La jueza da luz verde a la eutanasia solicitada por un preso porque es un “derecho fundamental”

Marin Eugen Sabau, un preso preventivo que sufrió una lesión medular tras protagonizar un tiroteo en Tarragona en diciembre, podrá seguir adelante con la eutanasia. La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona, Sònia Zapater, ha decidido que no debe interrumpirse el proceso iniciado por el conocido como el pistolero de Tarragona, según un auto judicial al que ha accedido EL PAÍS. La acusación -que ejercen la Fiscalía y los heridos durante el incidente- habían pedido detener la eutanasia para que se haga justicia. Pero la jueza lo rechaza porque prevalece el “derecho fundamental” a la libertad y a decidir sobre la vida y la muerte y porque la Ley de la Eutanasia no prevé en ningún caso la intervención de los jueces. En paralelo, la magistrada ha accedido a la petición de Sabau de declarar como investigado. Lo hará el próximo lunes.

Sabau, de 46 años, permanece en prisión provisional desde el pasado diciembre por un tiroteo que dejó cuatro heridos. El hombre había trabajado como vigilante en Securitas y quería vengarse por el “infierno” al que, supuestamente, le habían sometido sus jefes. Anunció sus intenciones horas antes en diversos correos electrónicos: “Voy a ‘vacunar’ a los jefes de Securitas”, dijo. El 14 de diciembre, accedió a las oficinas de Tarragona disfrazado con una peluca, sacó un arma larga y, tras una breve charla, empezó a disparar. Fueron cinco minutos de horror que EL PAÍS reconstruyó con las imágenes de las cámaras de seguridad. Tres empleados resultaron heridos graves. Después se dio a la fuga en coche; perseguido, disparó a un mosso al que hirió en un brazo. Luego se atrincheró en una masía abandonada en Riudoms. Fue rodeado. Los agentes intentaron negociar con él en vano. Ya lo había advertido: “Si me acorrala la policía, la cosa acabará mal, no me van a pillar vivo. Me pegaré un tiro en la cabeza”. Disparó contra los agentes, que respondieron. Quedó en estado crítico.

El hospital penitenciario de Terrassa (Barcelona) ha acogido desde entonces al pistolero a la espera de juicio. Está investigado por tentativa de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. Sabau solicitó que se administrase la eutanasia. El 16 de junio, el director del hospital remitió un escrito al juzgado para informar de que se había accedido a la petición de iniciar el proceso al amparo de la Ley Orgánica aprobada el pasado marzo. Según dictaminó el equipo médico, el hombre “reúne en inicio los requisitos para someterse a dicho proceso”, señala el auto. Unos días más tarde, el abogado del mosso herido pidió que se paralizase el proceso porque había un proceso judicial en marcha y había que dar respuesta a las víctimas. La Fiscalía se adhirió a la petición, que ahora ha sido rechazada.

En una decisión sin precedentes, la jueza ha dictaminado que “no procede acordar el cese o la interrupción” del proceso iniciado por Sabau. Es decir, que la eutanasia debe seguir adelante. El argumento principal de un auto sin precedentes es, precisamente, que nada puede decir el juez sobre esta materia, porque la Ley de Eutanasia “no le atribuye competencia alguna para decidir acerca del proceso de eutanasia”. Esa decisión, según la normativa, corresponde a los médicos responsables y a la verificación llevada a cabo por la Comisión de Garantía y Evaluación. “No existe ninguna previsión legal que permita que un juez pueda interferir en un proceso que viene específicamente regulado en una ley orgánica en cuanto que afecta a derechos fundamentales”, subraya.

Un derecho fundamental

El texto afirma que ni la Fiscalía ni la acusación de los Mossos “exponen claramente cuál sería el amparo normativo a la decisión que solicitan”, es decir, interrumpir el proceso de eutanasia para que la causa penal contra Sabau siga adelante. Tampoco existe riesgo de fuga, dice la juez, porque queda neutralizado con su fallecimiento, con lo que decae el otro gran argumento de las acusaciones.

La jueza asegura que existe una colisión de derechos, pero no una “colisión de derechos fundamentales”, puesto que el derecho a la integridad física y moral, a la dignidad y a la libertad están por encima del derecho a la tutela judicial efectiva, que ampara, entre otros, a las víctimas. No son, insiste, derechos comparables. El derecho a decidir sobre la propia muerte “tiene priodidad por su proximidad al núcleo de la vida”. Y no puede hacerse distinciones “subjetivas” por la “trayectoria vital” que solicita la medida. En el caso de Sabau, concluye, se ha garantizado “el derecho de las víctimas a un juicio justo”, que “en modo alguno debe interpretarse como un derecho al castigo”.

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