La mitad de los campamentos de verano en Cataluña deberá reubicarse por riesgo de inundación

Unos 200 campamentos de verano, que afectan a unos 8.000 niños, deberán ser reubicados, después de que la Generalitat haya aumentado la supervisión de estas actividades y no haya autorizado su realización por el riesgo de inundación. Hace un año, la Dirección General de Juventud alertó al sector que estaba organizando acampadas en zonas no permitidas y les reclamó cumplir la normativa. Las entidades aseguran que hacen lo que pueden para adaptarse, pero denuncian trabas burocráticas y piden simplificación en los trámites y acompañamiento por parte de la Generalitat.

Los campamentos de verano están regulados por el Decreto 267/2016 de actividades de educación en el tiempo libre. La normativa fija los requisitos de ubicación de las acampadas y prohíbe hacerlo en zonas inundables. Y si el terreno se sitúa a menos de 100 metros de un río es necesario contar con la autorización de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Con todo, la Dirección General de Juventud admite que para llevar a cabo un campamento de verano, la entidad solo tiene que comunicar su ubicación, para tener controladas todas las actividades por si fuera necesario evacuarlos en caso de emergencia.

El problema surgió hace un año cuando la Generalitat reunió a las entidades con los cuerpos de emergencia y el ACA. “Entonces se alerta a las entidades que están acampando en zonas inundables y se les pide que cumplan la normativa”, explica Rut Ribas, directora general de Juventud. Ribas admite que, hasta entonces, las entidades solo tenían que comunicar dónde acampaban por si era necesario una evacuación. “No se les pedía autorización porque la responsabilidad recae en la entidad”, añade Ribas. Pero tras varias inspecciones y viendo que la vulneración de la normativa se repetía, la Generalitat ha endurecido la supervisión de estas actividades.

De cara a la temporada de este verano, el sector ha tenido que afinar a la hora de decidir dónde plantar las tiendas. “No se han realizado reservas en zonas inundables y siempre nos hemos ido adaptando a lo que indicaban las inspecciones”, sostiene Maria Vilàs, comisaria de Minyons escoltes, en representación de las asociaciones de educación en el tiempo libre.

El problema lo generan las zonas situadas a menos de 100 metros de los ríos, unas ubicaciones muy demandadas por las acampadas en pleno verano. En este caso, la entidad debe pedir una autorización al ACA. Si el organismo tiene información sobre el riesgo de inundación, emite su posicionamiento, que puede ser positivo o negativo. Pero la cuestión es que el ACA no cuenta con un mapa de todas las zonas, así que entonces reclama a la entidad educativa que encargue un estudio hidráulico, un trámite que puede llegar a tener un coste de hasta 3.000 euros, según denuncia el sector.

A poco más de un mes que se dé el pistoletazo de salida a la temporada de campamentos, las principales entidades del sector de espais y escoltes, han comparecido este viernes en rueda de prensa para denunciar que no han logrado la autorización del ACA para 79 de los 156 terrenos donde pensaba realizar actividades, cosa que implica reubicar unos 8.000 menores.

El sector se queja de que hace un año que reclaman a la Generalitat una solución definitiva. “No podemos trabajar de verano a verano, sino tener una mirada larga para garantizar las actividades. Pedimos que se simplifiquen los trámites, ayudas económicas y acompañamiento”, pide Vilàs.

Por su parte, la Generalitat recuerda que las entidades “han hecho reservas en terrenos que sabían que estaban afectados, pero igualmente lo han hecho pensando que lograrían la autorización”. Asimismo, ha anunciado este viernes que ha puesto a disposición del sector una bolsa de terrenos alternativos para llevar a cabo las acampadas y que en unas semanas publicará las subvenciones para costear estos estudios hidráulicos. “Serán ayudas retroactivas, así que se podrán acoger los estudios que se hayan realizado desde principios de año”, remata Ribas.

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