Solo 26 inmuebles de grandes tenedores pagan en Valencia el recargo del IBI por permanecer vacíos

El Ayuntamiento de Valencia ha cobrado en 2023 el recargo del 30% del IBI a 26 inmuebles de la ciudad, propiedad de grandes tenedores de viviendas (más de 10), por permanecer vacías durante más de un año, según una respuesta del Gobierno municipal al concejal socialista Borja Sanjuán. Según la contestación del ejecutivo local, los datos empleados para aplicar el recargo eran del 31 de diciembre de 2022 lo que, en opinión del concejal socialista, significa que no se ha incorporado al registro ningún nuevo inmueble en el último año.

El Consell, entonces gobernado por PSPV, Compromís y Unides Podem, aprobó en octubre de 2021 un decreto para movilizar los pisos vacíos en la Comunidad Valenciana y buscaba aumentar la oferta de vivienda y conseguir una regulación de los precios a la baja. Esta norma permitía además a los ayuntamientos cobrar un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores de pisos.

El Ayuntamiento de Valencia lo aplicó por vez primera en 2023 cuando la Generalitat concluyó el registro de grandes tenedores con viviendas vacías, teniendo en cuenta el número de inmuebles a 31 de diciembre de 2022. El entonces ejecutivo local, de Compromís y PSPV-PSOE, cobró este recargo —con más fines coercitivos que recaudatorios— a 29 inmuebles, según Sanjuán, una cifra baja porque el registro era nuevo y no había dado tiempo a incorporar muchas viviendas nuevas. Sin embargo, transcurrido un año, si el número de inmuebles con recargo son 26 “significa que no se han comunicado nuevas viviendas”, apunta el edil.

Los socialistas denuncian que no hay voluntad del nuevo equipo de gobierno municipal, de PP y Vox, de aplicar esta política. De hecho, el concejal socialista recuerda que hace poco su grupo presentó una moción en la Comisión de Hacienda municipal para subir el recargo del 30 al 50% para castigar las viviendas desocupadas, que es el máximo que permite la ley, y los grupos del actual gobierno votaron en contra.

“Denunciamos que el PP en la Generalitat y en el Ayuntamiento ha paralizado el registro de grandes tenedores de viviendas para impedir que se aplique un impuesto que tenía por finalidad que las viviendas deshabitadas salieran al mercado del alquiler e intentar rebajar los precios porque actualmente es imposible para gran parte de la población alquilar una piso en Valencia”, manifiesta Sanjuán.

“En el mercado hay precios absolutamente desorbitados para los salarios actuales y el PP hace una trampa para favorecer a los fondos de inversión que están comprando centenares de viviendas en la capital con el único objetivo de hinchar una burbuja en los precios que expulsará a mucha gente de la ciudad”, concluye.