Costas derriba tres casas de la playa de Babilonia de Guardamar mientras los vecinos recurren contra la demolición en el Constitucional
Los inmuebles desmantelados, con la fachada pegada a la orilla, pertenecían a una única concesionaria cuyos herederos no presentaron su petición de prórroga a tiempo
La dirección general de Costas dio luz verde a inicios de la semana pasada a la demolición de tres casas pertenecientes a la misma familia que carecían de prórroga concesional para continuar en sus domicilios de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante, 16.138 habitantes). Los trabajos, emprendidos por la empresa Tragsa, comenzaron por la retirada de los techos con las prevenciones que exige la presencia de amianto. Una vez transcurrido el plazo de una semana en el que se considera disipado el peligro de este material, este mismo lunes se dará paso a la eliminación definitiva de las tres viviendas, las números 89, 91 y 93, con la parte posterior vertiente a la calle Ingeniero Codorniú y la fachada orientada hacia la playa. Es decir, prácticamente sobre el mar, con el oleaje repicando en las puertas. En pleno dominio público. La asociación vecinal Guardamar Playa, que trata de frenar los derribos ordenados por Costas, tramita mientras tanto una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La Colonia Babilonia fue creada por el Gobierno de la República en 1934. Está formada por casas de planta baja, con un ancho de 6 metros y un fondo de unos 15, y se entregaron bajo la modalidad de concesión en un concurso público, abierto y libre. En la actualidad, los concesionarios pagan un canon anual que oscila entre los 800 y los 3.000 euros. Un informe del Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (Cedex) aconsejó el derribo de las viviendas, ya que “ocupan una parte importante de la playa seca y su proximidad a la línea de la orilla determina los daños que sufren en los temporales”. Es el argumento esgrimido por Costas, a quien, hasta ahora, han ido dando la razón las sucesivas instancias judiciales. La última, el Tribunal Supremo, que denegó la prórroga de las concesiones por criterios medioambientales en una decisión recurrida por los vecinos.
Las tres viviendas que se convertirán en cascotes la semana que viene perdieron la concesión tras el fallecimiento de la titular, en 2011, explica el alcalde guardamarenco, José Luis Sáez (PSOE). Los herederos, según la legislación vigente en aquel momento, antes de la reforma de la Ley de Costas emprendida en 2013, tenían un año para renovar el permiso para seguir en sus viviendas. No llegaron a tiempo. Tras pasar por varios juzgados, Costas finalmente desalojó, vació y tapió los inmuebles el pasado mes de agosto. “Todavía quedan 80 viviendas”, declara Sáez, “pero la recuperación de las concesiones se resuelve una a una”. La intención del consistorio de Guardamar es añadir los 600 metros que ocupan las viviendas de primera línea de Babilonia a sus 11 kilómetros de litoral “sin tropiezos, sin calas ni roca”, con una única salvedad, la que impone la desembocadura del río Segura. En el arenal liberado tan solo se podrán instalar pasarelas de madera integradas en el entorno. Ni siquiera un paseo urbanizado. El municipio alicantino, además, ha conservado un sistema de pinadas y dunas naturales que encabeza su catálogo de captación de turistas. La liberación de la costa es, para ellos, indispensable.
Para el secretario de la AVV Guardamar Playa, Manuel López, las demoliciones de esta semana no tienen que ver “ni con las concesiones, ni con sus prórrogas ni con el estado de la playa”. “La concesionaria de las tres viviendas”, continúa, “falleció antes de la reforma de la ley”, por lo que sus herederos se encontraron con un plazo “de solo un año” para acometer todo el papeleo. Y tardaron “año y medio”, por lo que Costas entendió que la declaración de los legatarios se entregó “fuera de plazo”. Desde 2013, la misma ley amplió la duración de estos trámites a cuatro años. “El rigor en la aplicación de la ley fue demasiado lejos”, lamenta López, abogado de profesión, “la normativa solo se aplica con carácter retroactivo cuando va contra las personas”. También denuncia “la exagerada forma de ejecución” del desalojo y el derribo, en los que han estado presentes “efectivos antidisturbios de la Guardia Civil”.
A juicio de López, el tamborileo de las piquetas quedará en pausa tras las obras de los números 89, 91 y 93. “No se esperan derribos a corto ni a medio plazo”, avanza. La desaparición de la primera línea de Babilonia pasa en este momento por el Constitucional. Y si no obtienen una resolución favorable para sus intereses, no descartan “apelar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “No es una cuestión de propiedad”, sentencia el representante vecinal, “sino de domicilios, de únicas viviendas de sus concesionarios”. Su lucha, además, se ha ampliado con la creación de la plataforma Somos Mediterránea, que defiende los intereses de personas en una situación similar repartidas en buena parte del litoral español, frente a la protección del dominio público ejercida por Costas.
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