Fiscalidad, turismo y ciudad

El debate en torno al turismo se ha erigido en uno de los temas centrales de las últimas décadas, inseparable de las dinámicas de globalización, y estrechamente ligado a cuestiones como la vivienda, el cambio climático, la irrupción tecnológica o la desigualdad. El turismo es un motor económico de primera índole, y en ciudades como Barcelona representa un 14% del tejido empresarial, da empleo a 150.000 personas y contribuye a sostener sectores como el comercio, la restauración o una parte importante de la oferta cultural.

Pero las proyecciones globales de demanda son expansivas: un informe reciente de Google apunta que los 1.400 millones de personas que viajaron en 2019 en todo el mundo serán 2.400 en 2040. Ello implica, especialmente para las ciudades, que el turismo seguirá generando presión sobre sus tramas urbanas y recursos, por lo que es imprescindible que puedan dotarse de instrumentos que hoy no están debidamente dimensionados para dar respuesta a esta realidad.

Junto con los mecanismos regulatorios y urbanísticos que afectan a los alojamientos turísticos, al tejido comercial, las infraestructuras o los espacios públicos, la fiscalidad gana peso como instrumento esencial para la gestión, no sólo porque incide en la oferta y la demanda, sino porque permite que el turismo contribuya corresponsablemente a financiar servicios públicos como la limpieza, el transporte o la seguridad, que se ven sobrecargados por el uso que hacen de ellos los visitantes.

Tras haber elevado en octubre el recargo sobre el impuesto turístico hasta su máximo legal permitido –un límite que intentaremos modificar vía parlamentaria--, en la propuesta de ordenanzas para 2025 planteamos nuevas medidas fiscales, como el incremento del IBI a establecimientos de ocio y hoteleros de mayor valor catastral y que han experimentado en los últimos años importantes crecimientos en el valor de sus activos inmobiliarios.

Queremos aumentar asimismo el precio de estacionamiento de los autocares turísticos, o el tipo impositivo de IBI de los Bienes de Infraestructura de Características Especiales (BICE), que afecta al conjunto de la actividad portuaria, la regasificadora y túneles de peaje.

Creemos que estas iniciativas suponen un avance significativo en materia de autonomía fiscal, y permiten en su conjunto mantener congelada la presión impositiva sobre la ciudadanía. Sólo la tasa de residuos se verá afectada por un incremento de aplicación progresiva, derivado del cumplimiento del nuevo marco legal, que obliga a que el importe recaudado cubra la totalidad del coste de su recogida y tratamiento.

Junto con la adaptación de otras medidas de fiscalidad ambiental, se incorporarán también bonificaciones para facilitar el aterrizaje de inversión en la ciudad y favorecer así la diversificación económica.

El despliegue de todas estas medidas fiscales busca dotar a la ciudad de más recursos sin que ello afecte a las economías familiares ni a la pequeña y mediana empresa, y permitirá mantener al Ayuntamiento en la estela de mejora financiera constante, que se ha visto recientemente reconocida con la calificación A por parte de EthiFinance Ratings.

Jordi Valls es teniente de Alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo