La Fiscalía pide controlar con pulsera telemática al pederasta reincidente de Sant Vicenç de Castellet
La Audiencia de Barcelona no le ha impuesto aún la vigilancia que se fijó en la sentencia
La Fiscalía ha pedido controlar con una pulsera telemática al pederasta reincidente de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) Carles Sallés., quien el viernes pasado salió de prisión tras cumplir condena sin que la Audiencia le haya impuesto aún el programa de vigilancia que se le fijó en sentencia. Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la sección novena de la Audiencia de Barcelona ha convocado este jueves al pederasta a una vistilla para aprobar las medidas de control que se le deben fijar por la condena que se le impuso en 2016 por abusar de cuatro menores, que establecía 14 años de cárcel -con un máximo de siete y medio de cumplimiento efectivo- y otros siete de libertad vigilada.
La Fiscalía propuso ya el pasado 3 de octubre una serie de medidas para la libertad vigilada del condenado, que el pasado mes de agosto, cuando estaba en libertad condicional, fue detenido de nuevo por abusar presuntamente de varias niñas en la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) y según el Departamento de Justicia presenta un “riesgo elevado de reincidencia”. El juez de vigilancia dio el visto bueno a la petición de la Fiscalía, aunque las medidas de vigilancia deben ser autorizadas por la Audiencia de Barcelona, que no ha celebrado la vista para aprobarlas hasta este jueves, casi una semana después de que Carles S. saliera de prisión, y no tiene previsto resolverlas a lo largo del día de hoy.
Por su parte, el juez de Manresa (Barcelona) que lo investigaba por los presuntos abusos cometidos el pasado mes de agosto tampoco dictó prisión preventiva para él -como solicitaron las familias de las víctimas aunque no así la Fiscalía-, pese a que faltaban apenas tres meses para que fuera excarcelado definitivamente. En la comparecencia celebrada este jueves, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por las víctimas han pedido que se implante al condenado un sistema de control telemático -habitualmente suele ser una pulsera- para garantizar su “seguimiento permanente”, a lo que se ha opuesto su defensa.
Las acusaciones han planteado, además, otras medidas de control: obligación de comparecer cada 15 días ante el referente de la administración de justicia encargado de hacerle el seguimiento y prohibición de acudir a lugares o establecimientos frecuentados por menores de edad, como parques, piscinas públicas o recintos deportivos. También piden que se le obligue a seguir un programa específico de reeducación sobre violencia sexual y se le prohíba acercarse a Terrassao a Matadepera (Barcelona), donde viven las víctimas, o aproximarse a ellas incluso una vez transcurrido el tiempo que fijaba la sentencia.
Carles S. salió el pasado viernes de la cárcel de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) tras cumplir la pena de 14 años de cárcel -con un tiempo máximo de siete años y siete meses en prisión- que la Audiencia de Barcelona le impuso en 2016 por abusar sexualmente de cuatro menores en Terrassa (Barcelona). El pedófilo estaba en libertad condicional -a la que se puede acceder tras cumplir en prisión tres cuartas partes de la pena- cuando el pasado mes de agosto fue detenido acusado de abusar de nuevo de niñas en la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).
Tras la detención, el juez de Manresa avisó de la situación al juzgado de vigilancia penitenciaria, que le revocó la libertad condicional, y le fijó únicamente comparecencias periódicas en el juzgado. Tras su salida de prisión el pasado viernes, el Departamento de Justicia se puso en contacto con la Fiscalía de Barcelona, como órgano competente en estos casos, para advertirle de que Carles S. presenta un “riesgo elevado de reincidencia” e informándole de los detalles del caso. Además, informaron al ministerio público de que Carles S. pasará a vivir en lo que se conoce como “recurso residencial de la comunidad”, gracias a una entidad que lo acoge, según fuentes del Departamento de Justicia.
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