La justicia da la razón a Colau por vetar la llegada del Hermitage a Barcelona

La justicia ha avalado la decisión del antiguo equipo de Gobierno de Barcelona, capitaneado por Ada Colau, de impedir la instalación del museo Hermitage en la capital catalana. Los promotores del Hermitage habían presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, con fecha de mayo del 2021, que se negaba a tramitar un convenio entre el consistorio y el Puerto de Barcelona que permitiera el aterrizaje de una sucursal del famoso museo ruso.

La magistrada, en una sentencia avanzada por Eldiario y Nació Digital, considera que la decisión del antiguo equipo de Gobierno “no es arbitraria”, porque se halla fundamentada en diferentes informes. Asimismo, considera razonable que el equipo de gobierno se negara a firmar dicho convenio “atendida la falta de un suficiente interés público del proyecto” defendida en los informes del ayuntamiento.

Del mismo modo, la jueza aprecia que la decisión del antiguo gobierno “no vulnera ninguna norma urbanística” y avala la potestad de la administración de decidir sobre el espacio público: “Nos hallamos en el ámbito del dominio público y de las concesiones sobre el mismo […] por lo que los intereses económicos particulares no pueden primar sobre el interés de los bienes de todos”, señala la sentencia.

El antiguo equipo de gobierno de Barcelona se ha felicitado de la noticia. La ex teniente de alcalde, Janet Sanz, responsable del área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, ha asegurado en la red social X que “a veces hace falta plantarse”. “Defendimos que no era bueno para Barcelona, mientras el PSC presionaba para hacerlo, y el tiempo nos ha dado la razón”. Sanz ha hecho un símil con la polémica actual sobre el Hard Rock y considera que con el tiempo se verá que su postura opositora es la correcta.

El rechazo al Hermitage fue uno de los caballos de batalla de los comunes durante los dos mandatos en los que gobernaron el Ayuntamiento de Barcelona. Con todo, tardaron a hacer explícito este rechazo, y durante años no acaban de dar un no al proyecto, mientras encargaban estudios sobre cómo afectaría la eventual ubicación a la movilidad en Ciutat Vella, la calidad cultural del museo y su viabilidad económica. Además la actitud de los comunes provocó críticas constantes de la oposición en el Ayuntamiento y también el enfrentamiento entre la Autoridad Portuaria y el Gobierno de la ciudad. En otro plano, provocó candidaturas de otras ciudades, como Madrid y Sevilla, que mostraron interés en albergar el proyecto. Una batalla que se produjo con manifiestos vecinales, empresariales y de entidades a favor y en contra.

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