Cataluña podrá multar a los grandes propietarios que toleren la ocupación de sus viviendas

El Gobierno catalán ha propuesto dos reformas legislativas para luchar contras las ocupaciones ilegales de inmuebles con carácter delictivo. La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, y la de Derechos Sociales, Violant Cervera, han detallado este miércoles que quieren dar “herramientas” a varios ayuntamientos que se declaran impotentes para luchar contra actividades que generan “alarma social” y degradan los barrios en viviendas ocupadas. A través de modificaciones en el Código Civil Catalán y la ley de vivienda, la Generalitat podrá obligar a los propietarios de estos inmuebles conflictivos, presumiblemente grandes tenedores, a enfrentarse a multas de hasta 90.000 euros si no reclaman a los tribunales un proceso de desalojo. También se les podrá obligar a ceder a la Administración estas viviendas para su uso social si no colaboran.

La nueva normativa pretende dar a los ayuntamientos un paraguas jurídico “sólido” para manejar este tipo de circunstancias, ha indicado Ciuró en rueda de prensa. Cuando un Ayuntamiento detecte que una finca ocupada ilegalmente produzca actividades que dañen la convivencia en la localidad, solicitará al propietario del inmueble que inicie la acción judicial de desocupación. Si en un mes dicho propietario no ha realizado esta acción ante un tribunal, tanto el Ayuntamiento como la comunidad de vecinos podrán iniciar el proceso de desalojo. La consejera Ciuró ha remarcado que, una vez se presente la denuncia, la decisión final será del juez, que deberá contar con pruebas aportadas por estas entidades locales que demuestren los delitos.

Las consejeras apuntan a que los grandes propietarios, como entidades financieras o fondos buitres, son los que “se desentienden” de estos conflictos cuando grupos criminales como las “mafias” ocupan una vivienda suya para actividades delictivas. También han señalado a la SAREB como “parte del problema”. Según ellas, muchos de los pisos conflictivos ocupados son propiedad de esta empresa que el Estado controla desde abril al poseer la mayoría de sus acciones. Cervera ha reclamado al Gobierno central el traspaso de los pisos vacíos de esta entidad, como ya hizo esta semana el consejero de Economía, Jaume Giró, para combatir la “emergencia habitacional”.

Respecto al calendario, Ciuró estima que el trámite finalice en varios meses. Después de que se presente la propuesta de modificación del Código Civil, el Govern tiene que aprobar un decreto-ley para que sea ratificado posteriormente en el Parlamento catalán. En paralelo, la Consejería de Derechos Sociales trabajará en la modificación de la ley de vivienda, que permitirá imponer multas entre 9.000 y 90.000 euros a los grandes tenedores que no reaccionen a los requerimientos por sus inmuebles ocupados con actividad delictiva.

La consejera de Justicia ha recordado que Cataluña acumula casi la mitad de las ocupaciones producidas en España (45%), de las cuales el 75% han sido en la demarcación de Barcelona. Los juzgados catalanes tienen 7.345 denuncias interpuestas por ocupaciones en 2021. Las políticas han subrayado que esta medida supone un “toque de atención” a los grandes tenedores y que “no habrá impunidad” ante estos problemas de convivencia.

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