Investigada la exconsejera de Salud Alba Vergés (ERC) por paralizar la vacunación de policías y guardias

La exconsejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, será investigada por el retraso en el suministro de vacunas de la covid a policías nacionales y guardias civiles. El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, Fernando Luis Criado, considera que hay indicios de que Vergés intervino en el calendario de vacunación. La Fiscalía pidió la imputación de la ahora vicepresidenta del Parlament tras la aparición de nuevos indicios que apuntan a su participación. En concreto, una cadena de mensajes de WhatsApp que aportó la defensa del también investigado Josep Maria Argimon, que en la época de los hechos era secretario de Salud Pública: “La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo”.

Como diputada de Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento autónomo, Vergés tiene la condición de aforada, por lo que el magistrado le ha otorgado 20 días para que, si quiere, se presente de forma voluntaria a declarar en el juzgado. Corresponderá de todos modos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instruir la causa contra Vergés y previsiblemente contra el resto de investigados. En su día, el TSJC rechazó investigara a la exconsejera porque no apreciaba ninguna “acción u omisión” por su parte. El panorama, sin embargo, ha cambiado con los nuevos indicios que han salido a la luz y la Fiscalía pidió hace apenas unas semanas su imputación y el envío de la causa al TSJC.

Además de los mensajes de WhatsApp, las declaraciones de algunos investigados apuntan a la presunta responsabilidad de Vergés a la hora de decidir sobre el calendario de inmunización contra la covid de policías y guardias destinados en Cataluña. Además de Vergés y Argimon, permanecen investigados otros cuatro cargos del Departamento de Salud durante la pandemia; en sus comparecencias, negaron haber tenido atributos para decidir qué grupos o colectivos se vacunaba en cada momento.

La investigación comenzó con una denuncia de diversas asociaciones y sindicatos de cuerpos y fuerzas de seguridad que acusaban a la Generalitat de paralizar la vacunación de los agentes de la covid hasta que, en abril de 2021, el TSJC dio un ultimátum al Govern y le exigió su inmunización “inmediata”.

En el auto, el juez de Barcelona archiva la causa respecto de dos personas, mantiene la imputación de otras cuatro y pide que se tenga a Vergés como investigada en el procedimiento. El magistrado considera que se han practicado ya todas las pruebas pertinentes y que hay indicios sólidos de que los excargos de Salud cometieron delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores por su decisión, adoptada en marzo de 2021, de no vacunar a los agentes de Policía y Guardia Civil menores de 60 años, o sea la inmensa mayoría. El juez concluye que se trató de una decisión “arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria”. Un mes antes, la Generalitat había empezado a suministrar la dosis a los cuerpos policiales, pero según afirma el magistrado “el ritmo de vacunación” de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era mucho más lento que el de mossos y policías locales.

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