Sin innovación no se combate el cambio climático

La preocupación creciente por los efectos del cambio climático es hoy una realidad, después de que a las sufridas ciencias del clima y sus disciplinas colindantes les costara décadas para ver convertidas sus estadísticas en prioridades de la agenda internacional. Para avanzar en acciones a escala local, tal constatación permite lecturas optimistas, pero en términos de innovación climática, que implica diseñar y poner en práctica la anticipación de escenarios, no se puede afirmar lo mismo. Y no porque el conocimiento no exista. Pese a la actividad intensa de la academia, el problema, como señala el investigador estadounidense Edward Rubin, Premio Nobel de la Paz 2007, reside en que el mercado natural existente es limitado o nulo para la innovación en tecnologías medioambientales con vistas a reducir o eliminar la emisión de sustancias contaminantes al medio ambiente, a diferencia de la farmacia o la electrónica.

Sin un enemigo al que culpar, la responsabilidad diluida del cambio climático exige buenos datos para las decisiones inteligentes, prácticas y efectivas que impulsen políticas de incentivos, porque todos sabemos que en este reto global no bastan la buena concienciación ni voluntad individual. Cuando la innovación climática no acaba de calar en la sociedad, son más que bienvenidas las oportunidades que divulguen los avances orientados a mitigar y adaptar los efectos de la emergencia con múltiples enfoques -gestión de los recursos hídricos, agricultura, gestión forestal, turismo, educación, políticas públicas-, como lo hizo hace unos días el encuentro Innovación en la adaptación al cambio climático en el marco de la cuarta edición de las Jornadas de Investigación Universitaria sobre Cambio Climático, que impulsa la Cátedra de Cambio Climático, adscrita al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV). Dentro de las jornadas, la mesa redonda Retos y oportunidades en la adaptación al cambio climático en el Mediterráneo español dejó reflexiones interesante que suelen escapar al foco mediático sobre la importancia de la innovación en la toma de decisiones y en el desarrollo y la evaluación de las estrategias de adaptación al cambio climático.

Un recurso esencial como el agua requiere una transformación verde y digital que posibilite medidas políticas y estrategias de gestión a partir de la actividad de los centros de investigación, señaló el profesor Manuel Pulido, director del IIAMA-UPV, para implementar acciones que protejan la calidad hídrica con los principios de la economía circular como la valorización y la reutilización de las aguas residuales, con un potencial enorme pero desaprovechado; o soluciones basadas en la naturaleza que generen beneficios económicos y sociales. Transformar en agua implica modelos avanzados en inteligencia artificial y nuevas tecnologías de teledetección con sistemas de alerta de avenidas o inundaciones o empeoramiento de calidad, o herramientas de predicción climática y de demanda que optimicen el tratamiento y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Aunque desde la universidad se ha propuesto varias veces, todavía está por materializarse de forma efectiva la implantación de living labs, bancos de pruebas reales que muestren la viabilidad técnica, económica y social de los proyectos innovadores, con el reto de incorporar las incertidumbres para que las decisiones sean robustas y las métricas monitoricen los cambios cuando el uso de series históricas ya no sirve para analizar el futuro.

“Los especialistas también recomendaron dejar los discursos que deleguen las acciones pequeñas en los ciudadanos para eliminar del foco los impactos de los grandes elementos”

La adaptación al cambio climático no pasa por medidas sencillas, sobre todo en los sectores productivos, cuyos parámetros para calibrar el éxito de las acciones pasa por la posibilidad de vivir de lo que se produce, recordó Rodolfo Canet, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), centro pionero en el control biológico de las plagas. En el caso de la agricultura, donde la acción colectiva debe igualar las reglas del juego y preocupa a los productores que quien lo haga mal saque al resto de la actividad, se necesita una estrategia clara que permita cuantificar los efectos sobre los cultivos y pensar las alternativas para combatir los efectos a partir de medidas basadas en desarrollos y mejoras tecnológicas en agua y cambios varietales menos tolerantes a la salinidad, la sequía o las enfermedades y las plagas. Apostar por sustituciones de cultivos que ya se encuentran en el filo de la navaja constituye un gran punto de fricción, al combinarse las demandas ambientales y las del mercado. Sin embargo, el impacto económico será muy duro de no hacer cambios a tiempo.

“El derecho da la razón a la ciencia al pedir más rigor, no obstante, la perspectiva jurídica adolece de una reducida o nula cultura de la evaluación institucional”

Agravada por el abandono de tierras y el colapso de la ganadería extensiva, la nueva superficie forestal y urbana genera incendios muy complejos, lo que representa uno de los mayores riesgos en el Mediterráneo junto con el incremento de los megaincendios. La respuesta a estos fenómenos se llama paisajes resilientes, explicó Eduardo Rojas, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia y Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que también contribuyan a combatir la despoblación, a través incentivos por los servicios forestales, que en la actualidad no cuentan con un retorno económico similar a la PAC. En materia de bosques, la cultura de los inventarios forestales para conocer los stocks de carbono, con ciclos de diez años, no cuentan con sistemas de información aunque cuestan varios millones al año, sin embargo, los expertos demandan desde hace tiempo un seguimiento trienal de la percepción social sobre los montes o bosques, equivalente a 60.000 euros, que aportaría datos reales. La información voluminosa de los inventarios, sin inversión para su divulgación, reduce los resultados a estadísticas y los análisis a interpretaciones políticas y acaba creando una disociación entre quienes obtienen los datos y los que tienen que interpretarlos. El resultado es una información extremadamente fragmentada que no permite la evaluación de las políticas y la acción inicial de los mercados en el ámbito de la bioeconomía.

“El currículum escolar español todavía es poco permeable a adoptar la formación en cambio climático”

La mitigación y la adaptación a la emergencia climática pasa por la educación, un ámbito destinado a capacitar a las personas a asumir los cambios. Las reacciones a los mensajes recientes a cargo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el consumo de carne, con graves repercusiones en el cambio climático, reflejan la falta de información en materia climática, como indicó Anna Pons, directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV), entidad que promueve estrategias y herramientas educativas en materia ambiental y climática. Aunque la educación climática sea crucial, el currículum escolar español todavía es poco permeable a adoptar estos conocimientos, según el informe “Revisión de Contenidos sobre el Cambio Climático en el Currículo Escolar”, del colectivo conservacionista SEO/BirdLife, que manifiesta la escasa presencia a nivel curricular del cambio climático en la enseñanza primaria y las grandes diferencias en el currículo autonómico, también en la Comunitat Valenciana. Junto con la evaluación, todas las áreas, también la educación ambiental, deben integrar la comunicación para que la sociedad adquiera la capacidad de exigir que las administraciones actúen en coherencia con lo que las instituciones y las grandes organizaciones empresariales promulgan.

En plena expectación por el maná que llega de Europa, las directrices europeas orientadas a activar las políticas para combatir el cambio climático, el problema no está en los instrumentos jurídicos, sino en la práctica, señaló Andrés Boix, profesor de derecho administrativo y codirector de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València. Las microactuaciones innovadoras en las ciudades, como El Pacto por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) que describió en las jornadas el concejal de Emergencia Climática y Transición Energética en el Ayuntamiento de València, Alejandro Ramon, no amortiguan el desequilibrio que suscitan infraestructuras como el Puerto de València o la carretera CV-60, síntoma de las presiones de un sistema productivo enraizado históricamente en la obra pública. A pesar de la presiones sobre las decisiones de las administraciones públicas, “el derecho administrativo de la calle”, acuñaba Boix, gana cada vez más peso en su versión controladora, como se ve en las decisiones europeas que enmiendan la plana a gobiernos o en las mayores exigencias de los tribunales españoles con los informes de evaluación antes de que los planes se pongan en marcha. Es decir, hoy no sería posible una ZAL, como demuestra la nulidad del Pativel a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que reflejan la tendencia de exigir evaluaciones adecuadas. El derecho da la razón a la ciencia al pedir más rigor, no obstante, la perspectiva jurídica sigue adoleciendo de evaluaciones sobre las acciones que ya se han puesto en marcha, lo que denota una reducida, o nula, cultura de la evaluación institucional.

“Todavía están por materializarse de forma efectiva los bancos de pruebas reales que muestren la viabilidad de los proyectos innovadores en agua”

Los especialistas también recomendaron dejar los discursos que deleguen las acciones pequeñas en los ciudadanos para eliminar del foco los impactos de los grandes elementos, aunque tampoco debe caerse en la idea de no se puede hacer nada a escala individual y local. Denunciar la hipocresía europea de dejar exentos a los jets y vuelos de carga del impuesto al consumo de combustibles no puede ser excusa para eliminar la necesidad de que en el día a día cada persona deba ser coherente con sus acciones. Las familias tampoco pueden héroes para asumir el cambio climático, jugándose la vida para ir en bicicleta por vías inseguras en las que todavía se prioriza al automóvil. Las administraciones deben establecer un marco de incentivos y de desarrollo de actividades privadas que haga fácil adoptar conductas sostenibles y que haga muy difícil las que no deben hacer. Aplicar el sistema fiscal puede ser una de las soluciones, pero no la única. Pero, sobre todo, que tomen nota los gestores públicos: las decisiones adecuadas de los ciudadanos tienen que ser respaldas por las administraciones. Porque innovar también es llamar la atención sobre la urgencia de tener políticas consecuentes.