Entidades vecinales y antifascistas de Valencia estudian denunciar la infiltración de un policía y piden responsabilidades políticas

Movimientos sociales, vecinales y políticos del barrio valenciano de Benimaclet han anunciado que están estudiando emprender acciones legales después de la publicación de informaciones sobre la supuesta infiltración de un agente de policía en su actividad, al considerar este hecho es una vulneración de derechos fundamentales, civiles y políticos de sus miembros. También contemplan un posible delito de violabilidad de domicilio bajo engaño y revelación de secretos, dado que el presunto agente infiltrado accedió a los domicilios de varios activistas.

Las representantes de Cuidem Benimaclet, CSOA L’Horta y Alerta Solidària de l’Esquerra Independentista dels Països Catalans han exigido esta mañana del martes responsabilidades políticas no solo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino también al gobierno de coalición de conforman PSOE y Unidas Podemos. Así lo han explicado, en una rueda de prensa en la plaza del barrio, en el que hay diversas asociaciones muy combativas contra los planes de urbanización del barrio que afectan a la huerta, por ejemplo. Se ha leído un manifiesto en nombre de los movimientos sociales y vecinales de Valencia y Benimaclet.

Tras la publicación en La Directa de informaciones que señalan que un agente de Policía se “infiltró” con identidad falsa durante casi dos años en estos movimientos vecinales y otros como Grama, La Garrofera o Antifeixistes PV, las activistas han denunciado “la ilegalidad” de una acción “que no responde a ninguna investigación judicial ni viene autorizada por ningún juez”. El agente pertenecía a la generación de los dos policías infiltrados en diversos colectivos anarquistas de Barcelona, según el semanario asambleario La Directa, que también desveló los casos precedentes hace dos semanas.

Las representantes de los colectivos valencianos han manifestado que la información que tienen sobre la infiltración procede únicamente de la citada investigación periodística e inciden en que no ha sido en ningún momento desmentida, además de resultar verosímil y creíble por los hechos y el conocimiento que tienen de los mismos. El supuesto infiltrado no se deja ver por el barrio desde hace un tiempo. Algunas activistas reconocen haberlo tratado y que siempre se mostraba dispuesto a participar y ayudar en las acciones planificadas, si bien no solía desvelar sus opiniones y su actitud era más bien “reservada, tímida.

“Es una vergüenza escuchar del señor [Fernando] Grande Marlaska [ministro del Interior], que esta es una práctica habitual para prevenir delitos. De la actividad investigadora que ha llevado a cabo el infiltrado no se ha derivado ninguna causa judicial contra estos colectivos, pero sí habrá servido para crear un largo listado de nombres y apellidos de activistas, amplificando el trabajo que hace la Brigada de Información” de la Policía Nacional en València, han expuesto. Han acusado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez e integrado por los socialistas y por Unidas podemos, de ser progresista solo de cara al exterior.

La abogada y representante de Alerta Solidària ha ahondado en que la infiltración policial está regulada por la Ley Enjuiciamiento Criminal y prevista en casos de crimen organizado, con autorización y control judicial. En ese sentido, han recalcado que este caso no responde a “ninguna investigación judicial” y emplea “mecanismos excepcionales de lucha antiterrorista” para ejercer un “control político” de las organizaciones vecinales y obtener información política y personal de los movimientos afectados y las personas que participan en ellos.

Para los colectivos vecinales afectados, “este nuevo caso, sumado a los dos anteriores de policías infiltrados que también ha destapado la Directa en estos meses, evidencia la existencia de una operación del Estado contra los movimientos populares” que luchan por “parar los pies a un sistema capitalista que nos deja sin casa, y que nos precariza la vida hasta la miseria”.

Se trata, han aseverado, de una estrategia policial que “tiene como objetivo principal el control político de los movimientos callejeros y utiliza toda una serie de mecanismos que sobrepasan los límites legales y legítimos propios de un Estado llamado democrático”.

Han insistido en que los movimientos tampoco tiene nada que ocultar y que las asambleas y acciones son abiertas a toda la gente que quiera participar.