Rus vuelve al banquillo de los acusados en un juicio que califica de “pantomima”

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha vuelto a sentarse este martes en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia de València, apenas seis semanas después de que quedara visto para sentencia el juicio sobre la contratación de al menos 15 trabajadores zombis. Ahora se piden para él ocho años de prisión por tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por su responsabilidad en la adjudicación en 2013 de un centro de ayuda telefónica y telemática.

El que fuera presidente provincial de los populares valencianos ha calificado este nuevo juicio como una farsa y cree que si está encausado es por el juego que da su nombre. “Si no se me acusa esto es aburrido, pero ya veréis que es una pantomima contra mí, ha afirmado.

Junto a él estará en el banquillo de los acusados hasta que acabe el juicio a principios de junio Marcos Benavent, el yonqui del dinero, que era una de sus manos derechas y que era gerente de la empresa pública Imelsa cuando adjudicó ese servicio. Para él se piden cuatro años y medio de prisión por haber permitido el supuesto amaño. Las defensas de ambos han pedido la nulidad del proceso por entender ilícitos los audios que en parte los sostienen y también que, si sigue adelante, se anulen buena parte de las diligencias por entender que el instructor se retrasó en declarar la causa compleja y que se realizaron fuera de plazo.

La acusación

La Fiscalía defiende que en 2013 se adjudicó este call center a Servimun SL, tras presentar una oferta “totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa”. Su propietario, que recibió de las arcas públicas casi 850.000 euros en tres años por ese servicio, habría pagado unos 200.000 euros a Mariano López, que entonces era suegro de Benavent y que tenía un “conocimiento estrecho” de Rus. Para López, que se cree que se quedó con casi 160.000, se reclaman 13 años de prisión.

El juez instructor acusa a López de haber recibido esa cantidad “muy probablemente por actuar de conseguidor” a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada. López habría maniobrado además para que el coordinador del proyecto fuera su hijo, entonces en paro y sin ninguna experiencia, y para que se contratara a otro familiar. Todo para un proyecto que el Ministerio Público asegura que fue “defectuoso” y “fracasado” desde un principio y que incluyó el pago por trabajos no realizados dado que apenas se realizaron un tercio de las horas previstas. Además del empresario adjudicatario, Fernando José P. Z., hay también dos funcionarios acusados de haber participado en el presunto amaño, uno de ellos amigo cercano de López.

Rus se ha desentendido por completo de la adjudicación y ha subrayado que los trabajos encargados “se hicieron”. “Yo no sé a qué empresa se dio un contrato u otro. Yo no sabía si Mariano o Mariana. La adjudicataria fue la más barata, y ninguna de las otras cuatro que concursaron reclamó nada”, ha recordado. De hecho, ha insistido en que no se le puede atribuir esa responsabilidad. “¿Si faltan mascarillas en un hospital el responsable es el president de la Generalitat? Esto es una barbaridad”, ha asegurado antes de trasladar la responsabilidad a los directivos de Imelsa y sobre todo a los técnicos.

Otra vez los audios

El inicio de este juicio ha hecho coincidir en el banquillo a Benavent y al padre de su ex mujer, dos de las piedras angulares de todas las piezas que se han abierto sobre Imelsa. En su época al frente de Imelsa, el ‘Yonqui del dinero’ grabó sus conversaciones con Rus y otros políticos como garantía de protección. Pero tras separarse de su mujer, esas grabaciones se quedaron en el chalet del que era su suegro, que se las entregó a la entonces diputada de Esquerra Unida y hoy consejera Rosa Pérez, que las llevó a la Fiscalía. El ministerio público reclamó después a Mariano López que llevara una segunda memoria externa en la que guardaba esas y algunas otras conversaciones.

Aunque en un principio, Benavent validó esas grabaciones y las apuntaló con sus confesiones, tras un cambio de abogado ha pasado a asegurar que las editó. También que López se las robó y que todo formaba parte de un plan entre su antiguo abogado y el ministerio fiscal para salpicar a cuanta más gente mejor. Siguiendo esa línea el abogado de Benavent ha pedido la nulidad del proceso por el modo en que se obtuvieron esos audios, que cree que atenta contra derechos fundamentales (a la intimidad). La defensa de Rus se ha unido a esa petición y ha añadido que la entrega de esos dos pendrives fue “ilícita” y que no existió cadena de custodia. También ha denunciado que se ocultaron informes a las defensas.

Igualmente, el letrado de Benavent ha reclamado que se queden fuera de la causa todas las diligencias realizadas una vez acabó en enero de 2017 el plazo para declararla ‘compleja’, algo que aseguran que el instructor hizo con retraso en junio de 2017. El resto de defensas se han unido a esa petición. La Fiscalía ha mostrado su oposición a todas las peticiones y ha rechazado que exista vulneración de derechos. El tribunal ha señalado que las resolverá en la sentencia.

Esta pieza D es la tercera de Imelsa que llega ante el juez porque antes de la de los trabajadores zombis se juzgo la de Thematica Events en la que se condenó a Benavent a siete años y diez meses de cárcel y que dio por buenos los audios.