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Los comunes reprochan al Govern el “desbarajuste” de informes sobre el Hard Rock

El PP se suma a la petición de comparecencia de Paneque por “ocultar” el cálculo de las posibles indemnizaciones

La líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, este miércoles en el Parlament.
La líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, este miércoles en el Parlament.

Los comunes, el Partido Popular y el Govern de Salvador Illa han vivido este miércoles en el Parlament un encontronazo a propósito del megacasino del Hard Rock (en Tarragona), que precipitó el fin de la última legislatura y no deja de provocar sobresaltos en esta nueva etapa. La líder del grupo parlamentario de los comunes, Jéssica Albiach, ha aprovechado la sesión de control al president para anunciar que pedirán la comparecencia de la consejera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ante el “desbarajuste” de informes que envuelven el proyecto recreativo, que ahora mismo aguarda la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) y la decisión final de sus promotores. El portavoz popular Juan Fernánez ha hecho lo propio poco después al acusar al Govern de ocultar información sobre las indemnizaciones y deslizar que se ha vulnerado el reglamento de la Cámara en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública.

Albiach, en un tono enérgico, ha pedido tanto la comparecencia de Paneque como la del director de políticas ambientales para aclarar el desaguisado de informes ambientales “que van y vienen” en torno al proyecto. “La ciudadanía no entiende esta opacidad y por qué no se habla claro”, ha lamentado. El complejo se ha puesto esta semana en el centro del debate al trascender que, en una respuesta a la CUP y al PP, el Govern ocultó parte de un informe jurídico sobre el futuro del Hard Rock, que había publicado este diario, que estimaba que poner fin al proyecto podía suponer en el peor de los escenarios entre 37 y 50 millones de indemnización. El documento global tenía 92 páginas pero el Govern solo facilitó 37 omitiendo el anexo en el que figuraban esas sumas. El Govern ha pedido repetir el informe medioambiental sobre el proyecto, un documento que la anterior administración de Pere Aragonès redactó pero no firmó de manera oficial, informa El Periódico de Catalunya.

Tras convertirse el PSC en el firme valedor del macrocasino -condicionó dos presupuestos a su continuidad-, el Govern se ha visto obligado a hacer equilibrios para cumplir los acuerdos de investidura. Los comunes y ERC le forzaron a modificar la fiscalidad al alza la fiscalidad del complejo y romper su traje a medida. Illa no ha tenido tiempo en la sesión de replicar a Albiach pero si a Laia Estrada (CUP). “¿Qué intereses está protegiendo hasta el punto de mentir sobre las supuestas indemnizaciones en el caso de que no se construya el Hard Rock?”, se ha preguntado la diputada que ha acusado después al Ejecutivo de “mentir, tergiversar, manipular y ocultar información”. “El gabinete jurídico dice que no es necesario indemnizar. Dicen que tienen un compromiso en el territorio del Camp de Tarragona porque, claro, ustedes en la Costa Brava no lo quieren poner. El Hard Rock no ayuda al territorio. Es una taberna para que vengan los guiris. Entiérrenlo de una vez”. le ha espetado Estrada.

El president Salvador Illa, en un momento de la sesión de control.
El president Salvador Illa, en un momento de la sesión de control.Quique García (EFE)


Visiblemente enojado, Illa ha replicado que el Govern “no miente” y que defiende “el interés general”. “Hemos cumplido con las excepciones fiscales: respete mi opinión y las opiniones diferentes y mire el apoyo que tienen las suyas”, ha apuntado en alusión a que la CUP carece de diputado por Tarragona así como tampoco lo tienen los comunes. En medio de la polémica, ha trascendido que la consejería de Territorio ha solicitado un nuevo informe medioambiental sobre el complejo. El Govern de Pere Aragonès ya disponía uno con un resultado que advertía del impacto negativo pero que nunca llegó a firmarse de manera oficial y ahora Paneque ha pedido otro a los mismos técnicos que lo elaboraron y permanecen en la consejería.

Tras anunciar que reclamará al Govern el anexo, el PP ha acusado al Govern de ocultar de “de forma deliberada” la parte del informe jurídico que hacía referencia a la eventual responsabilidad patrimonial del Ejecutivo, que era justo la pregunta de su diputado. “Nos han dado información troceada. Un informe no son solo las primeras paginas sino todo a su conjunto”, ha dicho Juan Fernández que ha recordado que Illa en la campaña electoral estaba a favor del Hard Rock y que ahora solo pone ”palos en las ruedas”. “El Govern busca dilatar el proceso. Tiene que descedirse porque se lo ha ordenado ERC y los comunes para que los promotores se cansen. Queremos que digan claramente si estan a favor o no: si es que si que hagan trámites y si es que no que lo reconozcan”, ha zanjado. El PP cree que la manera como se ha presentado la información viola las condiciones establecidas en el reglamento de la Cámara sobre el derecho de los diputados a acceder a la información pública, pues en su petición se remarcaba claramente que querían conocer las posibles responsabilidades económicas derivadas del megacasino.

En la sesión, ERC ha vuelto a reprochar a Illa incumplimientos como el de haber anunciado que este enero se celebraría la junta de seguridad para que los Mossos puedan asumir el control de puertos y aeropuertos. La consejera Núria Parlon avanzó este lunes que sería en septiembre. “Le pedimos celeridad. La Ertzainza ya lo hace desde el pasado día 3”, ha recalcado Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC. Illa ha afirmado que se realizará lo antes posible pero ha insinuado que no será inmediato: “Tiene mi compromiso de que se hará con el minimo tiempo posible. Pero la Ertzainza ha tardado ocho meses en asumirlo desde que se alcanzó el acuerdo”.

Junts tiende la mano al Govern para pactar 500 millones de inversión

Junts per Catalunya ha tendido la mano este miércoles al Govern para aprobar un paquete de medidas económicas urgentes por valor de unos 500 millones de euros. Illa está negociando ampliaciones de crédito con sus socios, ERC y los comunes, y Junts ha abierto la puerta a liderar esta iniciativa registrando un proyecto de ley por lectura única. En su respuesta en la sesión de control, Illa ha afirmado que estudiará la propuesta y que negociará siempre y cuando no contradiga los acuerdos de investidura. "De aquí no me moveré", ha alertado..

Albert Batet, presidente del grupo de Junts, ha alegado que el Ejecutivo está paralizado y que está anunciando planes por valor de 20.000 millones de euros sin contar con presupuestos. Illa ha rebatido esa lectura y ha asegurado que e Govern está dando pasos con esos dos planes y con proyectos como el de municipios rurales, el del amianto o el de la revisión del sistema de salud. "¿Qué harán ustedes? ¿Harán su aportación? No creo que sea el caso pero a veces da la impresión de que se alegran de que no haya prsupuestos", ha señalado. La proposción de ley de Junts cuenta con siete artículos: los más importante contempla invertir 400 millones en vivienda y en actualizar los módulos de la educación concertada por un valor de 50 millones de euros. El documento prevé también aumentar las tarifas del sector social (sin cuantificar); 20 millones para el pacto nacional de salud mental; siete para la atención integrada social y sanitaria y 20 para investigación.



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