Jéssica Albiach: “La ciudadanía ya podrá ir a una oficina en Cataluña y denunciar el uso fraudulento del alquiler”

Comunes insta a la ciudadanía a acelerar las denuncias contra los abusos en el alquiler. Un día después de acordar con el Govern el régimen sancionador en materia de vivienda, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha señalado este martes que los rentistas ya tendrán la posibilidad de trasladar a la Agència Catalana de Habitatge los atropellos de los propietarios una vez que el Consell Executiu apruebe hoy las sanciones, que pueden alcanzar los 900.000 euros. “El régimen sancionador ya será efectivo y la ciudadanía ya podrá actuar”, ha señalado en una entrevista en Ser Catalunya, donde ha insistido en la necesidad de poner en marcha un cuerpo de cien inspectores para combatir el fraude.

El Govern aprobará este martes en el Consell Executiu (la reunión semanal con todos los consejeros y el presidente de la Generalitat) un decreto ley que entrará en vigor el miércoles y deberá obtener la luz verde del Parlament en un periodo de un mes. Las negociaciones entre partidos aceleraron a lo largo del fin de semana para alcanzar un acuerdo antes de finales de mes, como exigía Albiach. “Era el paso imprescindible para seguir negociando nuevas medidas sin presupuestos”, ha señalado la líder, que da por lógico el apoyo de ERC a la futura votación parlamentaria. “No tenemos ninguna confirmación, pero si se trata de avanzar en materia de vivienda, creo que ERC ha demostrado cierta sensibilidad. En vivienda no cabe el partidismo”.

El régimen sancionador prevé multas de entre 9.000 y 900.000 euros según la casuística. Serán muy graves (entre 90.001 y 900.000 euros) los siguientes casos: si el casero fija un alquiler a un precio que supere en un 30% lo que marca el índice oficial, si en un contrato de alquiler de temporada no consta la finalidad de la provisionalidad o si el propietario o la agencia inmobiliaria cargan los gastos de gestión a los inquilinos. Serán faltas graves (entre 9.001 y 90.000 euros) los casos en los que el casero suba el precio menos de un 30% o no conste en el contrato o los anuncios el coste del anterior contrato.

Albiach, que ha celebrado el acuerdo, pero a su vez ha asegurado que “llega tarde”, ha reclamado también que el Govern active un cuerpo de cien inspectores para combatir el fraude. “El Govern tiene que ser también proactivo. Las personas que sufran abusos tienen que denunciar, pero a la vez necesitamos un cuerpo que actúe de forma autónoma”. Según la líder de los comunes en el Parlament, el Ejecutivo de Illa ya cuenta en activar a este equipo de inspección en los próximos meses. “Es un dos por uno”, ha compartido.

Sobre la posibilidad de que algunos propietarios retiren sus pisos del mercado, Albiach ha señalado que la ley no tiene una voluntad recaudatoria, sino que busca evitar el fraude: “Algunos alquileres convencionales usaban el alquiler de temporada para aumentar los precios; y eso es lo que no puede ser. El alquiler de temporada está bien cuando se usa bien”.