La Fiscalía rechaza nuevas diligencias para evitar una “causa general” contra Colau por las subvenciones

La Fiscalía ha pedido echar el freno en la causa judicial abierta contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las presuntas irregularidades en las subvenciones a entidades afines. La asociación que promueve la acusación contra Colau había solicitado que el Ayuntamiento entregara “todos los convenios” firmados entre las entidades y el consistorio, así como la documentación de “todas las subvenciones” concedidas a lo largo de siete años, de 2014 a 2021. En un escrito, el fiscal anticorrupción Luis García Cantón ve “excesivo, innecesario y falto de criterio jurídico” que se deban aportar esas diligencias.

El fiscal recuerda que la causa judicial se centra en los hechos concretos expuestos por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) en su querella. Lo que no puede hacerse, dice, es pedir una “ingente” cantidad de documentación, sin ningún indicio previo, “con la esperanza, intuimos, de lograr poner en evidencia alguna irregularidad en alguno de los expedientes”. El escrito señala que el ordenamiento jurídico prohíbe las “causas generales”, basadas en “investigaciones a futuro”, que “se van ampliando de manera prácticamente indefinida a medida que las diligencias ya practicadas no dan el resultado que se había previsto”. No vale, insiste, una investigación “por si acaso”:

El pasado marzo, Colau declaró como investigada ante el juez que investiga supuestas anomalías en las ayudas que el Ayuntamiento concedió, a dedo, a entidades con las que Colau y su equipo de gobierno habían mantenido estrechos vínculos (ideológicos y profesionales) antes de llegar al poder en 2015: el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La alcaldesa negó haber ejercido influencia alguna a la hora de otorgar las ayudas.

Tras el paso de la alcaldesa por la Ciudad de la Justicia, el juez acordó citar a una interventora municipal, que ha declarado este martes como testigo y ha confirmado que Colau no promovió ninguno de los expedientes bajo sospecha, que fueron aprobados por la comisión de gobierno. La interventora de Servicios Sociales del consistorio ha avalado la legalidad e interés público de las ayudas, aunque ha señalado que, en 2019, recomendó que las ayudas se adjudicaran a través de los presupuestos municipales para reforzar su control político. Ha puntualizado, sin embargo, que se trataba de observaciones, no de reparos con suficiente entidad como para paralizar los expedientes.

Las ayudas tenían interés público y, dado el grado de especialización de los servicios que ofrecen esas entidades, estaba justificada que se otorgaran sin concurso público, según la testigo. La interventora ha añadido que otras entidades (como Cruz Roja o Cáritas) también reciben ayudas por el procedimiento de adjudicación directa.

La causa judicial contra Colau sigue abierta y habrá que ver cuáles son los próximos pasos que dará el juez instructor. La ATCD solicitó nuevas diligencias, como la entrega de la documentación que ahora rechaza la Fiscalía. El ministerio público ya archivó, en julio de 2021, una denuncia muy similar que en ese caso presentó la plataforma Abogados Catalanes por la Constitución por las mismas subvenciones.

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