Caos en las facturas de los Bomberos de la Generalitat: “Cada año no se llega con el dinero”

Los teléfonos de cuatro cargos de los Bomberos de la Generalitat y de un empresario estuvieron intervenidos durante un mes por orden de la jueza que investiga las presuntas anomalías en los contratos de mantenimiento de la flota. Las conversaciones han servido para acreditar que hubo, según la magistrada, una “gestión del dinero público irregular y permanente en el tiempo”; una realidad que acabó siendo “aceptada” por los funcionarios y que está por ver que sea delictiva. Los pinchazos, sin embargo, no acreditaron la otra línea de investigación abierta: que esas irregularidades escondían el pago de una “compensación económica” de la empresa adjudicaria a los funcionarios. No hubo mordidas y tampoco hay indicios de que el nuevo proceso de adjudicación abierto por el Departamento de Interior haya sido objeto de “manipulaciones”.

El mantenimiento preventivo de los vehículos de Bomberos está externalizado desde 2002. La adjudicataria ha sido siempre la misma empresa, la sevillana Iturri, entre otras cosas porque muchas veces era la única que se presentaba a concurso. El problema es que, en los últimos años, el presupuesto para el mantenimiento se consumía mucho antes de diciembre, lo que obligaba a Interior a hacer reconocimientos de deuda con Iturri con tal de que ésta siguiera revisando los vehículos.

La situación se volvió insostenible en 2021: en marzo se había gastado ya el 71% del presupuesto. Interior abrió una información reservada. Miquel Sàmper, entonces consejero, envió el expediente a la fiscalía. El ministerio público investigó los hechos y presentó una denuncia ante el juzgado, que es el que ahora ha citado a declarar como investigados a siete mandos de los Bomberos; entre ellos, el exdirector general de Incendios y Salvamento de la Generalitat, Manel Pardo, y su sucesor, Joan Delort.

La jueza concedió una intervención telefónica de un mes a los Mossos para investigar los hechos que han servido para “corroborar las irregularidades”. En una conversación, uno de los investigados admite que la práctica de acumular deuda con Iturri se produce desde hace “12 o 14 años” y que comporta “alteraciones en los albaranes”. Llega a decir, según el auto judicial, que los desajustes son de tal calibre que el control lo tiene de hecho la empresa y hay que confiar en las facturas que presenta. “La cosa quizás está mal hecha”, afirma.

“Cada año no se llega con el dinero”, admite otro mando investigado que indica que un compañero “levantó la liebre” al negarse a autorizar una reparación sabiendo que se había agotado el presupuesto. Un tercer cargo de Bomberos afirma que se facturan servicios “realizados meses antes”, pero replica que son los funcionarios los que “han tenido el control sobre lo que tenía que facturar o no”.

De las conversaciones telefónicas no se desprende ningún indicio sobre el pago de comisiones. La jueza andaba tras esa pista porque el exdirector Pardo, al dar explicaciones a una letrada de Interior sobre las irregularidades en los contratos, había hecho mención a un “2%”. Ese porcentaje, según fuentes de la defensa, tiene que ver con gastos de gestión del contrato, pero la letrada —que declarará como testigo ante la jueza— interpretó que podía ser un indicio de delito.