Los promotores del Hermitage de Barcelona reclaman 141 millones de euros al Ayuntamiento

Los promotores del Hermitage de Barcelona han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que piden al Ayuntamiento 141 millones de euros de indemnización por los daños y perjuicios causados por la “imposibilidad de implantar el museo”. “Como consecuencia”, sostienen, de la actuación del Consistorio para evitar la implantación de una franquicia del museo de San Petersburgo en terrenos del puerto de Barcelona, señala el escrito, presentado el pasado 21 de junio y al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Primero, por el retraso injustificado del Ayuntamiento en resolver la cuestión, y, finalmente, por la negativa a tramitar el convenio” con la Autoridad Portuaria que lo hacía posible.

En la reclamación, presentada al propio consistorio, Hermitage Barcelona (sociedad participada por Varia Hermitage Barcelona, filial de un fondo de inversión; y Cultural Development Barcelona, la sociedad que ideó el proyecto y tiene firmado un acuerdo con Hermitage), recuerda que las “actuaciones preparatorias” para implantar el museo se remontan a 2013. La presentación de la reclamación es un primer paso, preceptivo, a las buenas. Si el Ayuntamiento desestima la compensación, que es lo más probable, el siguiente paso es acudir a los tribunales. La resolución del conflicto se alargaría así varios años, no menos de cuatro.

Los promotores sitúan el acto que causa el daño indemnizable en el acuerdo tomado por el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau el 28 de mayo de 2021, por el cual se denegó “el inicio de la tramitación del convenio” que debían suscribir el consistorio y la Autoridad Portuaria para permitir la implantación del museo en la Nueva Bocana. La clave de todo el conflicto es que el Plan Especial de la Nueva Bocana, modificado en 2018 por el Ayuntamiento, fijaba que cualquier uso cultural al edificio central debía contar con el visto bueno del Ayuntamiento: su “conformidad expresa”.

“Es incuestionable que el Ayuntamiento es la Administración que ha realizado las actuaciones que han comportado la imposibilidad de hacer efectiva la concesión demanial e implantar el proyecto museístico promovido por la sociedad reclamante”, señala la reclamación. Habla de “actuación dilatoria” y de “su negativa a tramitar el convenio”. La sociedad pide 141 millones de euros (5,5 millones por los gastos y costes en que ha supuesto a la sociedad desarrollar el proyecto y 135,5 millones por el lucro cesante, el beneficio que se hubiera producido de haber salido adelante el proyecto). Entre los gastos figuran los derivados del acuerdo con el Museo Hermitage de San Petersburgo, la estructuración del acuerdo de financiación para realizar la inversión o el desarrollo del proyecto.

Los promotores entienden que la denegación de la tramitación del convenio es contraria a derecho porque el artículo del plan urbanístico que contempla el visto bueno del consistorio “es nulo de pleno de derecho si se interpreta, como hace el acuerdo municipal, que atribuye al consistorio la facultad discrecional de vetar proyectos concretos que el puerto proponga implantar en el edificio central”. Todo ello contra el criterio de la administración propietaria de los terrenos, el Puerto, y pese a que el proyecto se ajusta al planeamiento urbanístico aplicable.

El texto del escrito relata todo el culebrón de solicitudes, escritos, alegaciones y respuestas entre las dos administraciones y del Puerto y los promotores al Ayuntamiento. En enero de 2019 la Autoridad Portuaria se dirigió al Ayuntamiento para tramitar el convenio. Tres meses después, el consistorio, a través de su entonces gerente, Jordi Martí, respondió que estudiaría el proyecto “con detenimiento”, y pedía mayor concreción.

Mientras, reporta el escrito, el Puerto prosiguió con la tramitación. Otorgó una concesión a favor del Museo Hermitage Barcelona y sometió la solicitud de construcción y explotación al trámite de competencia de proyectos. No se presentó ningún proyecto alternativo, se sometió a información pública y hubo alegaciones, pero ninguna del Ayuntamiento, prosigue el relato. Finalizado el plazo, el Puerto escribió al Ayuntamiento expresando que sería necesario el convenio. Y pidió informes, que resultaron favorables, a las áreas de Movilidad y Urbanismo de la Generalitat.

“Hasta marzo de 2020, ocho meses después” la Autoridad Portuaria no tuvo respuesta del Ayuntamiento. Y fue que la implantación “no tiene un interés público suficiente que justifique su aceptación por parte de este ayuntamiento”, por lo que “correspondía denegar el inicio de la tramitación”. Promotores y puerto presentaron alegaciones a la denegación. Y cinco meses después el consistorio “no había adoptado ninguna resolución”. En clave interna, toda la oposición (salvo ERC) llevó a la Comisión de Urbanismo un acuerdo que, entre otros gestos de apoyo al proyecto, fijaba firmar el convenio. El PSC, socio de Colau en el Gobierno, se abstuvo.

El 26 de mayo de 2021 (“un año después de la presentación de las alegaciones al expediente municipal y más de dos años después de que la Autoridad Portuaria solicitara al Ayuntamiento la tramitación del convenio”), la autoridad acordó otorgar la concesión administrativa a los promotores para construir y explotar el museo, pendientes del convenio con el Ayuntamiento. Y dos días después, el 28 de mayo, la comisión de gobierno municipal desestimó las alegaciones y denegó tramitar el convenio.

El PSC, socio de los comunes en el ejecutivo, se abstuvo en la crucial votación argumentando que la negativa era una mala noticia para la ciudad y advirtiendo de posibles actuaciones judiciales de los promotores. El escrito de la reclamación también cuestiona que la decisión final la tomara la comisión de gobierno y no el plenario, tratándose “claramente de una decisión de planeamiento urbanístico”. Que la tomara el ejecutivo, “es determinante en sentido desfavorable a la implantación del Museo”, señala.

En julio del mismo 2021, los promotores interpusieron recurso de reposición que fue desestimado por la segunda teniente de alcalde, Janet Sanz, el 4 de enero de 2022. La denegación fue recurrida judicialmente ante el contencioso por Museo Hermitage Barcelona y la juez dio la razón al consistorio.

A la hora de evaluar los daños, el escrito apunta que “los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en cualquier bien o derecho, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. La reclamación apunta que la sociedad promotora se creó expresamente para impulsar el proyecto y que los gastos para obtener la concesión para la construcción y explotación “han devenido inútiles como consecuencia del acuerdo municipal”. El escrito apunta también que los promotores presentaron una memoria económica justificando la viabilidad del museo, un estudio en el que se basó la Autoridad Portuaria para acordar el otorgamiento de la concesión.

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