La masificación lleva a Cataluña a limitar el acceso a ríos y pozas

Primero fueron las montañas y ahora son las pozas (gorgs, en catalán) y los ríos. La masificación de estos espacios en verano ha llevado a que decenas de municipios catalanes estén planeando o ya apliquen planes de gestión para contener el acceso descontrolado a sus aguas. La competencia para cortar el acceso a caminos o implantar parkings de pago es de los consistorios, pero la Generalitat está trabajando para crear un plan común para unificar criterios y medidas en coordinación con la Diputación de Girona, así como desplegar un servicio de informadores en municipios de la provincia, la zona más masificada en estos espacios. El presupuesto de la Consejería de Acción Climática para la primera prueba piloto es de 383.000 euros.

La iniciativa la emprendió en 2021 la fundación sin ánimo de lucro Emys, que el pasado año inició una prueba para implantar medidas en zonas masificadas. Las medidas funcionaron, y desde entonces una quincena de ayuntamientos han pedido a la fundación asesoramiento y han aprobado planes de uso. Ivette Casadevall, portavoz de la fundación, explica que los consistorios interesados ahora se han elevado a una treintena y ve probable que muchos otros se vayan sumando en los próximos meses, también en la provincia de Tarragona. La Diputación de Girona hizo en 2019 un catálogo con las zonas más sensibles.

“No se puede prohibir a nadie bañarse, pero lo que sí pueden hacer los ayuntamientos es tomar medidas disuasorias para poner un tope a los espacios y mantener sus estados de conservación”, explica Casadevall. La portavoz ve necesario unificar los criterios y ampliar zonas porque desde que se han empezado a aplicar medidas en determinados lugares se ha observado cómo los visitantes se han trasladado a pueblos vecinos, sin restricciones, para buscar otras zonas. “No se está privatizando la naturaleza. Lo que estamos haciendo es gestionar. Tras la pandemia, parece que la gente ha vuelto a descubrir los ríos y ahora todo el mundo se acerca. Se creen que encontraran más soledad, más tranquilidad y un contacto más estrecho con la naturaleza, pero cuando llegan comprueban que no es así porque el lugar está lleno de gente”, enfatiza. Casadevall explica que otro de los proyectos futuros será hacer estudios ambientales sobre cómo afecta la presencia de personas en los lugares más visitados.

Fuentes del cuerpo de Agentes Rurales, cuerpo de vigilancia en el medio natural, coinciden en que tras el confinamiento por el coronavirus la gente se acercó más a estos espacios de agua, antes menos transitados. Y que también aumentaron las imprudencias: desde gente que hacían fuegos en espacios no autorizados hasta personas que nadaban en zonas peligrosas. También alarman sobre la pesca furtiva y la basura acumulada en las laderas de los ríos.

La Generalitat de Cataluña desplegó el pasado julio, en coordinación con la Diputación de Girona, un servicio de informadores ambientales en los municipios de Canet d’Adri, Santa Pau, Vidrà, Camprodon, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, la Vall d’en Bas i Sales de Llierca y el caudaloso río Ter con el objetivo de “sensibilizar a los visitantes y fomentar las buenas prácticas en estos espacios”. La consejera del Departamento de Acción Climática de la Generalitat, Teresa Jordà, defendió a principios de julio que el objetivo es promover un uso responsable y evitar aglomeraciones y conductas incívicas para garantizar también la seguridad de los visitantes”. Jordà cree además necesario crear un “marco legal para regular el uso público” de estos espacios.

El marco legal al que se refiere la consejera se asemeja al que ya se empezó a desplegar el pasado año para evitar la masificación en las montañas catalanas. La imagen viral en septiembre de 2020, después del levantamiento de restricciones, de decenas de excursionistas que guardaban cola para hacerse una foto en la cima más alta de Cataluña, la mítica Pica d’Estats (3.143 metros), forzó a que la Generalitat impulsara un plan común y consensuara con ayuntamientos de zonas montañosas medidas para cortar la masificación en los montes.

El Govern reforzó asimismo la presencia de los Mossos d’Esquadra y de los Agentes rurales. La medida que más se extendió, y al mismo tiempo causó más polémica, fue la de aplicar parkings de pago y cortar el acceso a carreteras especialmente transitadas. Un año después, la Generalitat presentó resultados en parajes especialmente sensibles como el Parc Natural del Alt Pirineu, en el que las cifras se habían reducido notablemente. En una conversación con este diario, su director, Marc Garriga, se mostró satisfecho con los resultados, aunque pidió extender más los controles a otros territorios y hacerlos perpetuos.

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