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Carmen, nieta del rector Peset, fusilado en 1941: “La ley de Concordia es una infamia”

El Gobierno reconoce la ilegalidad de las condenadas de 13 represaliados del franquismo. El ministro Ángel Víctor Torres se ofrece a negociar con el Consell la norma de memoria tras la salida de Vox

Ferran Bono
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, con familiares de los represaliados, ayer, en la Fundació Bancaixa de Valencia.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, con familiares de los represaliados, ayer, en la Fundació Bancaixa de Valencia.Ana Escobar (EFE)

Su abuelo fue Juan Peset Aleixandre, reconocido médico y político que llegó a ser rector de la Universitat de València. Fue fusilado en 1941 por republicano. Con llegada de la democracia, el eminente epidemiólogo dio nombre a una avenida, a un hospital y a un colegio mayor en Valencia. Y este jueves, en el 88 aniversario del golpe de Estado franquista, el Gobierno reconoció de manera expresa la ilegalidad de su condena, junto a las de otros 12 represaliados que no tuvieron la misma proyección pública, en un homenaje presidido por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañado por la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, todos ellos socialistas. No hubo representantes de la Generalitat valenciana, si bien el presidente, Carlos Mazón, del PP, fue invitado al acto celebrado en la Fundación Bancaixa, según confirmaron los organizadores.

Carmen Peset, nieta del rector fusilado, se mostró agradecida por el reconocimiento a “tanto sacrificio familiar” y a “una injusticia total y social” como fue el fusilamiento de su abuelo y el silencio que se impuso sobre los represaliados durante 40 años de dictadura: “Ninguno se merecía acabar como acabaron, ni el sufrimiento de las familias y el silencio, que ha sido lo peor, durante tres generaciones”. Por eso, criticó sin ambages la nueva Ley de Concordia, aprobada por el PP y Vox en las Cortes valencianas el pasado jueves, horas antes de que la ultraderecha rompiera sus pactos autonómicos de gobierno con los populares. Calificó la norma de “infamia”.

En términos similares se expresó también Carmen Contreras, nieta de Juan Manuel Contreras García, que fue concejal en Godella apenas 20 días durante la República y fusilado por ello en 1940, también en el llamado “paredón de España”, en Paterna, donde murieron 2.238 personas en la posguerra. El pasado viernes le confirmaron la identificación de los restos exhumados de su abuelo que pronto serán enterrados junto a los de su abuela, de la que recuerda cómo de niña la llevaba a visitar la fosa común (la 114) del cementerio de Paterna. Considera que la norma que deroga la ley autonómica de Memoria Democrática es un “batiburrillo” en el que se mezclan todo tipo de víctimas.

En el acto del jueves, el Gobierno entregó una serie de reconocimientos en los que se declaran ilegales e ilegítimos tribunales, jurados, condenas, sanciones y resoluciones contra estos 13 represaliados, cuyas familias participaron en el homenaje: Vicente Miguel Carceller, director de la revista La Traca; Carlos Gómez Cabrera, dibujante de La Traca; Consuelo Galvis Perucho, quien estaba encarcelada cuando fusilaron a dos de sus tres hijos; Juan Álvarez Madrid, jornalero afiliado a la CNT; Ramón Darijo Castillo, trabajador afiliado a la CNT; José Celda Beneyto, labrador; Julio Giménez Jordán, periodista y presidente de una asociación de prensa; Gonzalo Tejero Langarita, policía municipal de Valencia; Pascual Blasco Marco, fundador de la UGT en su pueblo; Doroteo Coronado Serrano, familiar del guerrillero Basiliso Serrano, y el ferroviario Dámaso Cabanillas Roso, además de los ya mencionados Juan Peset Aleixandre y Juan Manuel Contreras García,

“Fueron humilladas, maltratadas y asesinadas por defender la libertad y el orden constitucional”, afirmó el ministro de Memoria Democrática. Torres explicó que las declaraciones concedidas, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, cumplen con el derecho a conocer la verdad de lo que pasó, al reconocimiento y a la reparación de personas y familias que vivieron décadas silenciadas.

Insistió en su compromiso de seguir desarrollando y potenciar la Ley de Memoria Democrática y ha invitado a las comunidades autónomas del PP que impulsan leyes de “concordia” a negociar con el Gobierno su contenido “para que realmente sean leyes que promuevan la reparación, la verdad y la justicia”. En este sentido, el ministro indicó que se puede aprovechar que la ley valenciana aún no se ha publicado (al menos, hasta este jueves), así como la salida de Vox, para pactar su contenido y evitar recurrirla al Tribunal Constitucional.

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Reparación

Torres advirtió que “no es aceptable” que esas leyes igualen periodos históricos democráticos con la dictadura, “como tampoco es admisible no condenar expresamente el franquismo”. “Esas leyes tampoco pueden obstaculizar la labor de las entidades memorialistas encargadas de la exhumación, identificación y reparación de personas represaliadas que siguen en fosas comunes y cunetas”, añadió.

Si no se paralizan esas leyes, reiteró que hay un procedimiento reglado, a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que será activado para abrir un periodo de diálogo con la Comunitat Valenciana. “Esperamos que lo acepten. El PP, tras haber roto la ultraderecha su pacto de gobierno dispone ahora de una excelente oportunidad para reconsiderar su posición y demostrar que está del lado de los demócratas y de los derechos humanos”.

Diana Morant, por su parte, defendió la necesidad de “honrar la memoria de quienes perdieron la vida por creer en algo tan elemental como la convivencia y por defender un sueño que hoy nos parece normal y cotidiano: vivir en una sociedad democrática, en una España moderna, plural, diversa y solidaria”.

En nombre de los familiares represaliados habló Matías Alonso: “Hoy saldamos una deuda heredada de nuestras abuelas, que nos transmitieron la preocupación de sus maridos porque sus hijos y nietos no nos avergonzáramos, porque ellos murieron inocentes. Con esa petición acaban las cartas escritas minutos antes de ser fusilados”. Según expuso, son certificaciones que se otorgan a “hombres víctimas de fusilamientos y represiones; hombres que iban al pelotón o a la celda, dejando fuera, muertos en vida, mujeres e hijos a quienes se les derrumbaban los cimientos del edificio familiar”. “Estos reconocimientos son también para aquellas mujeres que quedaron solas en la vida a cargo de unos hijos a los que también mataron su niñez”, subrayó, tras recordar emocionado el caso de su abuela Dolores.

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Sobre la firma

Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.
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