Barcelona solo pagará seis meses de pensión a las familias vulnerables

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que va a cambiar el sistema de acogida de aquellas familias que se han quedado sin hogar bien por un desahucio, una catástrofe o que se encuentren en la indigencia. El equipo de gobierno de Jaume Collboni opta ahora por marcar un límite de tiempo a la estancia de estas personas en pensiones subvencionadas por el Consistorio. Tal y como ha adelantado Nació Digital, a partir de 1 de junio el máximo de estancia posible que abonará el Ayuntamiento serán seis meses. A las personas que se queden sin hogar se les ofrecerá, primero, la estancia en una pensión entre 15 días y un mes y medio. Si acreditan vulnerabilidad, se alargará estas estancias hasta un máximo de medio año. A partir de entonces se podrá alargar la estancia en una pensión, de forma excepcional, siempre que lo acredite una mesa de evaluación.

El Ayuntamiento advierte que el pasado año destinó 34 millones de euros para alojar a 3.000 personas de media al mes en pensiones. En 2022, el gasto fue de 27 millones para alojar a 2.300 personas al mes y en 2021 el coste fue de 21 millones para acoger a 1.900 personas al mes. “Estos gastos se afrontan en solitario sin aportación de la Generalitat”, denuncia Sonia Fuertes, la comisionada de Acción Social del Consistorio. El Ayuntamiento sostiene que “ante la evolución creciente tanto de las personas alojadas como de los recursos que se destinan” han decidido cambiar el sistema actual que consideran que “no es sostenible”.

Fuertes asegura que si se seguía dando pensiones como hasta ahora, pronto habría personas que, pese a necesitarlo, no podrían acceder a estos alojamientos temporales. Según el Consistorio, más de la mitad de las personas alojadas en la actualidad llevan más de seis meses en las pensiones. “Esto hace que estos alojamientos temporales de urgencia no cumplan su función”,lamenta la comisionada. Según fuentes municipales, hay personas en pensiones sin que exista rotación y eso dificulta la entrada de personas que temporalmente necesitan el recurso. El Consistorio mantiene que una estancia de más de seis meses excede “la temporalidad y urgencia” y la solución la debería proporcionar otra administración que no sea el Ayuntamiento.

Por ese motivo, el Consistorio pretende ahora “potenciar la ayuda económica por delante” de la derivación a una pensión. Para los casos de vulnerabilidad en que sea necesario una pensión más allá de los seis meses previstos se creará una mesa de evaluación sobre que tratamiento social llevar a cabo y, a partir de eses momento, se trasladará el caso a otras administraciones para que se “corresponsabilicen” de la situación. Fuertes sostiene, además, que el 30% de las personas que se encuentran ahora en pensiones tienen derecho a una vivienda social por lo que es necesario el acuerdo de administraciones para solucionar el problema habitacional que arrastra la ciudad.

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