Aguirre, el juez de las tramas infinitas al que los magistrados empiezan a decir ‘no’

Joaquín Aguirre simboliza como nadie la idea de que los jueces son inamovibles. Mientras sus colegas de promoción han ido subiendo peldaños en la carrera judicial, él ha preferido quedarse en el lugar de siempre, en la trinchera, magistrado a perpetuidad como lo han sido, a menudo, sus investigaciones, que se eternizan sin llegar siempre a buen puerto. Nacido en Canarias, Aguirre lleva 36 años al frente del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Es...

Joaquín Aguirre simboliza como nadie la idea de que los jueces son inamovibles. Mientras sus colegas de promoción han ido subiendo peldaños en la carrera judicial, él ha preferido quedarse en el lugar de siempre, en la trinchera, magistrado a perpetuidad como lo han sido, a menudo, sus investigaciones, que se eternizan sin llegar siempre a buen puerto. Nacido en Canarias, Aguirre lleva 36 años al frente del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Es el más veterano. Pero, con la jubilación en el horizonte, su final de etapa no está siendo plácido ni lucido. Ha recibido la reprimenda de sus superiores, los magistrados de la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, en las dos grandes causas que investiga actualmente: los pagos millonarios del Barça al exvicepresidente de los árbitros españoles y, sobre todo, la supuesta “trama rusa” del procés. El juez, sin embargo, no da su brazo a torcer: acaba de reabrirla esta misma semana, por un delito de traición, pese a haber recibido la orden de acabar ya la instrucción.

El azar de las normas de reparto de asuntos en los juzgados ha sido generoso con él, aunque también ha puesto de su parte. “No es que investigue siempre causas complejas… ¡Es que él las hace complejas!”, cuenta con ironía un exfiscal de Barcelona. Aguirre se estrenó en su puesto investigando un fraude en el servicio militar: familias de la burguesía catalana compraban certificados médicos para salvar de la mili a sus hijos. Pero su conversión en juez mediático (y su fama de duro, firme e incisivo) llegó de la mano de Grand Tibidabo: encarceló al empresario Javier de la Rosa, en la cima de su éxito y bien relacionado con Jordi Pujol, por el presunto desfalco de la entidad. El caso acabó en condena, pero dejó pistas sobre una forma de proceder: la instrucción fue larguísima y el juicio no se celebró hasta 2008. También sembró una semilla que, según sus colegas, con el tiempo le ha perjudicado. “Lo endiosaron. Empezó a creer que era el mejor juez, cuando la verdad es que como instructor tiene muchos déficits”.

“El problema es que siempre cree que tiene ante sí el caso de su vida. Y eso es imposible”, cuenta otro veterano magistrado. El caso Macedonia ilustra esa tendencia a magnificar las cosas, a construir tramas barrocas en las que impera la sospecha y en las que la explicación más rocambolesca se toma como la más verosímil. Lo que empezó como un sencillo alijo de cocaína acabó convertido, bajo la mirada suspicaz del juez, en una macrocausa contra la corrupción en los Mossos d’Esquadra, que pasaron de investigadores a investigados en un proceso sin fin que mantuvo en el punto de mira al major Josep Lluís Trapero.

El caso Macedonia arrancó en 2009. Seis años después, la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona le dijo al juez lo que le ha repetido más de una vez: que no se escudara en la supuesta “complejidad” de la causa y que no existía “justificación alguna para demorar la finalización de la instrucción”. Le advirtió, además, de que el proceso estaba empezando a parecerse a “una fiscalización general de toda la actuación policial”. La sentencia final quedó en nada, al margen de condenas a pequeños traficantes. El único subinspector de los Mossos que fue llevado al banquillo (la Fiscalía se había desmarcado desde hacía mucho tiempo de la hipótesis de Aguirre sobre una corrupción generalizada) fue absuelto en una resolución que anuló autos judiciales y que subrayó las “dificultades” de la sala para “reconstruir el iter [itinerario] procesal” por “las múltiples piezas separadas” abiertas.

Causas como muñecas rusas

Esa idea de procesos que acaban siendo bosques impenetrables se repite en el correctivo más reciente que ha recibido Aguirre: el auto de la Audiencia de Barcelona que le obliga a poner fin a la instrucción de la llamada “trama rusa” del procés. Aguirre abrió esa “pieza separada” del caso Voloh en agosto de 2019, cuando la Guardia Civil le informó de unos archivos de audio encontrados en el teléfono de Víctor Terradellas, exdirigente de Convergència y cercano a Carles Puigdemont. En esas grabaciones, Terradellas decía que, por las fechas en que se celebró el referéndum (octubre de 2017), alguien del entorno del Kremlin había ofrecido “10.000 soldados rusos” para garantizar la independencia de Cataluña. El juez tomó en serio aquella afirmación y abrió una pieza que dio origen a otras piezas, convertida la causa en una muñeca rusa que los supervisores de las decisiones del juez admiten ser incapaces de desentrañar.

En agosto de 2023, cuando la investigación sumaba ya cuatro años, Aguirre dictó una nueva prórroga de seis meses. “Por si resultara necesario practicar más diligencias” —que no citaba porque además eran “imposibles de prever”— y porque era “absolutamente imposible” terminar la instrucción por su “extraordinaria complejidad”, con “decenas de miles” de folios. En este punto, la Audiencia de Barcelona dice basta. Le recuerda que los últimos informes policiales sobre el tema se remontan a un año antes. Y que, desde entonces, la investigación “no ha avanzado sustancialmente”. Los últimos seis meses, añade, fueron “de completa inactividad”. La sala no le dice qué tiene que hacer con los indicios (puede archivar o enviar el caso a juicio) pero sí le ordena que no siga investigando una causa formada por 8.500 folios (“no decenas de miles”), que “no exige un especial estudio” ni es tan “compleja” e “inabordable” como la pinta Aguirre.

Pero el tenaz juez parece no haberse dado por aludido. Y ha decidido sortear las “objeciones técnico-procesales” de la Audiencia abriendo una nueva pieza para investigar lo mismo (la trama rusa) en las que pone en la diana a 13 personas, incluido el expresidente Puigdemont, por malversación y traición. Dice que lo hace “por equidad y justicia” y por la “importancia histórica” que supone para la Unión Europea indagar las injerencias de Rusia.

“Se entusiasma con un tema, pero va perdiendo fuelle”, cuenta otro colega de profesión, entre los que sus actuaciones generan una creciente antipatía, la misma que se ha ganado en el entorno del independentismo, que lo equipara a Manuel García-Castellón, instructor de Tsunami Democràtic, por su oportunismo al concebir nuevos delitos al compás de la ley de amnistía. El pasado enero, en una nueva prórroga de la trama rusa (la Audiencia de Barcelona aún no había recibido el papeleo con los recursos en lo que tilda de “retraso injustificado”), Aguirre habló por primera vez de un delito de traición o contra la seguridad nacional por las “estrechas relaciones” de investigados con “individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana”. Son que, en algunos supuestos, quedan excluidos de la amnistía y que eventualmente perjudicarían a Puigdemont.

Tras dictar la resolución, Aguirre concedió una entrevista a la televisión pública alemana ARD para explicar que indagaba “la influencia directa de Rusia” en el proceso independentista. El abogado Gonzalo Boye pidió su recusación por falta de imparcialidad, pero la Audiencia de Barcelona no lo ha concedido porque no aprecia un “interés directo” del juez en el pleito.

La maniobra sobre el Barça

La llamada trama rusa nació, como el caso Macedonia, a partir de un asunto menor: las supuestas irregularidades en subvenciones de la Diputación de Barcelona, donde merodeaba Tarradellas. A partir de ahí, el juez fue haciendo crecer el proceso, hasta el punto de que se le asignó una jueza de refuerzo. Y en esas, de nuevo el azar hizo recaer en instrucción 1 otra bomba de relojería: la querella que la Fiscalía acababa de presentar contra el FC Barcelona por pagar más de siete millones de euros, durante casi 20 años, al ex número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira.

La magistrada Silvia López se hizo cargo del caso. Pero cuando acabó su refuerzo, en junio de 2023, Aguirre se lo quedó. Estaba, bromean sus críticos, “ante un nuevo caso de su vida”. Mientras la investigación sobre el procés languidecía pero se mantenía viva a base de prórrogas, el juez más veterano se puso manos a la obra con la corrupción en el deporte. Y apenas tres meses después, con el verano de por medio y sin haber practicado apenas diligencias, planteó su tesis: dijo que el caso Negreira había destapado una “corrupción sistémica” en el arbitraje del fútbol español para favorecer al equipo azulgrana. “Se presume por pura lógica”, afirmó.

Con una nueva causa entre las manos regresó el Aguirre más incisivo, el que también gusta entre sus compañeros porque “no deja cabos sueltos”; escarba, muerde, ordena registros y detenciones, llevado una determinación inquebrantable. Ordenó registros en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y citó como testigos a multitud de árbitros y exárbitros, pero ninguno pudo confirmarle la hipótesis que ya había perfilado. “Su problema es que construye una teoría y luego busca las pruebas para confirmarla. Pero es que una instrucción es lo contrario. Hay que tener indicios y después se va tirando del hilo”, explica otra veterana colega.

En la causa estaban investigados, inicialmente por corrupción en el ámbito del deporte, los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de otros directivos del Barça. También se hicieron pagos durante la primera etapa de Joan Laporta (2003-2010), pero el delito había prescrito. Así lo indicó el juez en un auto que dictó en octubre de 2023, en el que criticó la falta de ética del actual presidente azulgrana. Una semana después, sin embargo, cambió de opinión: imputó a Laporta y a todos los investigados un delito de cohecho, al elaborar jurídicamente la idea de que Negreira, como miembro del Comité Técnico Arbitral (CTA) de la RFEF debe ser considerado funcionario público. Los plazos de prescripción de ese delito son más extensos.

Las defensas rechazaron esa imputación. También la Fiscalía, que se sumó al recurso del que ha surgido el segundo gran correctivo a Aguirre. En su resolución, la Audiencia de Barcelona concluye que en ningún caso Negreira puede ser considerado funcionario público y excluye el delito de cohecho para todos los investigados, incluido el FC Barcelona como persona jurídica. Laporta, por tanto, ha quedado exonerado. La Sección 21ª critica al juez por “incurrir en cierta contradicción” al centrar todos sus esfuerzos argumentativos en el cohecho pero, al mismo tiempo, mantener la calificación alternativa de corrupción en el deporte por si su planteamiento no era aceptado.

La oposición de la Fiscalía es algo con lo que Aguirre está acostumbrado a lidiar, lo que a menudo le ha llevado a acoger de manera generosa la participación de acusaciones particulares. En el caso Macedonia aceptó al pseudosindicato ultra Manos Limpias, que guerreó contra Trapero. En el caso Voloh están presentes entidades “constitucionalistas”, plataformas como Impulso Ciudadano o partidos políticos como Vox, cuyas peticiones enredan a menudo más la madeja de los procesos judiciales de Aguirre que, como dejó escrito el veterano periodista de La Vanguardia Santi Tarín, “más que casos investiga rompecabezas”.

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