PP y Vox acuerdan una enmienda para ubicar hoteles en la costa a 200 metros de la playa

La Generalitat Valenciana sorprendió el pasado mes de julio con un decreto ley que permitía construir hoteles en primera línea de la costa valenciana —en suelos no urbanizables—, invalidando los 500 metros que establecía la normativa del anterior Consell del Botànic. El Plan Simplifica del PP introducía un cambio que permitía el uso terciario hotelero del suelo a partir de los 100 metros desde la línea de playa con algunas condiciones. Ahora, PP y Vox han pactado en las Cortes Valencianas una enmienda que deja en los 200 metros esa distancia para el uso de terciario hotelero.

El Consell había propuesto en la norma originaria, aprobada como decreto ley, fijar en 100 metros esa distancia, mientras que Vox había planteado que fuera de 500 metros en sus enmiendas a la norma, que se está tramitando en el Parlamento valenciano como proyecto de ley. En conjunto, la formación de extrema derecha presentó presentó 49 enmiendas parciales al plan Simplifica.

Al inicio de la comisión de Justicia de las Cortes este martes, que ha debatido las 358 enmiendas parciales de los grupos a este proyecto de ley que modifica una treintena de leyes y más de 500 artículos, entre ellos varios apartados de la legislación urbanística, el PP ha propuesto a Vox consensuar un acuerdo sobre esa distancia.

La portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha planteado que modificarla, para que en lugar de “quintuplicar” la cifra inicial, como planteaba Vox al proponer 500 metros, se fijara en 200 metros, “que al final es duplicar la propuesta inicial”.

Chulià ha justificado este ofrecimiento en la intención del PP de llegar “al máximo posible de acuerdos”, y ha reivindicado que este artículo sobre los usos terciarios hoteleros en suelos no urbanizables del litoral se refería sobre todo a construcciones desmontables.

La comisión se ha suspendido unos minutos para estudiar la propuesta del PP, tras lo que Vox la ha aceptado porque según el diputado de este grupo David Muñoz “transaccionar es bueno y positivo” y fijar una distancia de 200 metros, con los condicionantes que se han planteado, es “más que razonable”.

“No habrá hoteles en la orilla de nuestras playas”, ha destacado Muñoz, quien ha defendido que el urbanismo “no necesariamente tiene que ser especulación” ni es “depredador”, y defienden un desarrollo urbanístico “controlado y eficiente”.

El socialista Ramón Abad ha criticado el “mercadeo” entre PP y Vox, a los que ha acusado de “jugarse a los chinos” la distancia para construir hoteles en la costa y de impulsar un “urbanismo salvaje” y pretender “acabar con lo poco que queda de costa sin construir”, con una norma “sin consenso, transparencia ni participación”.

Abad ha reclamado “devolver al estado original” los cambios y ha afirmado que esta ley, junto a los presupuestos de la Generalitat para 2025, van a ser la “hoja de ruta” del Consell de Carlos Mazón para una legislatura donde “la especulación, el urbanismo a la carta y el negocio del ladrillo” marquen e futuro de la Comunidad Valenciana.

El diputado de Compromís Jesús Pla ha indicado que las modificaciones “más preocupantes” de este proyecto de ley tienen que ver con la ordenación del territorio, pues se modifican medio centenar de preceptos de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) para pasar de la ordenación a la “desregulación” y la “especulación”.

Pla ha criticado la “opacidad” de esta norma, que según ha dicho supone una “imposición de los intereses económicos privados” y una “depredación” del territorio, por lo que ja pedido la supresión de todos los artículos que modifican la legislación urbanística vigente.

El PP ha rechazado las enmiendas del PSPV y Compromís porque, según Chulià, suponen un “ataque frontal” a la naturaleza del proyecto de ley y buscan volver a la normativa anterior, la del Botànic, caracterizada por las “trabas y problemas burocráticos” que esos partidos “ni supieron descongestionar en ocho años”.

Chulià ha destacado que la LOTUP se ha modificado en el pasado hasta diez veces, pero existe “un importante grado de insatisfacción” en su aplicación, ya que los procedimientos “se dilatan excesivamente en el tiempo” debido a una regulación “excesivamente rígida” y que “no da soluciones”.