Los padres de una menor que se suicidó en Barcelona reúnen 225.000 firmas para proponer una ley contra el acoso escolar

Los padres de Kira, la víctima de acoso escolar de 15 años que se suicidó en mayo de 2021 en Barcelona, han publicado una carta dirigida al presidente, Pedro Sánchez, y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, reclamando una Ley Nacional contra el Acoso Escolar. A través de la plataforma change.org, la campaña No es cosa de niños ha recogido 225.000 firmas desde el 19 de mayo de 2022, un año después del suicidio de su hija. Su objetivo es entregar dichas firmas al Congreso de los Diputados el próximo 3 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.

El padre de la joven fallecida señala en el documento que su iniciativa simboliza “la preocupación de miles de familias por un problema social que tiene consecuencias devastadoras para los menores y que carece del soporte legal necesario” en “el país de Europa a la cabeza del acoso escolar y con el suicidio como principal causa de muerte infanto-juvenil”. Las propuestas normativas de la carta se agrupan en tres bloques: prevención, acción y reparación. Se incluyen medidas como la obligatoriedad de un plan de prevención contra el acoso escolar, ayuda psicológica personalizada a menores, el registro automático de todas las situaciones de conflicto o una Ley Nacional con consecuencias penales inmediatas por la inacción de centros y familias que no colaboren.

José Manuel López y María José López están en una causa penal contra el colegio Pare Manyanet de Sant Andreu, donde la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona están personados como acusación popular. Denunciaron que no se activó ningún protocolo ante el acoso de su hija, que también fue víctima de violencia por parte de adultos del centro. “Nuestra hija tuvo que morir para que las instituciones educativas pudieran comprobar la inacción e incluso maltrato por parte del centro pero, a pesar de las evidencias, los responsables del Manyanet siguen impunes a fecha de hoy”.

En un texto que acompaña a la carta, los progenitores aclaran que no desean “quitar competencias”, sino que los 17 protocolos antibullying existentes en cada comunidad autónoma se unifiquen bajo una ley que genere centros educativos “realmente seguros para los menores”. Señalan que la impunidad debe ser “el eje sobre el que se reconstruya un sistema que hoy por hoy carece de una ley que garantice la reparación moral, y si cabe material, de los menores ante cualquier tipo de violencia en un centro escolar”.

Los padres critican que puede mejorarse una de las medidas recientes del Gobierno central contra el acoso: la figura del coordinador de bienestar y protección. Indican que debería ser alguien “externo” al centro educativo que no tenga “conflicto de intereses”. En su caso, denuncian además que la persona que ocupaba el cargo de coordinador en Manyanet amenazó a su hija si contaba algo.

Casi uno de cada cuatro alumnos españoles de primaria y secundaria percibe que existe acoso escolar en su clase, según el último informe de la Fundación Anar y la Fundación Mutua Madrileña, que constata una tendencia a la baja en los últimos años.

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