PSC y Junts se juegan 3,8 millones de euros en sueldos en el pacto en la Diputación de Barcelona

En las discusiones internas de los partidos, de cara a conformar el nuevo Ejecutivo provincial en Barcelona, se sopesan muchos aspectos. La coherencia política, el efecto electoral ante un 23-J a la vuelta de la esquina, las cuotas de poder… y también la arcas de los partidos. Para PSC y Junts, por ejemplo, repetir la coalición actual implica mantener sueldos (tanto de cargos electos como de trabajadores eventuales) que suman 3,8 millones. En la Diputación hay un total de 93 cargos de confianza, 26 de ellos recaen sobre el Gobierno. En Junts, tras la pérdida de visibilidad e ingresos tras la salida del Govern, el debate está siendo intenso y no será hasta el lunes que la Ejecutiva tome una decisión.

La Diputación, cuyo ámbito incluye 311 municipios, se encarga de mancomunar servicios que Ayuntamientos pequeños no tienen capacidad de asumir. Eso permite a las formaciones mimar a sus feudos políticos y tener un altavoz potente. Este año, su presupuesto global es de 1.241 millones de euros y un 83% se dedica precisamente a atender las necesidades de los Consistorios. La partida de personal asciende a 266 millones, que abarca la plantilla de más de 4.100 funcionarios, 93 eventuales y las retribuciones que se dan a los cargos electos y que se otorga en función del porcentaje de dedicación.

Es ahí justamente donde los partidos se juegan mucho, pues tanto los cargos electos como los técnicos suelen estar obligados a dar una parte de sus retribuciones a la formación. En Junts por ejemplo, se trata del 4% lineal del salario recibido. En las elecciones municipales de 2019, el PSC había logrado recuperarse de los malos resultados de 2015 y empataron con ERC en número de diputados provinciales. Junts había pasado de primera fuerza a tercera. Con el pacto resultante, socialistas y el entonces PDeCAT se repartieron a medias el Ejecutivo provincial y los grandes afectados fueron los republicanos. Desmontar el actual sistema, desde el punto de vista material, no sale a cuenta.

La ley impide acumular salarios públicos y por ello muchos de los concejales o alcaldes renuncian a la retribución que les correspondería en sus Ayuntamientos para quedarse con el de la Diputación, que es mucho mayor. Por ejemplo, Núria Marín (PSC), líder de la institución, recibiría como alcaldesa de L’Hospitalet 80.000 euros, pero renuncia a ello para lograr los 111.781 fijados para la presidencia. La actual vicepresidenta segunda Carmela Fortuny (Junts) cobra 100.137 euros brutos al año también por dedicación exclusiva. En Sant Cugat, donde fue elegida en 2019 como concejal y portavoz de Junts, habría ingresado como máximo 24.228 euros.

Un total de 13 diputados provinciales del PSC han renunciado a los sueldos de sus municipios. Cinco de Junts han hecho lo propio y otros tres han optado por la dedicación parcial. En conjunto, la Diputación dedica un total de 1,87 millones de euros para pagar estos salarios, algo a lo que habría que sumar las dietas por asistencia de los diputados autonómicos que se limitan a asistir a los plenos y sesiones informativas y no son miembros de la Comisión Ejecutiva o adjuntos a las áreas específicas.

Repetir coalición también da acceso a 26 cargos de cariz más técnico que asisten a las nueve áreas en la que se articula el Gobierno de la Diputación. Tres de esos departamentos están en manos de Junts y el resto de los socialistas pero el reparto de esos eventuales sí es casi equitativos (12-14). La factura por su retribuciones implica un gasto de 1,98 millones de euros. Allí trabajan, por ejemplo, la portavoz del PSC, Elia Tortolero (asesora en el Área de Desarrollo Económico) o Salvador Esteve (Junts). El exjefe de gabinete de Laura Borràs es desde el pasado mes de octubre asesor del Área de Cultura, un cargo en el que recaló después de la suspensión de su jefa en el Parlament. La media de los salarios aquí es de 76.182 euros brutos anuales.

Otra bolsa de asesores también permite dar apoyo a las siete bancadas con representación. Allí están, por ejemplo, los jefes de prensa o de gabinete. Tanto PSC como Junts también tienen derecho a esos recursos pero son independientes de estar en el Gobierno provincial. Los de Carles Puigdemont tienen nueve y los socialistas, 13. Actualmente suman 67 cargos en total y sus retribuciones anuales sumadas llegan a los 3,9 millones (una media de 58.620 euros).

Con todo, el número de cargos eventuales de la Diputación está por debajo del límite de lo que fija la ley para una institución pública de su tamaño (124). Sin embargo, en los últimos presupuestos y que por casi medio año tendrá que asumir el nuevo Ejecutivo, se han previsiones de que se llegue a ese tope en caso de una modificación del cartipacio y se ha aumentado en 8,7% la partida correspondiente para tener margen (239.000 euros adicionales).

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