La Federación de Vecinos de Valencia celebra la moratoria de pisos turísticos pero pide un límite por barrio

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha celebrado la aprobación de un año de moratoria en la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos porque “significa que finalmente el equipo de Gobierno municipal asume que existe un problema con el crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos” pero la organización insiste en que la medida “no aborda más que un mínimo porcentaje del problema” de la turistificación de la capital. Los vecinos piden participar en el debate y que la ordenanza turística que redactará el Gobierno municipal limite las plazas turísticas que caben en un barrio en función del número de residentes y viviendas.

El diagnóstico de los informes que acompañan al acuerdo de moratoria de pisos turísticos, aprobada ayer martes unánimemente en Valencia, es preocupante. Han detectado que la afluencia de turistas está en constante crecimiento “y los recientes procesos de intensa conversión de viviendas” para satisfacer la demanda turística “están provocando problemas de convivencia ciudadana”, dificultando el acceso a la vivienda, especialmente de los más jóvenes.

Un informe de la fundación de turismo municipal Visit Valencia, emitido esta misma semana, pone de manifiesto “un preocupante incremento porcentual” en toda la ciudad del 33% en las viviendas dedicadas al uso turístico de abril de 2023 al mismo mes de este año. “En tan corto espacio de tiempo, las viviendas turísticas comercializadas en las diferentes plataformas han pasado de algo menos de 6.000 a las 8.000″, con crecimientos de hasta el 104% en el entorno, por ejemplo, del Palacio de Congresos de la capital, según las tablas adjuntas.

El Servicio de Licencias Urbanísticas y de Actividades del Ayuntamiento ha registrado el último año, y especialmente en los meses transcurridos de 2024 y todavía más en las últimas semanas, “un alarmante crecimiento de la presentación de títulos habilitantes para nuevos usos terciarios de vivienda turística, especialmente en las plantas bajas”. Solo en mayo se solicitaron 411 de las 494 licencias pedidas en los cinco primeros meses del año. A esta cifra se añade las 239 declaraciones responsables presentadas, 95 solo en el presente mes, para abrir nuevos apartamentos.

“De los estudios e informes anteriormente reseñados se desprende de forma incuestionable que en los últimos tiempos se viene produciendo en Valencia un crecimiento constante y exponencial de la apertura y comercialización en las plataformas digitales de nuevas viviendas turísticas”, concluyen los estudios. Esta situación, prosigue, “conlleva un riesgo cierto de desbordamiento de la capacidad de acogida del turismo que tiene Valencia”, con afecciones negativas en la convivencia ciudadana.

El documento advierte además de las repercusiones que tiene sobre el mercado residencial de viviendas la implantación de nuevos usos hoteleros en edificios que antes eran residenciales y la construcción de hoteles de nueva planta en parcelas de uso residencial, quitando viviendas para el alquiler convencional o la compra del mercado.

La presidenta de la Federación, María José Broseta, ha lamentado que la organización se haya enterado de los cambios de orientación de la política municipal a través de los medios de comunicación y no mediante las mesas de diálogo con las que se comprometió la alcaldesa de Valencia, en las que debería de haberse explicado el propósito y contenido de la moratoria y cuál es la hoja de ruta en las políticas de ocio y turismo.

“Ya ha pasado un año desde la llegada de este Gobierno municipal y, mientras tanto, el problema ha seguido creciendo y agravándose, con más de mil nuevos apartamentos sin licencia en solo un año”, expone Broseta, quien ha mostrado también su preocupación por “la virtualidad que puede tener una moratoria si la inmensa mayoría de apartamentos ya funcionan sin licencia y los que comienzan las obras lo hacen al margen de las normas urbanísticas”.

Broseta asegura que el procedimiento sancionador se está demostrando incapaz para contener el tsunami de apartamentos turísticos, la desaparición del mercado del alquiler residencial, los desahucios o el encarecimiento de la vivienda. “Nos preguntamos cuántas de esas 156 denuncias que se han tramitado últimamente han supuesto un cese efectivo de la actividad hotelera, o cuántas de esas denuncias se han comunicado a la dirección general de Turismo para que actúe con un procedimiento sancionador real”, concluye.