La semana ‘horribilis’ de Ximo Puig

La reunión que mantuvo en Madrid el pasado lunes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, con el embajador británico, Hugh Elliot, inauguró una semana azarosa para el titular del Consell. Semana que culminó con la crisis desatada en el ámbito sanitario por el anuncio de la no renovación de contratos a más de tres mil profesionales que, junto a otros, han reforzado las plantillas de la sanidad pública valenciana en los momentos más duros y exigentes de la pandemia.

Nadie puede reprochar los esfuerzos de Puig por tratar de lograr que la Comunidad Valenciana, como destino turístico preferencial de los ciudadanos británicos, sea contemplada por el gobierno de Boris Johnson como un territorio con una situación epidemiológica segura y bajo control que no debe ser sometida a restricciones/penalizaciones. Con una incidencia acumulada de 32 casos por cada 100.000 habitantes, parece ilógico que el Reino Unido no discrimine positivamente a esta autonomía respecto a otras regiones españolas con parámetros pandémicos más inquietantes.

¿Nadie puede reprochar? Alguien, sí. En el departamento de Asuntos Exteriores que dirige la ministra Arancha González Laya hubo sus más y sus menos – en román paladino, cabreo- con la iniciativa del presidente valenciano. En el Palacio de Santa Cruz -sede del Ministerio- no se ha entendido por qué el titular del Consell no reclamó a la ministra actuar ante el Gobierno de Reino Unido -de ministerio a ministerio- en lugar de hacerlo por su cuenta. Si el departamento de Asuntos Exteriores está haciendo lo propio respecto a la defensa de los intereses turísticos de Baleares y Canarias, con incidencias acumuladas superiores a la valenciana -39 y77, respectivamente- , va de suyo que incluya a la Comunidad Valenciana en el grupo de autonomías sanitariamente seguras para los súbditos de su Graciosa Majestad. Pregunta al revés: ¿no se le ocurrió a ningún alto funcionario del Ministerio poner en valor ante el gobierno de Reino Unido que la Comunidad Valenciana, con el turismo como su principal industria, presenta desde hace meses los mejores datos epidemiológicos de España y buena parte de Europa? Lo peor, con todo, es el pobre resultado del encuentro con el embajador: Elliot sacó de paseo sus dotes diplomáticas, dijo que la Comunidad Valenciana es una tierra “muy querida por los británicos”, con la que existen “lazos profundos”… pero no se comprometió con Puig a que su Gobierno levante o aligere las restricciones que ha impuesto a los ciudadanos británicos que nos visiten, aunque nuestros datos epidemiológicos sean mejores que los suyos y la cepa india no circule por el Mediterráneo valenciano con la presteza que lo hace por territorio británico. En el fondo y en la superficie lo que el gobierno de Boris Johnson quiere es que sus ciudadanos se queden dentro de sus fronteras y hagan allí el gasto vacacional. El Brexit también es esto.

Mientras Ximo Puig departía amablemente con el diplomático británico, a poco más de cuatro kilómetros de distancia decenas de regantes de Alicante, Almería y Murcia con sus tractores, camiones y una cosechadora -como una versión actualizada de “Novecento”- se concentraban frente a la madrileña sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Protestaban por el cambio de reglas de la explotación del trasvase Tajo-Segura, anunciado fechas antes por Teresa Ribera, la ministra del ramo y vicepresidenta cuarta del Gobierno de España. Con ministras socialistas tan “amigas”, Ximo Puig y el Gobierno Valenciano van bien servidos. Empieza una nueva edición de la “guerra del agua” entre territorios, con infinidad de matices técnicos difícilmente entendibles por los legos en la materia, susceptible, eso sí, de ser utilizada como arma arrojadiza política. El PP valenciano, con el alicantino Carlos Mazón a la vanguardia, no va a soltar este hueso que, una vez más, amenaza con convertirse en un potente reclamo electoral a favor de la derecha valenciana y en contra de los partidos que integran el Consell. Atendemos expectantes a la estrategia que vaya a desplegar el Gobierno valenciano para desactivar este nuevo frente abierto en el sur de la Comunidad, mientras el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, tan barón socialista como Ximo Puig, observa con deleite ver satisfechos sus intereses y los de sus regantes. ¿Nadie se planteó en el ministerio la posibilidad de una reunión con ambos presidentes autonómicos -Puig y Page- para evitar tensiones y oposición a los planes ministeriales avalados por el Consejo Nacional del Agua?

Con este panorama resulta sorprendente que a Ximo Puig aún le quede ánimo para cerrar filas con Pedro Sánchez y el Gobierno de España en apoyo a la política de indultos a aplicar a los presos independentistas. Otros líderes socialistas, empezando por el propio García Page, el extremeño Fernández Vara, o el aragonés Javier Lambán, se han desmarcado, convencidos, a la luz de las encuestas, de que los indultos no darán votos a las siglas socialistas y sí problemas en el corto y medio plazo. La vía federalista defendida por Puig aboga por el entendimiento con los soberanistas catalanes, por reconducir el conflicto sobre la base del diálogo y la negociación. Muy seguro debe estar de que al otro lado, en el nuevo gobierno de la Generalitat catalana, hay alguien dispuesto a arremangarse y hablar sin apriorismos ni maximalismos. La empresa demoscópica GAD3 realizó una consulta de ámbito estatal en octubre de 2020 y el resultado era muy esclarecedor respecto a los indultos: entre los votantes socialistas la medida de gracia inspiraba un rechazo del 61 por cien. Curioso que ni Puig ni otros dirigentes de alto rango proclives a la negociación con los independentistas se hayan puesto a la faena negociadora con un órdago que muchos en las filas socialistas hubieran entendido mejor que quemarse otorgando unos indultos sin recibir nada a cambio. Ni tan siquiera las gracias. El órdago: pactar los indultos y la reactivación inmediata de la llamada Mesa de Diálogo a cambio de forzar la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana, con un vicepresidente de ERC. Al fin y al cabo, el ex ministro de Sanidad fue el ganador de las recientes elecciones en la comunidad vecina.

La semana culminó con Ximo Puig teniendo que defender desde la tribuna de las Cortes Valencianas la gestión sanitaria de la pandemia llevada a cabo por su gobierno, enturbiada en los últimos días al hacerse público que más de 3000 trabajadores contratados en el punto álgido de la crisis sanitaria -aplaudidos cada tarde a las 20 horas durante el confinamiento- no verían renovado su contrato. Anunció Puig que la “inmensa mayoría” de los afectados “volverán a ser contratados” con cargo a la partida destinada a reforzar las plantillas sanitarias en temporada estival. Cuando el Presidente del Consell en persona tiene que salir a defender la gestión de un departamento, deshacer los entuertos informativos que desde allí se generan, y contrarrestar las opiniones adversas, es que algo no funciona muy bien. Lo dicho, semana “horribilis” de Ximo Puig.