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Compromís pide en Alicante una moratoria para pisos turísticos similar a la de Valencia pero el PP la descarta ahora

La socialista Sandra Gómez propone que se amplíe la suspensión de licencias en la capital del Turia también a los bloques de viviendas reconvertidos por los fondos buitre en pisos de uso vacacional

Begoña Carrasco y María José Catalá
En la imagen, las alcaldesa de Castellón y Valencia, Begoña Carrasco y María José Catalá, respectivamente, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, los tres del PP, en un encuentro en el Ayuntamiento de Valencia.

El grupo municipal de Compromís en Alicante ha planteado este lunes una moratoria para las viviendas de uso turístico parecida a la que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, anunció el pasado viernes y quiere aprobar en el pleno municipal de este martes. Pero el Ayuntamiento de Alicante, gobernado en solitario por el PP, no se plantea, de momento, la suspensión de licencias, según fuentes municipales. La concejalía de Urbanismo, que encabeza Rocío Gómez, es la que tiene competencias en este asunto y ha encargado un estudio a la Universidad de Alicante (UA) para tener una visión global del fenómeno, e incorporarlo al futuro PGOU de la ciudad, aún en trámites previos de redacción.

El portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, ha denunciando la proliferación de pisos turísticos en Alicante “en detrimento de los residentes” y ha subrayado que “los vecinos reclaman inspecciones y sanciones contra apartamentos irregulares, el cumplimiento con el certificado de compatibilidad urbanística del Consistorio y la aprobación de una ordenanza que regule este tipo de alojamientos”.

Actualmente, en el centro urbano alicantino, solo se permiten viviendas turísticas en edificios completos destinados a esta actividad. En los barrios, solamente en bajos y primeros pisos cuyo acceso sea independiente del de los vecinos. En febrero sí comenzó a tramitarse una modificación puntual del plan general vigente para que los sótanos de comercios y apartamentos turísticos puedan utilizarse como lavanderías, zonas comunes o almacenes, nunca como espacios de alojamiento. La concejala de Turismo, Ana Poquet, señaló la semana pasada en una entrevista del diario local Información que el aumento de pisos turísticos en la ciudad aún no es un problema.

En Valencia, a 24 horas del pleno municipal donde debe aprobarse la moratoria anunciada por la alcaldesa, Catalá ha aclarado que la suspensión de licencias no se aplicará a bloques completos de apartamentos turísticos ni a hoteles, como reclama la patronal de pisos turísticos. La suspensión de licencias es durante un año “simplemente durante el periodo que se necesita para una regulación de la normativa. No afecta a los bloques completos de apartamentos turísticos. Así que no tendría sentido tampoco que afectara a los hoteles”, ha dicho la primera edil.

Los grupos de la oposición, Compromís y PSPV, han asegurado que la propuesta de la alcaldesa llega tarde y mal y afirman que no pueden apoyar un texto que desconocen. “Venían pidiendo esto anteriormente” por lo que parecería bastante incoherente que ahora dijeran que no era lo que pedían”, les ha contestado Catalá. Vox, socio de gobierno del PP, ha dicho no tener clara su postura.

La portavoz socialista Sandra Gómez ha emplazado a la alcaldesa a que amplíe la prohibición: concretamente, a que los fondos de inversión o fondos buitre reconviertan edificios enteros de de vivienda en apartamentos turísticos. “La moratoria llega tarde y mal”, ha denunciado Gómez, quien ha criticado que durante el año que lleva Catalá en el gobierno los pisos turísticos han crecido en unos 3.500. “Le dejamos encima de la mesa una moratoria que no ha querido aplicar en su año de gobierno, así que llega tarde”, según la portavoz socialista. Gómez ha insistido en que las comunidades de propietarios ya pueden protegerse de la apertura de pisos si lo prohíben en sus estatutos —hay sentencias del Supremo que lo avalan—.

“No podremos votar a ciegas una propuesta que no conocemos”, ha afirmado la portavoz de Compromís València Papi Robles, quien se ha preguntado “qué esconde Catalá en el documento” y si este “tiene letra pequeña”. Robles se ha reunido este lunes con responsables de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunidad Valenciana (AVAEC), a quienes ha trasladado que la propuesta de la formación valencianista pasa por una reordenación de los recursos turísticos y una regulación que permita conciliar esta actividad económica con el derecho a la vivienda y la convivencia en los barrios.

Robles ha trasladado a la asociación que la web de Compromís quenotetiren.com “no va contra aquellas instalaciones que son legales y que están reguladas”. “Lo que queremos es luchar directamente contra el descontrol de apartamentos turísticos irregulares que están expulsando a los vecindarios de los barrios y son competencia desleal a aquellos negocios que sí están regulados”, ha añadido.

Robles ha indicado que Compromís ya ha presentado en el registro municipal las primeras 271 denuncias que han llegado a esta web, 232 de las cuales son de apartamentos turísticos presuntamente irregulares y 39 obras. También ha trasladado a los representantes de esta entidad, con quien se ha reunido acompañada del concejal Ferran Puchades, que la moratoria de nuevas licencias de apartamentos es sólo un punto de inicio para empezar a trabajar en una regulación de todos los recursos turísticos de Valencia.

“Damos la bienvenida a todas las fuerzas políticas que hoy reconocen la necesidad de una moratoria en las licencias de apartamentos turísticos. Es nuestra apuesta desde 2021 y no contábamos con el apoyo de la mayoría para su aprobación”, ha recordado. Según ha dicho, “la propia Catalá, que ahora apuesta por la moratoria, ha votado hasta tres veces en contra de ella sólo durante este 2024″.

Polémica en redes sociales

En redes sociales, miembros de Compromís ha responsabilizado este fin de semana a los socialistas de que no se aprobase la moratoria para las viviendas de uso turístico cuando ambas formaciones gobernaban juntas la ciudad (2015-2023), a lo que la socialista Sandra Gómez ha replicado que fue la concejalía de Urbanismo, que ella dirigía, la que aprobó dos moratorias de pisos turísticos en Ciutat Vella y en el Cabanyal, dos de los barrios más tensionados por el alquiler turístico.

Según Gómez, “lo que queda de manifiesto es la falta de voluntad de trabajo de algunas áreas de gobierno [de Compromís] en el mandato anterior. Hicimos juntos muchas cosas buenas por esta ciudad pero, ante la falta de trabajo de algunos de esos compañeros, no voy a permitir que se intente echar la responsabilidad sobre los socialistas”. Vivienda, en manos de los valencianistas, tenía, según la portavoz socialista, que aprobar con carácter previo una serie de estudios que justificase la moratoria, algo que al final le tocó hacer al PSPV y que culminó en 2023 con la propuesta que dejaron encima de la mesa antes de elecciones.

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