando sin ellas no podríamos recuperarnos. Sería recomendable un pacto de Estado sobre las situaciones catastróficas, sobre infraestructuras hidráulicas para salir reforzados”.

Es partidaria de pagar lo más rápido posible las ayudas y fiscalizarlas con posterioridad para acelerar la recuperación y mejorar la situación inmediata de la gente. En los dos último meses, el procedimiento ha mejorado ostensiblemente. Ahora, Silvent sostiene que la mayoría de ayudas están llegando, si bien hay casos puntuales de particulares que no tenían seguro o contrataron infraseguros. Le preocupan especialmente las viviendas con problemas estructurales y proyectar una población resiliente, pensando en el futuro. “Está siendo muy duro, Pero me siento fuerte si puedo ser útil y ayudar a mis vecinos”, dice en el plano más personal.

• José Javier Sanchis, alcalde de Algemesí, del PP

“Han sido meses muy duros, con mucho desgaste mental y físico. Seguimos muy cargados y saturados de puertas para dentro, con la burocracia interna, administrativamente es muy complicado”, señala José Javier Sanchis, del PP, alcalde de Algemesí, la tercera población con las instalaciones municipales más dañadas por la dana (tras Paiporta y Catarroja), en este caso, por el desbordamiento del río Magro.

“Se ha mejorado mucho el escenario de las poblaciones, teniendo en cuenta que han pasado tres meses desde que pudimos quitar todo el barro. La gente recupera su vida social, sus costumbres, se celebran las fallas, las terrazas se vuelven a llenar. Pero también hay personas que aún no han cobrado del Consorcio de Seguros, barrios como el Raval en una situación muy complicada y en general los comercios son los que están en una situación más dramática”, apunta.

Sostiene que una “muy buena noticia”, como el fondo de 1.745 millones de euros destinados por el Gobierno para la reconstrucción de las infraestructuras municipales, de los que se han ingresado (1.447) en las arcas de los Consistorios, se desvirtúa en el momento en que no va acompañada por un “mecanismo ágil para gastarlos”. El Ayuntamiento no tiene recursos, ni personal para tramitar y justificar en el tiempo previsto el gasto de 127 millones asignados a un municipio cuyo presupuesto anual para este año suma 23,8 millones, señala el regidor.

“Necesitamos que se habilite un mecanismo extraordinario de emergencia para acortar los procesos administrativos de contratación, igual que en la pandemia”, explica Sanchis. Asegura que este problema, que la vicepresidencia para la reconstrucción de la Generalitat intenta paliar con la cesión de funcionarios autonómicos, afecta a Ayuntamientos de distinto signo político. En este sentido, el alcalde incide en la importancia de actuar con premura en el barrio del Raval, el más afectado, que se ha quedado sin instalaciones deportivas, con el parque destrozado, la escoleta y el colegio en ruinas, sin servicios públicos...

Asume con normalidad que los ciudadanos sienten sus problemas como los más acuciantes e importantes, pero un Ayuntamiento debe priorizar, por ejemplo, recuperar el centro de día para enfermos de alzhéimer o el servicio público en general. En ese sentido, reivindica el papel “fundamental” desempeñado por los consistorios, “paraguas de todos”, y los funcionarios municipales para ayudar a la ciudadanía.