La Audiencia mantiene imputada a la cúpula anticorrupción de los Mossos

La Audiencia de Barcelona ha decidido mantener viva la imputación de la cúpula anticorrupción de los Mossos d'Esquadra por proteger, presuntamente, a un narcotraficante y confidente policial. El subinspector Antoni S. y cinco de sus subordinados permanecen imputados por varios delitos en el caso Macedonia desde hace cuatro años. En su resolución, los magistrados concluyen que no tienen "suficientes elementos" como para decidir, por ahora, si hay indicios de delito e instan al juez a poner fin a la investigación para pronunciarse de forma definitiva.

La resolución de la Sección 21ª deja las cosas prácticamente como estaban. En la primavera de 2011, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, imputó a los responsables de la unidad adscrita de la policía catalana al considerar que le ocultaron deliberadamente la identidad de un confidente policial que, presuntamente, estaba involucrado en una banda de narcotraficantes. Se trata de Manuel Gutiérrez Carbajo, un confidente policial cuyo testimonio fue clave para destapar, entre otros casos, la corrupción de altos miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en torno a los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels.

La resolución insta al magistrado a "poner fin a la instrucción" antes de pronunciarse sobre si ve indicios de delito

Tras detener a Carbajo y a otros miembros de la banda, el juez sospechó que el subinspector y sus hombres le habían hurtado la transcripción de llamadas clave y les imputó. La defensa de los Mossos y la Fiscalía se opusieron a la imputación al considerar que no hubo una "ocultación maliciosa" ni intención de proteger al confidente.

La Audiencia de Barcelona ha decidido ahora mantener la imputación, no tanto porque aprecie indicios de delito, sino porque no puede formarse un criterio claro. Como "no puede descartar" la existencia de indicios, insta al juez a que "ponga negro sobre blanco" los hechos delictivos que ve acreditados.

Los magistrados critican que el juez quiera practicar nuevas pruebas y le exigen que "ponga fin a la instrucción". Las nuevas diligencias implicarían una cantidad de información "de muy difícil gestión" y, además, no son pertinentes porque la causa "se asemeja a una fiscalización general de toda la actuación policial".