La ministra Ione Belarra ‘reinaugura’ un edificio de viviendas sociales en Valencia que lleva 10 años cerrado

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, dedicó ayer su primer acto institucional fuera de Madrid desde que asumió el cargo el mes pasado, a visitar un edificio de viviendas protegidas en el centro de València para conocer las políticas del Consell, que ve como un referente a nivel estatal y “enormemente avanzadas, ambiciosas y valientes”. Acompañado por Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente valenciano y consejero de Vivienda, también de Podemos, la ministra reinaguró este edificio de nueve viviendas de la calle Murillo que la Consejería acaba de reparar en la calle Murillo 38 de Valencia, con una inversión de 390.000 euros.

El edificio fue acabado hace 10 años y así ha permanecido hasta ahora. Por el camino fue vandalizado, okupado y tapiado. Este proyecto, según Dalmau, contrasta con la situación “absolutamente dramática” que dejó el PP en la Comunidad Valenciana cuando salió del gobierno en 2015. Ahora se iniciará el proceso de asignación de las viviendas, que se destinarán a alquiler asequible, en la que se priorizará a aquellos colectivos con mayores dificultades, como víctimas de violencia de género, personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria y personas con discapacidad, entre otros.

Belarra se abrió a introducir en las competencias estatales la compra de vivienda mediante los derechos de tanteo y retracto, como ya hace la Generalitat Valenciana, con el objetivo de ampliar el parque público destinado al alquiler.

De cara a la Ley de Vivienda, actualmente en negociación, su objetivo es “imitar” algunas de las medidas de la Generalitat e incluir “por supuesto” la regulación del alquiler para controlar que no los precios suban demasiado en las zonas más tensionadas, algo que “también podrían aplicar las comunidades autónomas”.

Es algo que viene defendiendo su partido, Unidas Podemos, por lo que la titular de Vivienda ha hecho hincapié en que el PSOE debe “cumplir con el acuerdo de gobierno”.

Otra de las políticas que ve posible replicar es la prohibición o limitación muy extensa de los desahucios sin alternativa habitacional, así como la de exigir corresponsabilidad a los grandes propietarios de vivienda si tienen muchas propiedades vacías. “Tienen que hacer un esfuerzo y se tiene que penalizar”, ha recalcado, por ejemplo con recargos en el IBI que es una de las opciones que baraja.

Para Belarra, los objetivos en materia de vivienda son comunes en el Gobierno y en la Generalitat, sobre todo el de ampliar el parque público de vivienda destinado al alquiler para ayudar a los jóvenes que tienen difícil emanciparse.