El PP y Vox de Elche mantendrán la cruz franquista de los caídos aunque pierdan una ayuda europea

Nuevo varapalo al gobierno de Partido Popular y Vox en Elche por su decisión de conservar la cruz franquista de los caídos en el paseo de Germanías, una céntrica plaza del municipio que se está reformando en estos momentos con parte de los fondos europeos EDUSI. La Comisión Europea ha respondido a una pregunta del Partido Socialista ilicitano y ha resuelto que “las operaciones apoyadas por los fondos cumplirán el derecho de la UE y el nacional que les sean de aplicación”, es decir, la Ley de Memoria Democrática vigente. “De no ser así”, continúa el escrito, “el importe de la contribución de la UE ya abonada al beneficiario se reembolsará al programa de financiación correspondiente”. Esta reforma prevista con un presupuesto total de 1,1 millones de euros, estaba contemplada en la estrategia EDUSI, pero por los retrasos producidos en la puesta en marcha del proyecto, tan solo se consiguió certificar 170.000 euros, al 50% financiados por el Ayuntamiento y la Unión Europea. Por tanto, se tendrían que devolver 85.000 euros, según los socialistas.

Los socialistas insistirán al Ayuntamiento para que sea consciente de las consecuencias de la resolución. De no cumplirla, amenazan con volver a recurrir a Europa para que adopte las medidas que considere oportunas. El PSOE reclama que se ejecute el proyecto original que el gobierno socialista, aliado con Compromís, remitió a la Unión Europea para obtener la subvención y en el que no estaba el vestigio franquista que fue inaugurado con cánticos del himno falangista Cara al sol el 13 de agosto de 1944 con el lema “A los caídos por Dios y por España”.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, del PP, ha lamentado, en primer lugar, hacer un llamamiento a los medios para “perder el tiempo” porque ha insistido en que “la cruz no se va a mover”. El Ayuntamiento quiere dar por zanjado el asunto y no va a responder a las recomendaciones recibidas ni de la Comisión Europea, ni del Defensor del Pueblo, que ha vuelto a recomendar la retirada de la cruz en un nuevo informe. Respecto a que tuviesen que devolver la subvención europea, Ruz ha indicado que lo asumirían con fondos propios. Recuerda que cuentan con informes jurídicos y patrimoniales de los técnicos municipales que avalarían su decisión.

El Defensor del Pueblo acaba de dar a conocer una segunda resolución sobre la cruz. A principios del mes de enero, Ángel Gabilondo ya emitió un primer informe en que reclamaba la retirada de este monumento “por ser un elemento contrario a la memoria democrática”. Un dictamen al que el Ayuntamiento restó valor al considerar que se trataba de una decisión “de parte” por el pasado socialista del actual Defensor del Pueblo. Ahora, en esta nueva resolución, hace varias consideraciones al equipo de gobierno. Destaca que los informes de los técnicos municipales de tipo patrimonial y jurídico en los que el alcalde respalda su decisión fueron emitidos tras la adopción del acuerdo de modificación del contrato, es decir, a posteriori, con el fin de evitar el traslado del monumento a los caídos.

El Defensor del Pueblo argumenta también que, si este equipo de gobierno consideraba que había un cambio de criterio respecto al informe que en 2021 el PSOE y Compromís remitieron a la Generalitat Valenciana en el que se pedía la retirada de la cruz como vestigio del franquismo, “tendría que haber remitido a la comisión autonómica correspondiente su parecer, antes de modificar el contrato de remodelación de la plaza, cosa que no hizo”.

Sobre la excusa que el alcalde quiere defender el monumento como “símbolo de la concordia”, el Defensor del Pueblo califica esta definición como un término “engañoso” por cambiar ahora el sentido originario de este elemento levantado por los caídos por España. Y deja claro que “los propios elementos arquitectónicos pueden tener significado por sí mismos, sin necesidad de evidenciarlo con una placa, máxime, cuando desde su construcción no se ha consolidado en la población un significado distinto al que tiene desde el año 1944.

Y, por último, el Defensor sostiene que “carece de relevancia” el hecho de que durante la etapa democrática ningún alcalde haya retirado el monumento ya que no había obligación de ello hasta la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática. El Defensor del Pueblo indica que no acepta la sugerencia del Ayuntamiento y que incluirá este asunto en el informe anual a las Cortes Generales, dando por finalizadas las actuaciones.

La concejala del PSOE de Elche Patricia Maciá ha reclamado que se cumpla la ley porque “no hay ninguna disposición que faculte a un alcalde a dejar de aplicar motu proprio una ley vigente, le guste o no”.

El alcalde, por su parte, ha criticado duramente a los socialistas, que considera “una pierda en el zapato de todos los ilicitanos e ilicitanas” por denunciarles ante diferentes instituciones. Ha pedido al PSOE que reconsideren su actitud y que trabajen para justificar los ocho sueldos atribuidos.