Querellas para intimidar a los políticos

Una de las derivas indeseables de la llamada judicialización de la política es la proliferación de querellas contra políticos con fines intimidatorios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acumula más de una docena de demandas y el hecho de que se hayan archivado ya diez indica que la verdadera motivación de muchas de ellas no es la persecución de eventuales delitos o la reparación de una injusticia, sino erosionar la imagen pública de la alcaldesa y presionarla para que abandone las políticas que incordian a ciertos intereses particulares.

Los últimos episodios son paradigmáticos de las campañas que instrumentalizan la justicia con fines políticos. La alcaldesa fue demandada a finales de 2020 por Vauras Investment, un fondo buitre inmobiliario al que el Ayuntamiento había multado con 417.000 euros por negarse a ofrecer un alquiler social, como establecía la entonces vigente ley catalana de emergencia habitacional, a familias vulnerables que ocupaban los pisos del Bloc Llavors. Ni el fiscal ni la juez que atendieron la demanda observaron indicios de delito, pero el fondo recurrió y ahora la Audiencia de Barcelona obliga a reabrir la causa por posibles “coacciones y prevaricación administrativa”. Por supuesto los fondos buitre no están de acuerdo con las políticas que obligan a ofrecer un alquiler social como alternativa al desahucio. Pero esas políticas atienden a una realidad lacerante: en 2021 se ejecutaron en Barcelona 5.000 desahucios y en marzo pasado había 743 familias registradas en la mesa de emergencia, pendientes de que se les asigne una vivienda social.

A principios de marzo Ada Colau declaró también como imputada a raíz de una demanda de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que la acusa de dar “una lluvia de dinero público a entidades afines”, en concreto, de dar trato de favor a entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ingenieros sin Fronteras o el Observatorio Desc, algunas de las cuales ya recibían subvenciones de su antecesor Xavier Trias. La demandante es una misteriosa asociación sin otra actividad conocida que interferir judicialmente en los procesos de remunicipalización del agua en Barcelona y Valladolid, y cuya web está curiosamente alojada en el mismo servidor que la Fundación Agbar. Los hechos relatados coinciden con una demanda anterior presentada por una no menos misteriosa Asociación de Abogados por la Constitución, que la Fiscalía había desestimado en 2021 al no observar indicios de delito.

¿Por qué tanta insistencia? ¿A la búsqueda, quizás, de jueces y tribunales más colaboradores? Aunque las posibilidades de prosperar jurídicamente sean escasas o nulas, estas demandas cumplen otros propósitos. En primer lugar, obligar a los políticos a dedicar una parte de su esfuerzo y su atención a defenderse. En segundo lugar, son demandas preventivas, que buscan un efecto intimidatorio: hacer ver al político que se lo ha de pensar dos veces antes de multar a un fondo buitre o tocar los intereses de un gran operador, porque disponen de muchos recursos para hacerles la vida imposible. Y, por último, el desgaste de la imagen pública: hacer aumentar el rumor de la corriente para que alguien piense que cuando el rio suena, agua lleva.

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