El PSC prioriza la seguridad en la negociación de los presupuestos en un año preelectoral

El PSC ha decidido acelerar la negociación de los presupuestos siempre y cuando el Govern cumpla con los compromisos que pactó en los Presupuestos de 2023 o al menos dé explicaciones de los retrasos. Con un ejercicio con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, las cuentas están condicionadas este año por la cercanía de esa cita con las urnas y por los intereses cruzados que unos y otros tienen en el Congreso y en el Parlament. Bajo la idea de lograr “una Cataluña de 10″, los socialistas centrarán las conversaciones este año en educación -un 10% más de inversión-, en vivienda -quieren 10.000 pisos públicos más- y en seguridad con un decálogo con 10 medidas para que Cataluña sea una región “de orden y seguro”, en palabras de su portavoz Èlia Tortolero.

El denominado Govern alternativo de Cataluña -el cónclave de los socialistas que se reúne periódicamente para fiscalizar al Ejecutivo- abordó el asunto de la sequía y de la seguridad el pasado jueves. El diputado Ramon Espadaler señaló que en la reunión trataron el tema de la mano de los alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Mataró y El Vendrell y del delegado del Gobierno. El documento con los 10 puntos todavía no está confeccionado y lo están acabando de elaborar, según ha detallado este martes la portavoz socialista Alícia Romero. La diputada ha aclarado que en cualquier caso las medidas en absoluto relacionan seguridad con multirreincidencia con inmigración como hizo Junts, que acaba de pactar con el PSOE la delegación de competencias de esa carpeta.

“Nosotros no hacemos esa asimilación. Es un error mezclar multirreincidencia con inmigración”, ha recalcado Romero, que ha subrayado que cuando hablan de seguridad hablan de “proteger a quienes nos protegen”. Las medidas se referirán, por ejemplo, a inversiones en comisarias de los Mossos y de sus condiciones laborales, así como las de los bomberos o las destinadas a reforzar los dos cuerpos o las Agrupaciones de Defensa Forestal. “Nuestras medidas van en ese sentido y no en ese discurso tocando la xenofobia si se relaciona inmigración y seguridad. Nada que ver con el debate que nos han puesto sobre la mesa y que es peligroso”. Salvador Illa, primer secretario del PSC, ya lamentó que Junts se dejara marcar la agenda por la “extrema derecha”.

Pese a que separan claramente ambos temas, la apuesta del PSC se produce en un clima de preocupación por la seguridad. El tema es capital para los socialistas que defienden asumirlo sin complejos para no ceder terreno a la extrema derecha. En noviembre ya impulsaron un pleno monográfico en el Parlament. Tras recalcar sus reivindicaciones en educación y vivienda, Illa avanzó el sábado su propuesta en seguridad. “Queremos una Cataluña de 10 también en seguridad. Querríamos un decálogo claro en materia de seguridad para garantizar un país de orden y de seguridad donde se garantizan los derechos de todo el mundo y por igual y que todo el mundo cumple sus obligaciones”, afirmó. Los alcaldes de Junts del Maresme llamaron a endurecer el discurso antiinmigración el 13 de diciembre y el mismo día Illa, en una entrevista en TVMataró, recalcó la importancia de poner orden, que haya seguridad y pidió al Departamento de Interior poner los medios y efectivos para garantizarla.

La negociación de los presupuestos está supeditada, sin embargo, a que el Govern avance en asuntos ahora encallados como el proyecto del Hard Rock, pendiente de informes medioambientales y de la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU). La comisión sobre la ampliación del aeropuerto, otra de las exigencias del PSC, arranca finalmente este jueves. La piedra de toque vuelve a ser el complejo lúdico de Tarragona. La consejera de Territori, Ester Capella, califica de “inaudito” que el PSC pueda resistirse a negociar las cuentas por ese tema. Pero los socialistas insisten en que esa reivindicación es inamovible y cuando menos piden al president Aragonès que cumpla su palabra o que diga si llega el caso por qué el Hard Rock no puede prosperar. Fuentes del PSC aseguran, además, que el Govern solo ha cumplido un 19% de las 281 medidas del acuerdo de hace un año; un 76% están en proceso y un 5% no han empezado.

Quien no piensa dar su brazo a torcer son los comunes. David Cid, portavoz de En Comú Podem, ha reiterado su oposición frontal al Hard Rock y ha recordado a ERC que valen tanto sus votos como los del PSC. “Juntos tienen 66 y me parece que necesitan 68. “Son tan imprescindibles nuestros votos como los del PSC para aprobar los presupuestos. No habrá cheque en blanco”. El diputado ha pedido a ERC que se aclare y defina claramente sobre esa “ocurrencia” del megacasino y ha reiterado su absoluto rechazo a un proyecto que prevé 2.500 máquinas tragaperras y 300 mesas de juego. “Son macroproyectos fracasados que no caben en la Cataluña de 2024”, ha dicho acusando al Govern de cumplir compromisos como el poder tener una cita médica en menos de cinco días.

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