Regular a golpe de tragedia: las consecuencias del incendio de Valencia

Decenas de ayuntamientos (Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Logroño, Huesca, entre otros) han anunciado que revisarán edificios de características similares al que el pasado 22 de febrero fue devorado por el fuego en el barrio valenciano de Campanar y acabó con la vida de 10 personas. La voracidad de las llamas y la rapidez en su propagación, retransmitida prácticamente en directo, han alertado a muchos ciudadanos y han abierto el debate sobre los materiales y sistemas de construcción permitidos y sobre la normativa vigente.

Los profesionales implicados en el diseño, construcción y prevención de incendios en edificios discrepan. Para unos, las reglas son completamente garantistas. Para otros, hay que actualizarlas. El señalamiento entre unos y otros ha sido evidente durante toda la semana. En unos casos, se ha fijado la mirada en los arquitectos, en otros, en los ingenieros. Muchos, en los fabricantes de materiales. La justicia dilucidará si hay responsables penales y, en el caso de que así sea, quiénes son. En todo caso, las administraciones son las que dictan las reglas sobre las que tiene competencia tanto la central como las autonómicas y municipales. De momento, fuentes del Ministerio de Vivienda, en quien recae la autoridad sobre la norma general, no ha hecho ninguna valoración “por respeto y prudencia”. “No podemos hacer evaluaciones sin la información necesaria y los informes de los técnicos”, aseguran fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez. Pero las autonomías y los ayuntamientos también pueden regular respecto a materiales, fisonomía y normas de seguridad siempre que sus decisiones sean más restrictivas que las estatales, tal como indica el director de la Escuela de Arquitectura de la Universitat Politècnica de Valencia, Iván Cabrera. Ningún presidente autonómico se ha pronunciado en este sentido. Incluso, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que su gobierno iba a pedir al ministerio de la vivienda que revise la norma en el epígrafe de protección y evacuación ante un incendio pese a que ella puede restringirlo en lo que considere.

Cuando las administraciones ejecuten sus decisiones, en el caso de que lo decidan, los 10 fallecidos ya estarán enterrados aunque los más de 400 vecinos de Campanar, posiblemente, seguirán con los trámites para recuperar, al menos, parte del valor de lo perdido. Mientras, posiblemente y según la estadística anual, en el mundo habrá entre 15 y 20 incendios de fachadas de edificios.

La norma básica que dicta las características que han de cumplir todos los edificios es el Código Técnico de Edificación, que se aprobó en 2006. El edificio devorado por el fuego en Valencia, pese a que se acabó de construir en 2008, se acogió a las normas previas, dictadas en 1996, porque la solicitud de licencia de obras es de un año antes de que se aprobara la nueva normativa. Para su construcción se utilizó un revestimiento de placas de aluminio entre las que se colocó un material sintético, combustible, para darles rigidez, las llamadas tipo sándwich. Además, la estructura del edificio contaba con un aislante, lana de roca, ignífugo, y una cámara de aire que la convirtió en una fachada ventilada, una solución térmica ampliamente utilizada en la primera década de los 2000. Todo ello, unido a unas virulentas ráfagas de viento, convirtió el edificio en una llama gigante. Según la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la promoción “tenía licencia y todo el expediente en regla”.

Tal como recuerda la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Marta Vall-llossera, “por desgracia”, las revisiones de la normativa se han ido produciendo tras tragedias como la de Alcalá 20 o, en el último caso, la de la torre Grenfell, que provocó un aumento de las restricciones en las fachadas en 2019, dos años después del siniestro que acabó con la vida de 72 personas en Londres. En los días siguientes al incendio de una discoteca en Murcia, en el que perdieron la vida 13 personas, el pasado mes de octubre, el ayuntamiento decretó el cierre de una decena de locales de ocio que no cumplían las normas y anunció un protocolo de refuerzo para el control de la normativa. Una vez más, la “solución” después de la tragedia.

La presidenta de los arquitectos no es explícita a la hora de señalar si es necesaria una nueva revisión en España y emplaza la decisión al momento en el que concluya la investigación en Valencia. Considera que será entonces cuando haya que tomar “las decisiones oportunas para evitar que se repita una tragedia similar”.

Son pocos quienes contestan con un no rotundo a la oportunidad de cambiar las reglas. Entre ellos se encuentra el presidente del Consejo general de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz: “Categóricamente, no. El Código Técnico de la Edificación entró en vigor meses después de empezar la construcción del edificio de Valencia. Y esta normativa se ha ido actualizando hasta llegar a la última revisión, en 2019, que en su contenido es estricta”. También lo hace el secretario general de la patronal de la reforma y la rehabilitación, Andimac, Sebastián Molinero, que considera que el Código vigente “constituye un marco de total garantía”.

Sin embargo, son mayoría quienes emplazan a específicas modificaciones de la norma. Sobre todo, en lo referente a los materiales de construcción. La madera, el ladrillo o el hormigón no revisten dudas pero sí los materiales sintéticos, derivados en muchos casos del petróleo, que tiene una resistencia al fuego variable. La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, Esther Puchades, fue la primera que se aventuró a hablar del elemento inflamable que había alimentado al fuego, el poliuretano. Días después tuvo que precisar que era solo una apreciación que ahora se sabe errónea. El colegio de Ingenieros técnicos decidió no hacer ningún tipo de valoración después de eso. Tampoco respecto a la norma. Sí salieron en tromba los miembros de la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido en España. Su secretario general, José Manuel Fernández, negó la existencia de este material en la fachada. Fernández argumenta la existencia de una “realidad actual de la construcción” y la incorporación de “sistemas constructivos cada vez más complejos compuestos por varias capas”. “La normativa debe contemplar todos los elementos de una fachada, incluso más allá de los materiales, como son los toldos, los aparatos de aire acondicionado, los cables, las ventanas, las persianas o el mobiliario de las terrazas”, asiente.

Los profesionales, de forma individual, son mucho más tajantes. La arquitecta Lucía Menéndez Aguirre de Cárcer, que además es directora de un despacho de peritos, el siniestro de Valencia obliga a darle una vuelta al Código Técnico en materia de seguridad. Es seguro “en condiciones normales”, alega y añade que el caso del edificio de Campanar “excede de la normalidad”. Menéndez reclama un real decreto, como medida de urgencia, para que se revisen todos los edificios que obtuvieron licencia antes de 2006. Para el también arquitecto David Calvo no existe el edificio perfecto y la incorporación de modificaciones “exige el compromiso de todos los agentes implicados, políticos incluidos”. Más exigente es el ingeniero técnico de instalaciones David Higuera, que exige “una revisión en profundidad de la normativa y especialmente en el control de los materiales que se instalan en obra”.

El primero estudio de víctimas mortales en incendios fue elaborado por Javier Larrea, presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, en 2010, para la Fundación Mapfre. Este concluyó que el 70% de las muertes por incendio se produce en los edificios de viviendas “y es precisamente a las viviendas a las que se les exige menores requisitos de protección contra incendios”, indica Larrea.

Otra opción es la inspección de edificios, que ya es obligatoria pero solo en inmuebles de más de 45 años. Larrea sostiene que estas inspecciones no son suficientes y que se debería crear una Inspección técnica de incendios.