Los comunes suben sus exigencias y piden influir en las grandes líneas para pactar las cuentas

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, cerró el curso político expresando su voluntad de negociar los Presupuestos de 2023 o bien con la CUP o bien con En Comú Podem por ser dos fuerzas, dijo, partidarias del derecho a decidir y del referéndum. El panorama se ha despejado rápido: los anticapitalistas ya se han distanciado de la petición del president si no dan a sus políticas un giro copernicano y todo apunta a que por tercera vez el Govern se verá abocado a tratar con los comunes. Tras pactar las cuentas de 2022, el partido de izquierdas quiere esta vez influir en las grandes partidas y en las líneas estratégicas de los presupuestos y no limitarse a poner un “retoque” en los mismos y a contrarreloj como dicen que sucedió el año pasado.

La formación de izquierdas trasladó la semana pasada su decisión al Ejecutivo y espera su respuesta. “Aunque ellos marquen las grandes líneas, queremos entrar en el debate inicial y no cuando ya esté todo decidido”, sostiene el diputado de En Comú Podem Joan Carles Gallego. “Lo de poder entrar en la cocina de los presupuestos es una metáfora pero no queremos poner solo los acentos”, afirma. “Si puedes entrar desde el principio es más fácil ver como se reparte el global de los recursos entre Departamentos”. Los comunes ya fijaron en la mitad de julio tres condiciones para entablar la negociación: que el grado de cumplimiento de las cuentas pactadas de 2022 fuera satisfactorio; intervenir en la estrategia y no ser una muleta final y que sean unas cuentas expansivas.

Miembros del Govern y de los comunes celebrarán en septiembre la tercera reunión para chequear la ejecución presupuestaria. Y allí se sabrá si el Ejecutivo acepta su planteamiento. No parece que Aragonès tenga muchas más alternativas tras el desmarque de la CUP y a su rechazo a recurrir al PSC pese a que este se ofrece forma insistente. De momento, los comunes apuntan que el cumplimiento de las cuentas de 2022 es desigual y más en unos departamentos que en otros pero en principio se inclinan, cuando falta aun un trimestre para acabar el año, por una valoración positiva. Gallego sostiene que se ha avanzado en movilidad (en la memoria del tren ligero en el Camp de Tarragona) o en política fiscal se están cumpliendo los plazos: quieren que en 2023 entre en vigor el impuesto a los grandes barcos y a final de año estar listo el proyecto que grava las actividades económicas contaminantes así como la memoria del impuesto a los alimentos ultraprocesados. No así, por ejemplo, en Sanidad donde están lejos del cumplimiento en salud bucodental. El impacto del acuerdo en las cuentas superó los 500 millones de euros.

El consejero Jaume Giró ya realizó en julio una ronda de primeros contactos con todos los grupos salvo con Vox. El Govern podrá jugar en 2023 con un margen del déficit del 0,3%, por debajo del 0,6% tolerado hace un año y por encima del 0,1% que había barajado inicialmente el Gobierno. Cataluña recibiría 3.000 millones más gracias al incremento de la financiación que recibirán las comunidades autónomas en 2023, anunciado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esa partida, más el aumento del déficit, permitirá al Govern, según los comunes, potenciar políticas sociales. “No queremos que sirvan sirvan para eliminar deuda”, afirma.

La cuestión es que el partido de Jéssica Albiach no quieren repetir escenas como las del año pasado cuando llegaron a un acuerdo al límite para retirar la enmienda a la totalidad. Fue justo cuando ERC anunció su abstención a los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. La gran duda es que 2023 es un año preelectoral y no sería necesario un intercambio de cromos. Es decir, Ada Colau podría optar por el recurso técnico de la prórroga presupuestaria. Gallego reconoce esa posibilidad pero subraya que tanto el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento necesitan presupuestos con una inflación disparada y la grave crisis climática y energética. “El contexto requiere políticas estratégicas para: poner las bases de modelo económico. Sería un buen servicio que los tres presupuestos fueran en la misma línea”, zanja.

La CUP se ha desmarcado en principio de cualquier negociación y niega ser el socio prioritario del Govern al recordar que ese papel lo encarnan los comunes como al PSC, con quien ha coincidido en la defensa de los grandes proyectos como los Juegos de Invierno o en parte en la ampliación del aeropuerto. El acuerdo de investidura parece ahora mismo papel mojado. La diputada Eulàlia Reguant pidió al Govern, en una entrevista a EFE, que para negociar debe aparcar la agenda de Foment, que “abandone macroproyectos que no llevan a ninguna parte” y “reproducen las políticas sociovergentes de los últimos cuarenta años”, que resuelva os desahucios o que se oponga a la “agenda del reencuentro” .

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