Conjura contra Trapero: el debut de la “policía patriótica” en Cataluña

Josep Lluís Trapero alcanzó, en el verano de 2017, unas cotas de popularidad impropias de un policía. El major de los Mossos d’Esquadra, ahora apartado de la jefatura, fue la voz firme y serena que se elevó sobre el caos de los atentados yihadistas en la Rambla de Barcelona. Sin apenas tiempo para asimilar esa repentina popularidad, el referéndum ilegal del 1-O —en el que la policía catalana evitó cargar contra los votantes— le convirtió a un tiempo en héroe del independentismo y villano del Estado, que le llevó a juicio (acabó absuelto) por sedición. Pero en noviembre de 2009, Trapero era un perfecto desconocido. Ni siquiera personas que habían hecho del tráfico de información una forma de vida lo conocían. “¿Quién es Trapero?”, preguntó el comisario José Manuel Villarejo a dos policías con los que conspiraba en un restaurante de Madrid. Pronto iba a saberlo. Fue el comienzo de una caza sin tregua al hombre. La venganza de un grupo de policías nacionales de la vieja guardia, amigos de Villarejo, a los que el major había llevado a la cárcel por corruptos.

EL PAÍS ha accedido a la denuncia que Trapero presentó hace dos meses, cuando la conversación en el restaurante (entre otras grabaciones y anotaciones de Villarejo) salió a la luz. Todo ese material confirma lo que íntimamente había sospechado: que un grupo de policías afectado por sus investigaciones había influido en el desarrollo de una causa judicial (el caso Macedonia) para lograr su imputación y devolverle parte del daño que les había causado. “La delincuencia organizada se instaló durante un largo periodo en despachos oficiales”, señala la denuncia, un memorial de agravios que estudia ya la Fiscalía Anticorrupción. Trapero asegura que los casi 10 años que duraron esas “maniobras de destrucción personal” le causaron “un evidente malestar, físico y emocional”, lo dejaron en “un estado de alerta continuada” y le obligaron a dar “explicaciones en el ámbito familiar y personal”. “De manera injusta, perversa e ilegítima me persiguieron durante 10 años de mi vida”.

Con la colaboración de terceros (abogados, sindicalistas de Mossos, periodistas, detectives privados y hasta un pseudosindicato ultra), los policías llevaron a cabo una “investigación perversa y prospectiva” contra él, actuaron “con total impunidad” empleando recursos públicos y “engañaron e influyeron” a un juez de Barcelona para que le imputara por proteger a un narcotraficante, algo que finalmente no sucedió. “Fue el precio a pagar por hacer mi trabajo”, lamenta Trapero, que ya entonces, mientras ocurrían los hechos, se sabía en el ojo de la tormenta. “Me supe perseguido y en diferentes momentos lo expresé a la Fiscalía y al presidente del TSJC”.

En esta historia de corrupción, venganza y traición puede decirse que todo empezó con un coche aparcado en una calle de Barcelona. El 28 de mayo de 2009, un traficante, Juan Miguel Bono, recogió del maletero una bolsa que, supuestamente, contenía más de 50 kilos de cocaína por los que había pagado 600.000 euros. El chivatazo de un rival, que le tendió una trampa, permitió a la Guardia Civil detenerlo con las manos en la masa. Trasladado al calabozo, Bono recibió la extraña visita de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía de Cornellà, Ramon Santolaria, quien apenas unos días antes había llegado a la conclusión de que Bono formaba parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas dirigido por un tal Manuel Gutiérrez Carbajo.

Gutiérrez Carbajo es un personaje determinante, el hilo de Ariadna que lleva hasta la conspiración urdida contra Trapero. Aunque nunca fue condenado por tráfico de drogas, tenía unas excelentes conexiones con el mundo del hampa en el área de Barcelona. Y se convirtió en confidente policial. Su testimonio fue decisivo en dos operaciones que desprestigiaron a parte de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña. En el caso Gamba Roja, que estalló en 2005, ayudó a descubrir una trama de policías que se lucraban con el tráfico de drogas a través del puerto de Barcelona; uno de los detenidos fue el inspector Antonio Giménez Raso, que tras su caída en desgracia fue acogido por Villarejo como socio y se convirtió en su hombre en Cataluña y principal impulsor de la vendetta. En el caso Riviera y Saratoga, el confidente señaló a veteranos mandos policiales que cobraban a cambio de proteger la actividad de esos dos macroburdeles de lujo de Castelldefels.

Bajo la batuta de Trapero, entonces jefe de investigación de los Mossos, las detenciones por la trama de los prostíbulos se efectuaron en marzo de 2009 y alcanzaron a un comisario de Policía, Luis Gómez, que había sido jefe en Cornellà, la misma comisaría desde la que llegó el inspector a interrogar a Bono por el incidente de la droga y el maletero. Los tiempos son importantes. Solo habían pasado dos meses de la detención de Gómez. El episodio se volvió aún más extraño cuando resultó que la mayor parte de la cocaína era solo azúcar y yeso, lo que llevó al juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investigaba el caso, a pensar que los guardias civiles podrían haber dado el cambiazo a la mercancía. Y ocho meses después llegó la charla, en el restaurante de Madrid, entre Villarejo, Giménez Raso y el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, socio también en las empresas del comisario jubilado.

Del testigo clave al jefe de la investigación

En esa comida se sientan las bases de una conspiración que, en un primer momento, se centró en Gutiérrez Carbajo como testigo de cargo (quieren pincharle el teléfono y sostener la tesis de que “lidera una organización donde puede haber guardias civiles, mozos [sic] d’esquadra”); en el fiscal Anticorrupción David Martínez Madero, al que planean acusar falsamente (“ya deslizaríamos en la nota que el madero recibe 7.000 euros todos los meses; eso se monta y luego que se explique”); y, en menor medida, al todavía desconocido Trapero. Desacreditarles no era un fin en sí mismo, dice el major en su denuncia, sino un medio para “mejorar o influir” en las causas judiciales que afrontaban por corrupción.

La muerte súbita del fiscal en 2011 y, sobre todo, el desarrollo de la causa judicial sobre la droga del maletero, pusieron a Trapero en el centro de la diana. El juez Aguirre quiso que Trapero le pidiera intervenir los teléfonos de 15 miembros del grupo de la Guardia Civil que habían participado en aquel incidente. Trapero contestó que no tenía ningún indicio y no iba a hacerlo pero que, si él se lo ordenaba, cumpliría. La relación se quebró. Y el juez rápidamente pasó a sospechar de los mossos, hasta el punto de que mantuvo imputados durante ocho largos años (fueron exculpados sin llegar a juicio). El grupo de Villarejo encontró en esa instrucción, llamada caso Macedonia, la oportunidad idónea de imputar a Trapero, una posibilidad que sobrevoló durante la interminable instrucción del proceso.

La Fiscalía se alejó de las teorías de la sospecha del juez, que permitió a Manos Limpias —un pseudosindicato ultra dirigido por Miguel Bernad— ejercer la acusación popular. Trapero sospecha, en base a las anotaciones de Villarejo, que esa operación no fue casual, sino parte de la conspiración, y que un abogado implicado en la trama del Riviera-Saratoga pagaba la acción penal. El escrito indica que el juez siguió “de manera acrítica” las peticiones de Manos Limpias, que “marcó el curso de la investigación”, cada vez más centrada en saber si los Mossos habían ocultado, deliberadamente, la presunta vinculación de su confidente Gutiérrez Carbajo con el tráfico de drogas.

Lo que empezó como una venganza de policías resentidos pasó a ser un encargo oficial a partir de 2012, con el nombramiento del comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía. El grupo empezó a acercarse al entorno de Trapero y a contactar con sus enemigos. De todo ello dejaba constancia Villarejo en sus anotaciones: “Se está obteniendo un alto nivel de penetración del círculo de Tripi [apodo con el que llamaban a Trapero]. Al mismo tiempo, se potencian las relaciones con sus enemigos” (2013). El propio Giménez Raso se hizo el encontradizo con él en un acto público y le contó que estaba muy mal y dolido por los suyos. Todo formaba parte de una “estrategia” para acercarse a Trapero, que ese mismo año había sido nombrado máximo jefe de los Mossos. “Supe que personas desconocidas del CNP se interesaban, en círculos informales, por todo tipo de información acerca de mi vida”, recoge la denuncia. Incluso contactaron con el exalcalde del PSC de Sabadell Manuel Bustos, acusado por los Mossos de corrupción y que, según dejó escrito Villarejo, pidió “ayuda para paliar en la medida de lo posible” su imputación. Y se apoyaron en detectives privados que cobraban 1.000 euros mensuales pagados con fondos reservados.

“Manipularon y engañaron al juez”

El colofón a la persecución contra Trapero se produjo en 2014 y 2015, cuando el grupo logró su objetivo de incidir en el caso Macedonia y especuló con la posibilidad de detenerle. Con la acusación en Manos Limpias en franca retirada (habían empezado a surgir indicios de extorsión contra Miguel Bernad) y sin haber obtenido ningún indicio sobre la supuesta corrupción policial, el juez encargó un informe a una llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos, dependiente del DAO, para analizar el sumario. Por las anotaciones de Villarejo, Trapero asegura que “manipularon y engañaron” al juez, con el que lograron establecer una “interlocución directa” para que éste accediera a encargar el informe, que concluyó que los Mossos no habían hecho aflorar determinadas relaciones aunque, según Trapero, estaba plagado de errores, falsedades y “afirmaciones gratuitas”.

Ni siquiera con ese informe, el juez vio suficiente para imputar a Trapero, que finalmente salió airoso del caso Macedonia pero convertido en un objetivo más de la llamada Operación Cataluña, ya con el proceso independentista a velocidad de crucero: “Objetivo Trapero”. “Intentar controlar mortadelos”, escribió Villarejo, que también dejó escrito que la investigación contra él está grabada en la base de datos oficial de la Policía. “La familia Jodorovich [un histórico clan vinculado al crimen organizado de Barcelona] está protegida por el actual jefe de los Mossos d’Esquadra señor Trapero”, se dice en una nota de fecha tan cercana como 2016, ya en pleno procés y con la policía patriótica pendiente de controlar el independentismo.

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