El Gobierno local de Valencia disuelve este miércoles el Consejo municipal de Inmigración

El Consejo Municipal de Inmigración, creado en 2016 por el anterior gobierno local, se reunirá mañana miércoles por última vez después de que a nueva corporación, de PP y Vox, acordase en el pleno del pasado mes de enero su disolución. “La alcaldesa María José Catalá da un paso más en el desmantelamiento de las políticas de inmigración”, denuncia la concejala de Compromís, Lucía Beamud, que critica el cerrojazo al único órgano que permitía a los inmigrantes no solo participar en el diseño de las políticas sobre inmigración sino ejercer además un control sobre las mismas”. La disolución, acordada el pasado enero, coincide en el tiempo con el ultimátum lanzado al PP por el presidente de Vox, Santiago Abascal, para que no acepten el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas que gobiernan, cuya llegada a Canarias ha desbordado sus recursos de acogida.

El último pleno se celebrará además, según Compromís, sin la inclusión en el orden del día de dos puntos solicitados en la última reunión de la comisión permanente: el primero referido a la disconformidad con la eliminación de este consejo y el segundo para condenar las manifestaciones racistas y xenófobas de la concejala de gobierno de Vox Cecilia Herrero. En algunos de sus mensajes en una red social, Herrero escribía “Somos negros. Ya podemos saquear Louis Vuitton y Apple y hacer que se arrodillen y nos beses los pies”, “Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros” o “El moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor”. Compromís y el PSPV llevaron estos tuits a la Fiscalía por “xenófobos y racistas”.

La formación valencianista denuncia que el horario elegido para el último consejo, a las 12,30 del miércoles, “desincentiva la participación” de las entidades miembro, cerca de 60 si se tienen en cuenta los grupos de trabajo vinculados al Consejo de la Inmigración. Estos habían solicitado que la sesión fuera por la tarde para facilitar la asistencia de asociaciones de inmigrantes.

“En un año de gobierno de María José Catalá se está produciendo un evidente desmantelamiento de las políticas de cooperación e inmigración que empezó con la eliminación de la delegación y el servicio, continuando con el recorte en los presupuestos municipales, la eliminación de los consejos de cooperación y el de inmigración y la supresión de varios programas y recursos, como ya denunciamos en una moción en enero”, declara Beamud.

La creación de una dirección visible de Inmigración e Interculturalidad en la tercera capital de España ha mejorado, según Beamud, la gestión en la respuesta de acogimiento de personas migrantes, a partir de la ampliación de recursos de asistencia, clave en crisis como la pandemia de la covid-19 o la guerra de Ucrania. También se han podido extender proyectos de gran calado en la promoción de la convivencia intercultural y la no discriminación como la red Sube el tono contra el racismo, el Programa Valenciano de Protección y Acogimiento de Defensores de Derechos humanos o el Programa Valencia Ciudad-Refugi, así como la participación en el Fondo Valenciano de Cooperación.

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, del PP, justificó en enero, en el pleno donde se acordó la disolución del Consejo de Inmigración, que el cambio solucionaba “el desorden” y “descontrol de los distintos consejos municipales” creados por el anterior gobierno local de Compromís y Vox. Y anunciaba que las entidades de inmigración se integrarán al Consejo de Inclusión Social de la ciudad —con tres personas en representación de las entidades de asociaciones de inmigrantes—. Torrado subrayó que los cambios permitirían que “todas las entidades pertenecientes al sector puedan enriquecerse de las actividades y experiencias del resto”, según informó el consistorio en un comunicado.

Torrado justificó además que se cumplía así con la legislación existente en esta materia y que viene determinada por la propia ley de Servicios Sociales de 2019 y por el Decreto de 2022, que elaboró el Gobierno del Botànic, en materia de organización de los citados consejos”, añadió. Beamud replica, sin embargo, que la disolución del Consejo de Inmigración no responde al decreto de Servicios Sociales. “En ninguna parte del texto se impone la eliminación de consejos”, apunta. No en vano, añade que así como se han suprimido los consejos municipales de Inmigración o Cooperación Internacional se han mantenido otros. “Estos consejos inciden en la transparencia y el control de políticas públicas concretas y también actúan para cohesionar a las propias entidades de inmigrantes. Si eliminas ese organismo, que en el caso de Valencia era muy proactivo, lo que haces es dinamitar el trabajo realizado”, añade.