Juzgan al colectivo feminista Subversives por las pintadas de la cara de Abascal con un disparo en Castellón
La acusación particular, que ejerce Vox, pide para la activista procesada, que niega la autoría de los hechos, tres años de cárcel y el cese de la actividad para la asociación

El juzgado de lo Penal número 3 de Castellón ha acogido este miércoles el juicio al colectivo feminista y anticapitalista Subversives Castelló, tras la querella presentada por el líder de Vox, Santiago Abascal, por un presunto delito de odio y amenazas, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La denuncia fue presentada en diciembre de 2019 tras la aparición, después de un acto de Vox en la capital dos meses antes, de varias pintadas en edificios y calles de Castellón con el rostro del presidente de la formación de ultraderecha con un punto rojo en la frente, simulando un disparo. En algunas de las mismas aparecía serigrafiada la firma del colectivo Subversives.
Aquella visita de Abascal a Castellón motivó una protesta por parte de Subversives bajo el formato de una besada popular como gesto de apoyo al colectivo LGTBIQ.
Este miércoles, y tras la convocatoria de una protesta lanzada desde la asociación a través de sus redes sociales, medio centenar de personas se ha concentrado en apoyo al colectivo y a la activista procesada a las puertas de la ciudad de la justicia castellonense, con pancartas en las que ha podido leerse Abascal al bancal o Totes som subversives i antifeixistes.
La integrante de Subversives procesada ha negado durante su declaración la autoría de las pintadas y ha eximido de responsabilidad en los hechos al colectivo feminista.
Abascal, que tenía previsto intervenir de manera telemática, “no ha declarado porque tenía una intervención en Bruselas que ha coincidido hoy, pero el juicio se ha celebrado”, han ratificado por su parte desde Vox Castellón.
Como ha trasladado a través de sus redes sociales el propio colectivo Subversives, la acusación particular pide para la activista que en el momento de los hechos figuraba como representante legal de la entidad tres años de prisión además de cinco años de multa y el cese de la actividad de la asociación. Penas que el ministerio fiscal rechaza al considerar que no hay pruebas que impliquen a la procesada y que no existe “incitación directa al odio”.
En un comunicado reciente firmado por Subversives y Alerta Solidària, ambas entidades sostienen la “clara intencionalidad política” de la querella interpuesta por el dirigente de Vox, que busca “criminalizar al movimiento feminista y victimizar a la extrema derecha con la finalidad de blanquear su discurso de odio”. En el mismo denuncian “las actuaciones de la policía y la justicia española a la hora de investigar denuncias sin fundamento”.
“Iremos a juicio para luchar contra la extrema derecha y denunciar su discurso de odio contra las mujeres, migrantes y las personas LGTBIQ”, han afirmado a través de su cuenta de Instagram, que han utilizado como plataforma para convocar una concentración de apoyo este mismo miércoles a las puertas de los juzgados de la capital. “Ante su odio, nos defendemos con uñas”, zanjan.
Subversives nació en 2016 en la Universitat Jaume I como colectivo feminista y anticapitalista y el objetivo de “hacer llegar el feminismo a todos los lugares universitarios y locales, empoderar a las mujeres mediante una sororidad colectiva y acabar con el patriarcado”, indicaron desde el colectivo en su carta presentación en la revista digital Femiagenda. Asimismo, señala que Subversives configura un espacio “donde las mujeres pueden expresarse libremente, sintiéndose cómodas” y les invita a “formar parte nuestra lucha anti-patriarcal”.
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