Compromís cuestiona al candidato Eduardo Beut para dirigir la Agencia Antifraude por sus vínculos con Zaplana

Los grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes no han presentado ninguna candidatura a la dirección de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, a la que concurrirán Gustavo Adolfo Segura y Eduardo Beut, propuestos por cuatro organizaciones cívicas. El plazo para la presentación de los candidatos, que relevarán a Joan Llinares al frente de la Agencia, cuyo mandato de siete años concluye a finales de mayo, ha concluido este miércoles, a las 14.00 horas.

Segura es el actual director de Análisis e Investigación de la Agencia Antifraude y su candidatura ha sido presentada por , las tres organizaciones: la Fundación por la Justicia, Acción Cívica y el Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Beut, por su parte, ha sido promovido por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP), según ha informado la Presidencia de Les Corts a Efe. Ningún partido ha querido presentar su propio candidato, si bien Compromís ha anunciado su apoyo a Segura. La candidatura de Llinares, primer director de la Agencia, fue presentada por tres entidades civiles.

Precisamente, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha cuestionado esta mañana la candidatura de Beut. “Resulta extremadamente sospechoso que una persona vinculada al PP presente como candidato a pilotar la Agencia Antifraude a un íntimo colaborador de Eduardo Zaplana”. “Ha tenido una vinculación directa profesional y de amistad con el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y su ex jefe de gabinete Juan Francisco García”.

Tras ser delegado de la Agencia Tributaria en Valencia, Eduardo Beut fue nombrado a propuesta del PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Industriales, una empresa conjunta de Bancaja y la CAM, auspiciada por Zaplana, cuando era presidente de la Generalitat Valenciana, ha avanzado El Confidencial. Además, fue gerente de la patronal de los constructores Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración) y consejero de Finanzas en la Embajada de España en México, antes de volver a ejercer como inspector de Hacienda. También fue socio durante unos años de una céntrica librería en Valencia, junto con Juan Francisco García, jefe de Gabinete de Zaplana, cuando presidía la Generalitat.

El que fuera también exministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar es el principal encausado en el caso Erial que se juzgará en la Audiencia de Valencia a partir del 1 de febrero. Se le acusa de los supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa por el presuntos sobro de comisiones en la adjudicación de las ITV y concesiones de parques eólicos de la Generalitat. Juan Francisco García también está imputado, junto a otras 13 personas, entre ellas el expresidente valenciano, José Luis Olivas.

A instancia del juzgado de instrucción, la Agencia Valenciana Antifraude elaboró dos informes periciales sobre la licitación de las ITV en 1997 y sobre el plan eólico de la Comunidad Valenciana en 2001, en los que se detectan una serie de irregularidades y singularidades con respecto a otro concursos.

Baldoví ha incidido también en que Inmaculada Luz Collado, presidenta de la entidad que ha presentado a Beut, “está vinculada al PP y lo demuestra el hecho de que ha formado parte de sus listas electorales en El Palomar y en Riola en las elecciones municipales de 2023 y 2019″.

El portavoz considera que “detrás de esto vemos los tentáculos del PP y un intento deliberado de bloquear el nombramiento de una persona al frente de la Agencia Antifraude, avalada por las organizaciones que verdaderamente luchan contra la corrupción, una propuesta que verdaderamente surge de la sociedad civil”. “Pensamos que la propuesta que se ha hecho responde a un objetivo oculto de intentar bloquear o suprimir una agencia que fue creada por el gobierno del Botànic [la anterior Generalitat gobernada por la izquierda], ha añadido.

La Junta de Síndics de Les Corts d la próxima semana abordará previsiblemente la presentación de esas candidaturas con el objetivo de que la votación para la elección final tenga lugar a lo largo del nuevo período de sesiones, que comienza el 29 de enero. Se precisa el 60% de los votos (tres quintas partes), por lo que los dos partidos que sustentan el gobierno de la Generalitat, el PP y Vox, necesitan contar con el respaldo de algunos diputados de la oposición, formada por el PSPV-PSOE y Compromís.

En busca de entendimiento

Por su parte, el secretario general del PPCV y portavoz adjunto del grupo popular en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que su partido “mantendrá la misma línea que hasta ahora” y apostará por “el diálogo y buscar el entendimiento” con todas las fuerzas políticas que tienen representación en la Cámara. Pérez Llorca ha indicado que el PPCV tiene previsto escoger entre las propuestas que han hecho las asociaciones civiles con el objetivo de “despolitizar el proceso y tener cuanto antes un candidato común”.

El portavoz adjunto popular ha recordado en un comunicado que la apuesta por el consenso “siempre ha estado presente desde que el PP ganara las elecciones en la Comunidad Valenciana”, y ha añadido: “Lo hemos intentado hacer en la renovación de los órganos estatutarios y lo vamos a hacer en la elección de la persona que estará al frente de la Agencia Antifraude”.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha destacado que hay que “respetar los trámites y procedimientos” y su grupo esperará a las explicación de su proyecto que los candidatos presentarán en la comisión parlamentaria correspondiente. Muñoz ha defendido la necesidad de que los partidos políticos “no tengan candidatos” para esta agencia, que tiene que ser “neutral” y no “partidista”.

El grupo parlamentario de Vox no ha querido pronunciarse al respecto de los candidatos a la Agencia Antifraude.