Los cuatro ‘ultras’ condenados por apalear a un manifestante independentista piden la amnistía

Los cuatro ultraderechistas condenados por apalear a un joven independentista en octubre de 2019 en la plaza Artós de Barcelona han pedido que se les aplique la ley de amnistía. La Audiencia de Barcelona, que está en proceso de revisar la condena a tres años y medio de prisión impuesta a cada uno de los agresores, preguntó a las partes si debía presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. En un escrito dirigido al tribunal al que ha accedido EL PAÍS, uno de los condenados —le seguirán el resto en los próximos días— ha solicitado, en cambio, que se aplique la medida de gracia para garantizar la “igualdad” y porque perdonar a personas de “ideología antagónica” refuerza el propósito de “reconciliación” que proclama la norma.

Los hechos ocurrieron la noche del 17 de octubre de 2019, durante una de las protestas multitudinarias del independentismo contra la sentencia del procés que acababa de dictar el Tribunal Supremo. En la plaza Artós, en la zona alta de Barcelona, se había convocado esa misma noche una concentración de signo contrario. Al finalizar esa protesta, los ultras salieron a la caza de independentistas. Y se encontraron con un joven que provenía de la manifestación independentista de los Jardinets de Gràcia. Los condenados apalearon al joven hasta tumbarlo en el suelo y, una vez allí, le propinaron patadas en el cuerpo y en la cabeza hasta reventarle el tímpano.

Uno de los agresores tenía menos de 18 años y fue condenado por un juzgado de menores. Los otros cuatro fueron condenados más tarde a tres años y medio de cárcel por un delito de lesiones con agravante de superioridad. La sentencia, dictada en septiembre de 2023, concluye que el joven fue agredido por motivos discriminatorios y que los ultras “se pusieron de acuerdo” para “buscar a personas independentistas y antifascistas para agredirlas”; iban, de hecho, armados con palos y barras de hierro.

La ley de amnistía contempla el perdón, entre otras cosas, de todos los actos que “acreditan una tensión política” en Cataluña como consecuencia del proceso independentista. La norma se pensó inicialmente para buscar un alivio judicial a los cientos de jóvenes que participaron en manifestaciones contra la sentencia del procés y fueron investigados, procesados y condenados por delitos como desórdenes públicos o atentado a agentes de la autoridad. Pero tanto los jueces como los abogados defensores han visto que dentro de ese paraguas de la “tensión política” pueden entrar otros casos que inicialmente no estaban en la mente del legislador.

La condena fue recurrida por los abogados de los cuatro condenados. Ahora, tras recibir el escrito de la Audiencia de Barcelona, han empezado a solicitar que sus clientes sean beneficiarios de la amnistía. Entre otras cosas porque los hechos de esa jornada “se enmarcan claramente en las consecuencias derivadas” de la sentencia del Supremo contra los líderes del referéndum independentista del 1-O, expone el escrito del abogado Javier Rodrigálvarez. La agresión por la que fueron condenados los ultras “se encuentra materialmente conexa con el proceso independentista catalán”, agrega, incluso aunque fuese “cometida por personas de ideología antagónica”. Rodrigálvarez pide que se dé a la ley la “interpretación más favorable al reo” y concluye que excluir a los cuatro condenados de la medida de gracia sería una decisión “arbitraria e injustificada”.

Si la premisa de la ley, razona el escrito, es la “reconciliación social y política”, entonces “los actos de violencia de personas de ideología antagónica a la independentista” deben ser también amnistiados. La decisión puede “ayudar a cerrar heridas sociales y a pacificar el ambiente político” y “contribuye a un enfoque más integral de reconciliación”. Si la Audiencia de Barcelona no aplica la amnistía al caso “se produciría una quiebra del principio de igualdad y no discriminación”, advierte el letrado. La defensa plantea un escenario alternativo: si los jueces deciden no aplicar la amnistía, deben elevar en su opinión una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional “por una flagrante quiebra del principio de igualdad”.

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