El cronograma de Ximo Puig tras el 4-M

Con el mismo énfasis que desde el espacio conservador se esfuerzan sus dirigentes por extrapolar al resto de España las tendencias apuntadas por las elecciones madrileñas del 4-M, se emplean los líderes del ámbito de la izquierda por negar dicha proyección. Unos y otros hacen interpretaciones sesgadas, ad hoc, contaminadas por esa ceguera que convierte en hooligans a quienes, fuera del ámbito político, serían, probablemente, ciudadanos competentes para hacer pronósticos más ajustados a la realidad.

Dicen que decía Winston Churchill que el político “debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”. Añado yo: y de hacerlo sin sonrojarse y sin temer que la hemeroteca ponga en evidencia la fatuidad de sus dictámenes.

La Comunidad Valenciana no ha sido ajena a este trasiego de lecturas e interpretaciones del 4-M. Veamos. En el PP la euforia por el triunfo de sus colegas madrileños se ha visto empañada por el relevo de liderazgos y la apertura de un proceso congresual que culminará el próximo 3 de julio. Con todo, la marcha de Isabel Bonig y la irrupción de Carlos Mazón como su más que probable sustituto no han neutralizado los aires optimistas insuflados desde el centro de España. Los populares valencianos dan por hecho que los más de 470.000 votos registrados por Cs en las elecciones autonómicas de 2019 virarán en número alto su orientación hacia el PP, que Vox defenderá su posición electoral, aunque sin experimentar crecimiento, y que un puñado de votantes del PSPV-PSOE pasará factura a estas siglas por la decepción con Pedro Sánchez, el pacto de Gobierno con Unidas Podemos, y las alianzas con ERC y Bildu, recluyéndose en la abstención o votando al PP. Por primera vez desde 2015 existe en el PPCV la sensación de que desalojar al Gobierno del Botánico es improbable, pero posible. No extrapolaron con tanta ligereza cuando el pasado mes de febrero el PP obtuvo sus peores resultados en las elecciones catalanas.

En la otra orilla, ámbito socialista, el discurso oficial emula a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando dijo aquello de que no se pueden sumar manzanas y peras; o sea, ¿qué tiene que ver Madrid con la Comunidad Valenciana? Pues la misma similitud que con Cataluña, y bien que sacaron pecho cuando Salvador Illa ganó, aunque perdiendo, en los recientes comicios catalanes. En clave interna, sin embargo, la lectura hecha en el PSPV-PSOE del 4-M es menos displicente y más cauta, admitiendo, además, la distorsión en las previsiones que provoca el factor Carlos Mazón y el nuevo sello que este quiera imprimir a la labor del primer partido de la oposición.

El presidente del Consell y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, tiene su propio cronograma para esta segunda fase de la legislatura autonómica, cuya fecha de caducidad depende en exclusiva de su decisión. Sus prioridades son: coronar con éxito la campaña de vacunación de la que depende, a su vez, el éxito de la inminente temporada turística estival y el resurgir de un sector magullado por la pandemia y vital para la economía valenciana. En paralelo, con tasas de vacunación defendibles, relajar lo máximo posible las restricciones y limitaciones para que el optimismo social, aliñado con la celebración de fiestas tradicionales y eventos varios, se extienda por toda la autonomía antes del próximo otoño.

Las previsiones para afrontar el colapso económico derivado de la pandemia caen del lado de los más de 8.000 millones de euros, a los que aspira la Comunidad Valenciana, procedentes de los fondos de recuperación aprobados por la UE.

Pocas alegrías más, si es que la cantidad citada llega y lo hace pronto, porque en materia de financiación seguimos como siempre: mal y sin perspectivas de que en los próximos meses se abran las negociaciones para un nuevo modelo de financiación autonómica que releve al territorio valenciano de ser la autonomía peor financiada de todo el Estado.

En octubre, la Comunidad Valenciana acogerá la celebración del Congreso Federal del PSOE que dará paso, unas semanas después, a otro congreso, el del PSPV-PSOE. Ximo Puig se presentará a la reelección como secretario general sin que en el horizonte se atisbe competencia a su candidatura. A partir de ese momento, Puig deberá decidir si adelanta elecciones o prolonga la legislatura hasta su ocaso oficial. La tesis que manejan miembros de su equipo en Presidencia es que, en esta ocasión, el Presidente no hará coincidir las elecciones autonómicas con las generales. Si en 2019 las marcas PSOE y Pedro Sánchez añadían valor, ahora, dos años después, la sensación es

justo la contraria. Lectura de los resultados madrileños.

Expectativas positivas ha provocado en las filas de Compromís el resultado obtenido por la candidatura de Más Madrid. La formación de Iñigo Errejón, con su marca nacional Más País, ya formó coalición con Compromís en las elecciones de noviembre de 2019. Con unos resultados más que discretos entonces, el éxito en Madrid ha espoleado ciertos movimientos para tratar de conformar una nueva plataforma electoral –”a la izquierda del PSOE y a la derecha de Podemos”, dicen- integrada por Más País, Compromís, Adelante Andalucía y Catalunya en Comú, de momento. El objetivo: aniquilar a Podemos, absorber su masa de votantes y posicionarse como una fuerza de izquierdas promotora de una agenda reformista que se ha visto devaluada por la irrupción de la pandemia. Conseguir que la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz se sume forma parte de su incipiente hoja de ruta.

Desde las filas de Podemos en la Comunidad Valenciana la discreción se ha impuesto tras el 4-M y el abandono de Pablo Iglesias del escenario político. La pregunta que se hacen sus dos sectores, liderados por las diputadas autonómicas Pilar Lima y Naiara Davó, es si la formación sobrevivirá al liderazgo de Iglesias y si será capaz de recuperar a los miles de votantes que han migrado su voto bien a la abstención, bien a otras siglas.

Seis años y un día

La detención, entre una camada de políticos y empresarios, de Rafael Rubio (PSPV-PSOE) y Alfonso Grau (PP) el pasado jueves por su presunta participación en una trama urbanística de cobro de mordidas tiene dos efectos inmediatos, a cual más negativo. El primero, que sus adscripciones partidistas refuerzan ese mensaje tan simplista y equívoco de “todos los políticos son iguales”, enunciado que alimenta la desafección hacia los asuntos públicos y ceba opciones políticas con objetivos espurios.

El segundo, que seis años de esfuerzo para revertir la llamada “hipoteca reputacional” de la Comunidad Valenciana, se han volatilizado en un día. De nuevo esta tierra pasa a ocupar, como dice un buen amigo, las páginas de tribunales.