Casi todos los municipios catalanes pueden tener amianto y hay dificultades para retirarlo

Casi todos los municipios de Cataluña pueden tener amianto y tienen muchas dificultades para retirarlo, según la Sindicatura de Greuges, que ha hecho un informe sobre el tema y pide al futuro ejecutivo catalán que avance en tener un marco normativo claro y exhaustivo. La presencia de amianto en el entorno es un grave problema laboral, ambiental y de salud pública y, aunque se prohibió su uso el año 2002, Cataluña aún tiene una gran presencia de este mineral en su territorio, en cubiertas de edificaciones, depósitos de agua o cañerías, entre otros espacios.

La Generalitat hizo público el primer censo de cubiertas de fibrocemento en abril de este año y, según los resultados, 945 de los 947 municipios de Cataluña tienen cubiertas de este tipo, con probable contenido de amianto. El informe de la Sindicatura, hecho público este lunes, expone que hay que continuar el trabajo para tener un marco normativo legislativo “claro y exhaustivo”, más allá de la disposición adicional 14 de la Ley 7/2022 del Estado sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta ley traslada a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario de retirada, con un plazo hasta abril de 2023 para finalizar la identificación y calendarización de la retirada. Hasta ahora, sin embargo, solo 259 municipios (27 % del total) disponen del censo y, de estos, solo 27 (2,9 % del total) tienen un calendario de retirada.

La Sindicatura de Greuges ha apelado a la cooperación entre las administraciones, de manera que los entes supramunicipales den apoyo activo a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, en esta tarea de identificación y retirada. El informe recuerda que la normativa existente está centrada en las previsiones de seguridad y salud laboral cuando se manipula o se retira el amianto, un “planteamiento correcto, pero que no es suficiente y que hay que ampliar la perspectiva a la protección del medio ambiente y a la salud pública de las personas que están expuestas a este contaminante”, según se indica en la nota de la Sindicatura.

En cuanto a los planes para retirar el amianto, la institución pide valorar “de forma muy exigente” el uso de técnicas alternativas a la retirada definitiva, sobre todo “porque supone aplazar la solución del problema y trasladarla a las generaciones futuras, lo que perpetúa el peligro por exposición”. También se insiste en la necesidad de dar prioridad, en la eliminación del amianto, a los emplazamientos en los que pasan más tiempo colectivos vulnerables, como niños y adolescentes, que pasan mucho tiempo en escuelas, polideportivos, parques u otros espacios con gran concurrencia pública.

El informe de la Sindicatura de Greuges recomienda, mientras no se haga efectiva la retirada total, que se hagan pruebas más allá de inspecciones visuales para confirmar que el material no requiere una intervención inmediata. Ha recordado que una buena parte del amianto se encuentra en propiedades privadas, por lo que es “imprescindible” contar con la colaboración ciudadana para conseguir erradicar este contaminante. Por todo ello, en el informe también se pide a las administraciones que convoquen ayudas para la retirada del amianto que “proporcionen información clara y completa a la ciudadanía y a los ayuntamientos y que se aseguren de que las ayudas que se conceden se paguen de manera ágil y puntual”.

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