El expresidente de la Diputación de Valencia se desentiende del presunto amaño de un contrato para un ‘call center’: “No hablé nada de nada”

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia estudia estos días si la adjudicación de la Diputación de la prestación de un servicio de atención telefónica, un call center fue un amaño consentido o incluso auspiciado por el expresidente de la corporación Alfonso Rus. En el banquillo se sientan también el Yonqui del dinero, Marcos Benavent, que fue gerente de Imelsa, la empresa pública provincial de la que dependía el contrato, dos empresarios (uno de ellos Miguel López, exsuegro de Benavent), y un funcionario, el responsable del contrato presuntamente amañado.

En su declaración este martes ante el juez, Rus, que solo ha respondido a su abogado, ha basado su declaración en cuatro negativas. Ha negado que influyera en la redacción de los pliegos. “No, eso lo hacen los técnicos y nadie más”, ha respondido. “Tampoco hablé nada con Salvado Deusa [el funcionario acusado]. No era mi misión”, ha subrayado. También ha asegurado que no habló del contrato con Benavent y ha negado conocer a los responsables de Servium. Para rebajar la importancia del contrato ha tirado de argot futbolístico: “A veces conocía a los responsables de las grandes empresas, pero esto eran 280.000 euros anuales de un presupuesto de 500 millones. Es como tirar una falta desde la defensa”, ha afirmado.

La teoría de Alfonso Rus es que la acusación responde a una venganza tras el divorcio de Bevenvent y la hija del empresario Mariano López que, según la instrucción, habría recibido una ‘mordida’ por lograr que se favoreciera a la compañía elegida. Años después de aquella separación, en 2014, López entregó primero a la actual consejera Rosa Pérez (EU) y luego a la Fiscalía unas grabaciones que el yonqui del dinero había realizado a sus compañeros de amaños y que se quedaron en su chalet al separarse de su hija. “No era para hacerle cosquillas”, ha admitido López. Inicialmente, Benavent reconoció las grabaciones y colaboró con la Fiscalía para establecer un relato en esta y otras causas del llamado caso Imelsa. Pero, según ha defendido su exsuegro, de paso habría tratado de devolverle la jugarreta con una acusación falsa de haber cobrado por ayudar a amañar el concurso. “Es una venganza”, ha asegurado este martes López en su declaración como acusado.

Rus, abonado a la teoría de la revancha, ha contado que tras el divorcio en 2009, el Yonqui y López se llevaban “a matar” y que él es una víctima colateral. “Yo no tenía nada que ver con esto. Que yo sepa, él tenía mala relación con su suegro. Todo este lío viene por esto”, ha afirmado el que fuera barón popular. Se espera que en su próxima declaración también Benavent avale esta teoría, pues, tras un cambio de abogado, ha roto su pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y se desdiga de sus anteriores declaraciones.

El Ministerio Fiscal, en cambio, sostiene que Rus y Benavent eran conscientes y permitieron o auspiciaron que el funcionario responsable de los pliegos del contrato del call center, Salvador Deusa, favoreciera a la empresa Servimun para llevarse un contrato de 850.000 euros. Según la instrucción, López, del que el Deusa era amigo desde la infancia, habría recibido de esta compañía 158. 833 euros por lograr la adjudicación.

El empresario ha explicado que cuando su hija le puso “los trastos en la puerta” a Benavent no incluyó el disco duro donde ese guardaba unas grabaciones de las que ya le había hablado. “Yo sabía, porque me lo decía él, que estaba grabando a gente. Daba por hecho que había chanchullos. El ordenador era mío, pero el disco externo no. No pedí permiso a Marcos para sacar esos audios”, ha admitido Mariano López.

Respecto a esta pieza que se juzga actualmente, López ha negado tener una relación de amistad con Rus, aunque sí contacto “institucional” y también haber intervenido en la adjudicación del contrato. Sí que ha admitido el cobro de Servimun pero ha dicho que lo hizo a cambio de trabajos de “asesoría externa” para montar el call center. Según su versión, Deusa le llamó para que ayudara a la empresa a la que había adjudicado el contrato. “Quería que le gestionara el día a día y la puesta en marcha del ‘Call center’. Establecimos un precio y yo me ocupaba de todo, hasta de alquilar un piso”, ha afirmado.

Esta es la tercera pieza del caso Taula (o caso Imelsa) que llega a juicio. En la primera, conocida como la de Thematica Events, Benavent fue condenado a siete años y diez meses de cárcel por amañar contratos de la empresa pública de la que era gerente y llevarse comisiones de las adjudicatarias. La segunda pieza, que está pendiente de sentencia, debe establecer si desde Imelsa y desde Ciegsa, una empresa publica de la Consejería de Educación, se contrató a ‘trabajadores zombis’ vinculados mayoritariamente al PP pero también al PSPV-PSOE. En esa pieza se piden doce años de prisión para Rus pero también se sentaron en el banquillo de los acusados otros ex dirigentes del PP y el exdiputado socialista Rafael Rubio