El Síndic de Greuges abre una investigación por la opacidad del PP sobre las multas del concejal de Movilidad de Castellón

El Síndic de Greuges ha iniciado una investigación al gobierno municipal de Castellón por no aportar la documentación sobre la presunta acumulación de 167 multas por parte del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, de enero de 2023 a enero de 2024. El organismo autonómico admite así a trámite la queja registrada por la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, que había denunciado que la alcaldesa, Begoña Carrasco (PP), bloquea toda la documentación reclamada sobre las multas por aparcar mal en la zona azul durante el último año por parte del concejal Cristian Ramírez, así como datos sobre las sanciones que presuntamente siguen sin ser saldadas por parte del edil del Partido Popular.

El Síndic de Greuges, en su resolución de “inicio de investigación”, considera que, del análisis de los hechos descritos por los socialistas y la normativa aplicable, “se deduce que la actuación del Ayuntamiento de Castelló de la Plana podría estar afectando al derecho de acceso a la información pública”. Por tal motivo, el primer paso adoptado es reclamar al consistorio municipal que remita “un informe detallado y razonado, en el plazo máximo de un mes, sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja”.

Patricia Puerta ha señalado que el PP “está haciendo todo lo posible por tapar unos hechos gravísimos, como es que un concejal de su equipo de gobierno haya recibido presuntamente nada menos que 167 multas en un año, de las que, al parecer, tendría nada menos que 134 sin abonar”. Puerta, en este sentido, ha insistido en que, “por mucho que le pese a la señora Begoña Carrasco, “aquí hay mucho aún por aclarar, porque queremos saber dónde están todas esas sanciones que podría no haber abonado aún”. A fecha de hoy, “la realidad es que tenemos a un concejal, Cristian Ramírez, riéndose de los ciudadanos y ciudadanas que sí pagan sus multas y a una alcaldesa, Begoña Carrasco, cómplice por mantenerle en el cargo pese a ser protagonista de este escándalo mayúsculo”.

El escrito presentado por el PSPV ante el Síndic de Greuges recoge que, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, se está privando al grupo municipal socialista de la documentación solicitada para poder fiscalizar y controlar la actividad de los órganos de gobierno y, sobre todo, para vigilar que los concejales y concejalas no utilicen su cargo con fines particulares y que no cometan posibles irregularidades.

La queja recoge toda la información que se ha generado desde que el pasado 31 de enero, en el apartado de ruegos y preguntas del pleno municipal, el concejal socialista Jorge Ribes dio a conocer que el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, llevaba meses aparcando en zona azul sin pagar presuntamente la tasa por estacionamiento”.

134 multas presuntamente sin pagar

En concreto, la documentación a la que habían tenido acceso los socialistas apuntaba a un total de 167 posibles sanciones desde enero de 2023 a enero de 2024, de las que presuntamente solo habría abonado en tiempo y forma 33. Los socialistas solicitaron en el pleno al concejal del PP que explicase cuánto dinero adeudaba presuntamente al ayuntamiento y sobre la situación de esas 134 multas presuntamente sin pagar.

Tras no obtener respuesta, ni de la alcaldesa ni del concejal implicado, el grupo socialista presentó por registro una instancia general para solicitar información respecto a las multas impuestas al vehículo a nombre del concejal de Movilidad, desde el 1 de enero de 2023 al 30 de enero de 2024. Entre los diferentes datos reclamados se ha solicitado: importe total de multas, número pendiente de pago, pagadas, importe total de las abonadas, importe total de las que están pendiente de pagar, pagadas con recargo, multas pendientes de pago con recargo e importe total de estas últimas, entre otros aspectos.

Tras esta denuncia, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, se limitó a decir que Cristian Ramírez reconocía oficialmente 29 multas sin pagar, que abonó esa misma tarde del 31 de enero por valor de más de 2.000 euros. Serían sanciones acumuladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de las que al menos 9 correspondían ya a su periodo como concejal. Pese a ello, “sigue sin decir nada de las 167 multas que, como ha denunciado el PSPV, ha acumulado presuntamente durante el último año”.

Por tal motivo, desde el PSPV se siguieron realizando preguntas en diferentes comisiones de estudio, pidiendo entre otras cuestiones informe de la empresa adjudicataria de la zona azul, en el que debía indicarse cuántas multas han sido impuestas al vehículo a nombre de Cristian Ramírez de 2019 a 2023, cuántas se han pagado, cuántas están pendientes de saldar y cuántas se han cancelado sin previo pago”.