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El ‘mosso’ acusado de filtrar datos a delincuentes se defiende: “Mentimos para sacar información”

La causa judicial contra el agente S. C. revela que Asuntos Internos ofreció beneficios penitenciarios a la confidente que le denunció

S. C., el agente de los Mossos investigado por facilitar datos a delincuentes a cambio de dinero fotografiado en un pueblo del Vallés Oriental.
S. C., el agente de los Mossos investigado por facilitar datos a delincuentes a cambio de dinero fotografiado en un pueblo del Vallés Oriental.massimiliano minocri
Jesús García Bueno

La carrera del mosso d’esquadra S. C. se derrumbó el 20 de diciembre de 2021. Su exmujer (policía como él), redactó una “nota informativa” y la entregó a sus superiores. Allí se hacía eco de unas acusaciones vertidas por B., una antigua confidente de ambos cuando trabajaban juntos en la comisaría de Sant Adrià (Barcelona). La confidente reveló que S. C. pasaba información a delincuentes del barrio de La Mina a cambio de dinero. La División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana se puso manos a la obra y un juez imputó al agente por revelación de secretos y cohecho. El sumario del caso, al que ha accedido EL PAÍS, plantea interrogantes sobre las motivaciones de los protagonistas y sobre los métodos de investigación de la DAI. El mosso ha pedido que se archive la causa y, mientras tanto, ha logrado que un juez anule la decisión de la Generalitat de suspenderle de empleo y sueldo.

El 19 de diciembre de 2021, S. y su expareja mantuvieron un agrio intercambio de correos electrónicos, plagados de reproches mutuos, a propósito de la custodia del hijo en común. Al día siguiente, ella redactó y entregó la nota pese a que conocía los hechos desde hacía una semana y pese a que, como más tarde admitió en su declaración ante el juez, no dio credibilidad a las palabras de la confidente. “Mi exmarido era un gran policía. Me hablaron de un delito y, aunque lo puse en duda hasta la saciedad, tuve que ponerlo en conocimiento. No sé si B. [la confidente] quiso vengarse, pero si yo no hubiese informado estaría aquí quizá como encausada y no como testigo”, afirmó. El agente fue detenido tres meses después: a los cuatro días, la exmujer pidió poner fin al régimen de visitas con el menor.

La confidente contó a la exmujer que el policía (con el que tenía relación desde hacía más de 20 años) cobraba 150 euros por cada consulta que hacía en las bases de datos de Mossos sobre personas de su entorno, vinculadas a actividades delictivas en Sant Adrià. En su declaración como investigada (con derecho a mentir) ante el juez, se desdijo. Explicó que, tras hablar con la expareja por primera vez, se sintió “amenazada y acosada” por unos policías que la seguían al colegio de su nieto y a la puerta de su casa. Eran agentes de Asuntos Internos y querían ampliar la información. Sabían que uno de sus hijos es “un delincuente” (ella misma lo define así) y anda siempre metido en problemas, entrando y saliendo de prisión. Y le prometieron ayuda si colaboraba.

“Me dijeron que, si les ayudaba, mi hijo podría tener beneficios, que podrían hacer que saliera de prisión. Pero también que podían perjudicarle”, contó. La exmujer, que estuvo presente en esa reunión, confirmó ante el juez que efectivamente los policías habían ofrecido a la confidente “beneficios penitenciarios”. Fuentes policiales niegan que ofreciesen sacar al hijo salir de la cárcel y aseguran que en este tipo de situaciones se pueden ofrecer beneficios “de tipo administrativo”, como podría ser un cambio del lugar de trabajo de un interno en prisión. En todo caso, señalan que la mujer no colaboró y fue detenida.

La nota informativa no fue la única vía por la que la DAI sospechó del agente. Unas semanas más tarde, tras un tiroteo en el barrio de Besòs de Barcelona entre dos clanes, uno de ellos (los Alunda) paró a una patrulla y se quejó de que sus rivales en el tráfico de drogas contaban con el trato de favor de un mosso. Un tal S. En su comparecencia ante el juez, el policía atribuyó esa acusación al hecho de que Susana “se jactaba” de decir que era su amigo. “No puede ir diciendo por esos barrios que colabora conmigo, porque voy a tener problemas y ella también”.

La relación con las fuentes

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Asuntos Interno acusa a S. de “hacer valer su condición de agente” y su elevado “nivel de acceso a bases de datos” para hacer más de 400 consultas sobre siete individuos y pasar la información a cambio de dinero. El principal indicio son sus mensajes de WhatsApp: “Aquí no hay nada de nada”. “Dile al Molina no búsqueda, presentarse en el juzgado”. “Ok, miro las dos cosas. Todo limpio”. S. admite que hizo esas consultas (”¡y muchas más!”), pero que nunca facilitó información sensible ni puso en riesgo una investigación, menos a cambio de dinero. La defensa ha hecho una auditoría y concluye, por ejemplo, que el hijo de la confidente fue consultado por el conjunto de Mossos 30.000 veces en un año; S. fue responsable de 179 de esas consultas. La misma proporción se repite en las otras seis personas, lo que demuestra su “interés policial”.

“Mentimos, nos inventamos información o la damos tergiversada. Decimos lo que queremos porque ellos no pueden saber si es verdad o no. Nos tenemos que ganar la confianza de las fuentes; si no, no sacamos información”, declaró S. en una causa judicial que arroja luz sobre las relaciones complejas entre los policías y sus fuentes en la calle. Diversos mandos de Mossos admitieron que es habitual ayudar o fingir que se ayuda a una fuente y admitieron que información facilitada por S. sirvió para esclarecer delitos; por ejemplo, el asesinato a sangre fría y en plena calle en Sant Adrià de Valentín Moreno, miembro de los Casuals.

Asuntos Internos sospecha que el agente pudo cobrar “miles de euros”, aunque no aporta indicios sobre ello. Lo más relevante es una conversación de WhatsApp en el que S. dice a la confidente: “Que te haga bizum, es instante”. La DAI lo interpreta como un indicio de culpabilidad. La defensa, en cambio, lo considera una prueba de descargo, ya que el policía habla de una transferencia para ella y asume que, a veces, las fuentes “se buscan la vida” al margen de su relación con los policías. En el año bajo sospecha, el mosso recibió 295 euros en bizzums, asegura que por causas justificadas, como regalos o el pago de una cena. Para la defensa es una “cantidad irrisoria”, por lo que es “absurdo” decir que cobraba 150 euros por información, ya que tampoco consta ninguna referencia a pagos en metálico.

Tras ser detenido, la Dirección General de Policía suspendió de empleo y sueldo a S., que trabaja ahora en el sector privado. Pronto podrá regresar, previsiblemente, a los Mossos. El juzgado contencioso-administrativo 12 de Barcelona le ha dado la razón y ha tumbado la decisión de Interior al considerar que la decisión es nula porque no está motivada. El expediente de la Generalitat “no alude a indicios ni hechos concretos”, por lo que la falta de motivación ha provocado indefensión al mosso, según la resolución.

La defensa ha pedido que se archive la causa penal con el argumento, entre otros, de que tanto la exmujer como la confidente tenían un “interés personal” en hacerle daño. La primera, para lograr sus objetivos “en la disputa por la guardia y custodia” del menor. Y la segunda porque, con el tiempo, cuando el mosso se marchó a los servicios centrales de información, fue olvidada y sustituida por su nuera, con la que tenía una relación pésima. “Mi cliente ha sido la única persona perjudicada”, recoge la petición de archivo, que deberá ser resuelta por el juez.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.
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