Sin techo y con Fórmula 1
Ningún ayuntamiento debería eludir sus responsabilidades, aunque sea mejor presentar una ciudad con el árbol de Navidad más alto de Cataluña o dejar que los monoplazas recorran el Passeig de Gràcia
El 17 de junio de 1992 abrió sus puertas el centro Abraham, pensado para que cristianos, judíos y musulmanes –y también los budistas, aunque el profeta les pillase un poco lejos poco– compartieran un lugar de oración. El ecumenismo cobraba fuerza con los Juegos Olímpicos y con Pasqual Maragall, que creía más que Juan Pablo II en el diálogo interreligioso. La ilusión duró poco. Con los años ocurrió lo propio en este país: el centro en cuestión pasó a ser la parroquia Abraham, dependiente del arzobispado de Barcelona.
Poco a poco, desde hace unos cinco años, los soportales del templo ya católico se llenaron de sintecho. Hasta que, el pasado 31 de mayo, los 11 ocupantes de los porches fueron desalojados pacíficamente por los Mossos d’Esquadra. Otros templos, como la parroquia de Santa Anna de Barcelona, prefieren acoger a los sintecho. Pero en la casa de Abraham de la Vila Olímpica no cabía todo el mundo. Inmediatamente después del desalojo de los soportales, se instalaron verjas a medida para evitar que volvieran a poblarse. Aunque cada vez queden menos ovejas en el redil, hay que mantener muros para preservar al rebaño selecto.
Este fue el Pla Endreça del arzobispado, en paralelo al que desarrolla el Ayuntamiento de Barcelona desde mayo del año pasado. Según la Fundació Arrels, esa actuación municipal se ha traducido en que “echan a las personas que viven en la calle de donde pernoctan o están normalmente”. En 2023, había en la capital catalana 1.384 sintecho: desde jóvenes hasta personas con problemas de salud mental u orgánica. Arrels censura que “amenazar con tirarles pertenencias o echarlos sin previo aviso, mojar a los que están descansando en la calle, tirar a la basura sus mantas cartones, documentación o el móvil son algunas de las actuaciones policiales y de los servicios de limpieza”.
El tiempo ha hecho coincidir esas denuncias con el cierre del centro Can Bofí Vell, de Badalona, que albergaba hasta a 45 personas y tenía un comedor para medio centenar. El Ayuntamiento la localidad vecina a Barcelona dejó de pagar las facturas y, desde 2021, la cooperativa gestora había acumulado una deuda de 1,7 millones de euros. La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, y el alcalde Xavier García Albiol tenían previsto reunirse a finales del mes pasado, pero el edil suspendió el engorroso encuentro unas horas antes.
Dejar en manos de las corporaciones locales el dar alojamiento a los sintecho quizás sea excesivo. Pero la ley así lo marca, a la espera de que la racionalidad permita establecer políticas supramunicipales. Mientras, ningún ayuntamiento debería eludir sus responsabilidades, aunque sea mejor presentar una ciudad con el árbol de Navidad más alto de Cataluña o con una concejalía anti ocupaciones de vivienda con fines propagandísticos, como sucede en Badalona. O en Barcelona, dejar que los coches de Formula 1 recorran el Passeig de Gràcia. Al fin y al cabo, la ciudadanía agradece el glamur y el olor a goma quemada. Hay que acercar los grandes monoplazas al pueblo llano, el que –aseguran– no puede ir al Circuito de Catalunya, donde las entradas más baratas vienen a costar lo mismo que para un clásico Barça-Real Madrid. Mientras, mejor ahuyentar a los sintecho e incluso negarles el empadronamiento colectivo sin pernocta en ONGs a quienes carecen de domicilio, como pretende el Gobierno municipal de Barcelona.
En Cataluña, donde 700.000 personas están en situación de pobreza material y social severa, hablar de los sintecho no es cool. Mejor invisibilizarlo y aplaudir que las autoridades nos guíen hacia el estado de felicidad permanente.
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