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La Guardia Civil atribuye un delito de imprudencia grave a los dos operarios que manejaban la radial antes del incendio de Penáguila

Los obreros, de 37 y 60 años, pavimentaban el camino hacia la depuradora de Benasau y no tomaron, presuntamente, las medidas preventivas necesarias para atajar las llamas

Rafa Burgos
Vista general del terreno afectado por el incendio forestal declarado a media tarde de este martes que obligó al desalojo de la población de Penáguila.
Vista general del terreno afectado por el incendio forestal declarado a media tarde de este martes que obligó al desalojo de la población de Penáguila.MORELL (EFE)

La Guardia Civil atribuye un delito de incendio forestal por imprudencia grave a los dos operarios que manejaban la radial que generó las chispas que originaron presuntamente el fuego declarado el pasado 30 de julio en el entorno de los municipios alicantinos de Benasau, Penáguila y Alcoleja. En un comunicado oficial, el instituto armado señala que los dos investigados, de 37 y 60 años, estaban pavimentando el camino de la depuradora de Benasau en una obra promovida por la Generalitat, a la que eximen de toda responsabilidad. El incendio se ha dado por controlado este viernes a las 18.30. La población y los residentes vacacionales de Penáguila, que fueron desalojados de forma preventiva, ya han podido volver a sus casas y las carreteras que tuvieron que ser cortadas han sido reabiertas al tráfico.

Según los indicios, los dos investigados, empleados de una empresa subcontratada, no tuvieron en cuenta, presuntamente, las condiciones meteorológicas y el nivel extremo de sequedad de la zona, activado por los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana, al hacer uso de la radial. Fuentes cercanas a la investigación declaran que los operarios debían haber extremado las medidas preventivas para evitar que las chispas de la máquina saltaran a la vegetación, abundante y extremadamente seca, del entorno, la pedanía de Ares del Bosque, perteneciente a Benasau, situada a los pies de la sierra de Aitana, al norte de Alicante. Tampoco disponían, al parecer, de medios para contrarrestar las llamas, como extintores o mangueras de riego. La investigación continúa a cargo de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, cuyas diligencias serán puestas a disposición de los juzgados de Alcoy.

La presunta negligencia tuvo lugar el pasado martes, en torno a las 15 horas. La abundancia de combustible seco alimentó rápidamente las llamas, favorecidas por unas condiciones meteorológicas de viento superior a 30 kilómetros por hora, temperaturas próximas a los 35 grados y una humedad relativa muy baja, inferior al 15%, tal como indicaron en su momento fuentes de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). De las proximidades de la depuradora de Benasau, en la que se estaban ejecutando las obras, bajó rápidamente por el barranco del curso del río Penáguila, en dirección a su confluencia con el Serpis. Pese a la proximidad del incendio, los efectivos de extinción decidieron no desalojar los municipios de Benasau (173 habitantes) ni Alcoleja (188), pero sí el de Penáguila, cuyo censo es de 313 habitantes, pero cuya población roza los 800 en el periodo estival, según su alcalde, Salvador Catalá. Los residentes ocasionales volvieron a sus viviendas, situadas principalmente en Alicante y Alcoy, mientras que los vecinos pudieron alojarse en un albergue habilitado en la localidad cercana de Benifallim. Desde el pasado jueves, a partir de las 11.00 horas, todos pudieron volver a sus domicilios, informaron fuentes del Consorcio.

Las labores de extinción movilizaron hasta ocho medios aéreos y, en su pico más alto, más de un centenar de bomberos, agentes forestales y militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fueron reclamados por la Generalitat ante la virulencia del siniestro. Hasta 300 profesionales llegaron a intervenir en la lucha contra el fuego. Para combatir los dos flancos en que se dividió el incendio, se llegaron a utilizar cámaras térmicas instaladas en drones que identificaban los principales puntos calientes, subraya el Consorcio.

Desde los primeros momentos de la investigación se apuntó a la posibilidad de que las chispas de una radial fueran el origen de las llamas, según indicaron tanto Catalá como la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, como la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. Finalmente, la Guardia Civil ha atribuido la imprudencia grave a los dos investigados, aunque puntualiza que el inicio del incendio se debió a un accidente.

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