El Departamento de Interior recula y mantiene como policía judicial a los responsables de las escuchas telefónicas de los Mossos

El Departamento de Interior ha reculado y ha modificado algunos detalles de su decreto de reestructuración de los Mossos d’Esquadra. Entre ellos, ha concedido el estatus de policía judicial a los agentes responsables de gestionar las escuchas telefónicas. El cambio responde a las quejas de algunos miembros de la judicatura y del PSC-Units ante el temor de posibles injerencias en las investigaciones en curso. Las suspicacias nacieron después de que la dirección de la policía catalana decidiese que los agentes encargados de gestionar las peticiones de intervenciones telefónicas, hasta entonces bajo el paraguas de la Comisaría General de Investigación Criminal, pasasen a depender a la Comisaría General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

“Para evitar malos entendidos y perjuicios posteriores, se propone la incorporación de una frase que explicite que las personas responsables de las actuaciones que formen parte de la comisaría general de tecnologías de la Información y la comunicación actuarán como policía judicial”, informa el director de la policía catalana, Pere Ferrer, en respuesta a las alegaciones del grupo del PSC-Units per Avançar sobre el decreto de reestructuración de los Mossos d’Esquadra. El Área de Servicios Especiales, responsables de gestionar las peticiones de intervenciones telefónicas, era una apéndice de la comisaría de investigación, que dirige la mayor parte de los casos judiciales. Interior optó por la modificación porque las peticiones de las intervenciones telefónicas son una cuestión técnica -la escucha activa de cada caso la lleva a cabo los investigadores- y transversal que afecta también a otras áreas, como la División de Asuntos Internos o la Comisaría General de Información.

La decisión levantó ampollas, en un contexto de desconfianzas que se arrastra desde hace dos años, cuando el Departamento de Interior cesó al mayor Josep Lluís Trapero, y con él a otros mandos, como el responsable de investigación criminal, el intendente Toni Rodríguez. El intendente atribuyó su destitución a su hermetismo en investigaciones clave, como la que afectó al conseller Miquel Buch por la escolta de Puigdemont en Bélgica, y a los supuestos intentos de la jefatura policial de conocer los detalles del caso. El Departamento de Interior siempre ha negado cualquier injerencia política, y ha atribuido el cambio de la dependencia del Área de Servicios Especiales a una decisión técnica. Fuentes policiales aseguran que esos agentes ni siquiera conocen la identidad de las personas investigadas a las que se solicita intervenir el teléfono. Únicamente se les entrega un número y ellos gestionan la petición, que aseguran que no es sencilla de llevar a cabo.

El director de la policía catalana también ha accedido a otras pequeñas modificaciones. Una afecta al área de comunicación. Con la modificación del decreto, la Oficina del portavoz dependerá del Gabinete de la jefatura policial. También se incluye la figura jerárquica del mayor, que actualmente ostenta Josep Lluís Trapero, como la máxima categoría en los Mossos d’Esquadra. En la anterior versión, no se hacía ninguna mención en la estructura jerárquica.

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