El Parlament fija por ley el mecanismo de avales públicos para altos cargos encausados

El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles una ley que da cobertura al fondo complementario de riesgos de la Generalitat, el mecanismo mediante el cual se dieron avales a algunos altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas. El Govern había aprobado el pasado verano, mediante un decreto ley, destinar 10 millones de euros para hacer frente a fianzas por causas derivadas de la acción de los servidores públicos y que también servían para cubrir las exigidas por la supuesta malversación para promover internacionalmente el procés. En el trámite de convalidación se votó tramitarlo como ley. Más de medio año después, el texto ha salido adelante gracias a los votos del secesionismo y el apoyo de los comunes y el PSC. La votación prosperó con un amplio margen de apoyos, 110 votos favorables y 16 en contra.

En 2017, durante el momento más álgido del órdago independentista, varias aseguradoras decidieron rescindir pólizas de seguros de la Generalitat. Una de ellas era la que daba cobertura de riesgos para altos cargos de la Generalitat en caso de que en virtud de sus funciones tuvieran que asumir algún tipo de responsabilidad patrimonial. El diputado del PSC, Jordi Riba, ha defendido que su grupo permite la aprobación de la ley para dar seguridad a la labor de los servidores públicos ante la falta de un seguro comercial pero que en ningún momento avala ni “el discurso de la represión” del independentismo o el de una supuesta cobertura de nuevos intentos de “golpe de Estado” que argumentan Vox y Ciudadanos.

Desde estos dos partidos también se ha criticado que esta nueva ley sea creada ad hoc para atender a los 34 altos excargos a los que el Tribunal de Cuentas pide una fianza de 5,4 millones de euros. El ente fiscalizador rechazó en su día dar por buenos los avales, que finalmente fueron asumidos desde las arcas de Esquerra y con los bienes de exdirigentes como el expresident Artur Mas. El diputado naranja, Nacho Martín Blanco, ha asegurado que, como se aprobará, el texto garantiza la impunidad de los políticos, para que puedan hacer todo lo que les parezca oportuno desde su posición de preeminencia”. El consejero de Economía, Jaume Giró, afirma que el fondo posibilita que los empleados públicos puedan “trabajar sin miedo” y que la acción política se lleve a cabo “en libertad”.

La ley ha llegado al debate en el pleno con varias enmiendas vivas, del PSC y de Ciudadanos. Martín Blanco ha argumentado que la ley deja la pista libre para que se repitan “desafíos institucionales” como el del otoño de 2017, en referencia a la convocatoria de un referéndum ilegal sobre la independencia. Ciudadanos había presentado una enmienda a la totalidad, donde se recoge que la cobertura quede limitada a errores y equivocaciones que puedan cometer los funcionarios “en ejercicio de su cargo”. Vox cree que se abre paso un nuevo “golpe de Estado”.

Las recomendaciones de los socialistas, que no han salido adelante, iban en consonancia con lo propuesto por el Consejo de Garantías Estatutarias, que el año pasado dio su visto bueno a la ley. Ese dictamen positivo fue precisamente el que llevó al Gobierno central a no presentar un recurso contra el decreto ley que creó el fondo. El PSC quería que el momento de obligación de retorno del dinero facilitado al funcionario afectado fuera “la sentencia firme” y no que se agoten “todas las vías de impugnación judiciales internacionales”. El diputado de ERC, Juli Fernández, ha criticado que el PSC no tenga en cuenta la jurisdicción europea.

En Comú Podem las ha apoyado y su diputado, Joan Carles Gallego, ha apuntado que la norma es un mecanismo necesario para que los empleados públicos “puedan actuar con libertad y sin presiones externas”. Los comunes encuentran la medida oportuna para modernizar “el puzle de la administración pública”.